La decena trágica por Alejandro Encinas

La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.

Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.

No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.

Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes. La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.

Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.

Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.

La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.

La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.

En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Coordinador de los diputados federales del PRD

Contra el silenciamiento Alberto Aziz Nassif

EL UNIVERSAL MARTES 31 DE AGOSTO 2010

Los postulados y conclusiones sobre el estado que guardan en México la libertad de expresión, las muertes y amenazas a periodistas, las instituciones que regulan a los medios y el acceso a la información, ya son conocidos, pero cuando se sintetiza en un documento completo se obtiene un resultado muy preocupante. Eso es lo que hicieron Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, en una visita reciente de 16 días a nuestro país.

Frecuentemente se escuchan expresiones que señalan a México como una democracia vulnerada o un Estado fallido, y después de ver el trabajo de estos dos relatores podemos agregar que esas tesis tienen sustento porque nuestras libertades están amenazadas. El balance nos muestra que, a pesar de las reglas constitucionales, los avances en leyes sobre la transparencia y la creación institucional, los resultados son precarios y las amenazas crecientes. El informe de los relatores presenta esa cara de la violencia que asesina a periodistas, intimida, sanciona la libertad de expresión. A esta situación grave se añade el carácter monopólico de los medios, las debilidades de la regulación pública, tanto en la letra como en la práctica; la imposibilidad de tener medios alternativos, los excesos de la publicidad política y gubernamental, y las restricciones en el acceso a la información pública.

La tesis de que una democracia necesita de un Estado que sea el garante de los derechos ciudadanos y de las libertades, resulta violentada de forma brutal en México, como lo señalan los relatores de Naciones Unidas. La violencia insoportable que nos amenaza todos los días y debilita nuestra condición ciudadana, tiene consecuencias: hoy ejercer el periodismo puede llevar a perder la vida. Así, mientras el país rueda cuesta abajo, la clase política se descalifica, los priístas le dicen “inepto” al Presidente y a su gobierno, y los panistas califican a sus opositores del tricolor de “oposición retrógrada”.

Cada diagnóstico que se hace, muestra con claridad los problemas, pero también las propuestas de salida y las recomendaciones, como en este caso. Al mismo tiempo, de forma sistemática se ve la ineptitud de los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son oposición, una distinción que ya resulta un poco artificial porque en los tres grandes partidos se ejerce el gobierno. Los problemas apuntan en la misma dirección: corrupción, delincuencia organizada, impunidad, ineficiencia en los instrumentos y debilidad en las estrategias para enfrentar en serio estas amenazas. Poco a poco el crimen organizado gana batallas, asesina y silencia periodistas, amenaza medios locales y nacionales y con ello impone un clima de autocensura. Mientras tanto, crece la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, a tal grado, que los relatores calificaron a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”. Y seguramente será también el más peligroso para los migrantes centroamericanos.

Existe una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, pero, como dice el dicho, si quieres que algo no se solucione en el país, crea una fiscalía especial. Se fabrican espacios institucionales donde no hay voluntad política, ni autonomía, ni recursos y menos competencias adecuadas, como sucede con esta fiscalía.

De las múltiples recomendaciones que hacen Botero y La Rue, se desprende una agenda de pendientes, que no es nueva, pero que cada vez se vuelve más urgente de atender: desde detener la violencia que ya produjo, en los últimos 10 años, el asesinato de 64 periodistas y la desaparición de otros 11, combatir la enorme impunidad que rodea a estos crímenes, pasando por una reforma que regule el espectro radioeléctrico y cumpla con la sentencia de la SCJN de junio del 2007; romper con el carácter monopólico de los medios y darle autonomía al órgano regulador, que cada vez está más controlado por el gobierno, hasta construir alternativas para la defensa y protección de la libertad de expresión, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la autonomía de la Fiscalía Especial.

Las miradas externas y las visiones internacionales de cómo está la libertad de expresión son muy útiles. Pero seguir apelando a la clase política es inútil, por eso las iniciativas necesitan salir de la misma sociedad y de los medios, porque los políticos sólo piensan en ganar el 2012 para seguir con más de lo mismo.

Investigador del CIESAS

La libertad de expresión y el clero

Lorenzo Cordova Vianello en EL UNIVERSAL 25 DE AGOSTO 2010

Las inaceptables declaraciones del cardenal Sandoval Íñiguez ante la resolución de la SCJN que declaró constitucionales los matrimonios entre personas de un mismo sexo y el consecuente derecho de adopción, así como las afirmaciones de Hugo Valdemar, vocero de la Aquidiócesis de México, en el sentido de que el PRD es el principal enemigo de la Iglesia católica, de una “sociedad con valores” y que “ha hecho más daño que el narco”, han vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre los límites a la libertad de expresión y el papel del clero en la vida política.

Ante todo debemos recordar que en las democracias constitucionales no hay libertades absolutas. Por definición, la convivencia pacífica que subyace a las democracias implica que, en el ejercicio de su libertad, una persona encuentra un límite natural a la misma en las libertades y derechos de los demás individuos; ello constituye la premisa primera de una coexistencia democrática.

La falta de límites al ejercicio de las libertades caracteriza al estado de naturaleza, mismo que se define por la falta de reglas mínimas de convivencia entre individuos y, por ende, en la confrontación real o potencial que el abuso del derecho de algún individuo supone frente a quien se ve lesionado o agredido por ese abuso.

Lo anterior implica que para que la paz social sin la cual, se insiste, una democracia es impensable, todas las libertades tienen límites intrínsecos que suponen una frontera de licitud en su ejercicio. Se trata de límites que suponen el ejercicio responsable de las libertades.

La libertad de expresión, cuya protección y garantía es condición sine qua non en todo régimen democrático que se precie de ser considerado tal, no es la excepción. El mismo artículo sexto constitucional en donde se reconoce y protege el derecho a la libre expresión de las ideas establece en el “ataque a la moral”, “los derechos de tercero”, “el provocar algún delito” y en la “perturbación del orden público”, límites naturales, consustanciales a ese derecho. Se trata de fronteras de ejercicio que acompañan a la libertad de expresión en toda circunstancia.

En ese sentido, uno no puede ir por la vida acusando a otros de la comisión de algún delito, por ejemplo, sin presentar pruebas o sin interponer la denuncia correspondiente. Sandoval Íñiguez no puede pretender, aunque su moral y sus convicciones personales —y por ende privadas— se vean afectadas por la reciente decisión de la SCJN, acusar de corrupción a varios servidores públicos sin que a ello recaigan consecuencias jurídicas. Y no puede, simplemente, porque eso implica la afectación de derechos de terceros. Ni más ni menos.

Pero además, el ejercicio de las libertades, en general, y de la libertad de expresión, en particular, tiene otros tipos de limitaciones legítimas en su ejercicio. Se trata de límites extrínsecos que dependen del contexto en el cual dichas libertades son ejercidas. Ello ocurre, por ejemplo, en el ámbito político-electoral, en donde la libertad de expresión se ve sometida a una serie de restricciones adicionales a las que les son propias, y que resultan del respeto a las reglas y de los principios fundamentales del régimen democrático. La misma SCJN así lo ha reconocido en su jurisprudencia (tesis 2/2004), al sostener que el ejercicio de los derechos fundamentales debe correlacionarse con los postulados que regulan la vida democrática, de donde se desprende la licitud de ciertas restricciones adicionales a las intrínsecas al derecho, siempre y cuando no lleguen a desnaturalizarlo.

Eso justifica que la prohibición que el artículo 130 establece en el sentido de que los ministros de culto no pueden ser votados, ni asociarse políticamente, ni realizar proselitismo en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Esa restricción adicional, que se traduce en el caso específico de la libertad de expresión en la imposibilidad de hablar a favor o en contra de algún partido político, precisamente lo que irresponsablemente hizo Hugo Valdemar, se desprende de la posición de privilegio y la capacidad de influencia que el ministerio les proporciona a los sacerdotes sobre sus fieles.

Lo que la Constitución procura es evitar la injerencia de los pastores de almas, los poseedores de la verdad religiosa frente a sus fieles, en materia política. Si eso no les gusta, la solución es muy sencilla: abandonen el hábito y ejerzan a plenitud sus derechos políticos.

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia.

La alternancia: Diez años después 1. Ni mejores, ni peores

MARIA AMPARO CASAR REVISTA NEXOS AGOSTO 2010

Resulta una mala lectura —y habla de la cultura presidencialista que nos persigue— decir que el 2 de julio de hace 10 años se dio fin a 70 años de “autoritarismo” priista o que México por fin transitó a la democracia. La apertura democrática comenzó mucho antes y poco a poco fue avanzando. El autoritarismo priista también llegó a su fin mucho antes. De otra manera no hubiese habido alternancia dentro de la institucionalidad vigente.

Transición y alternancia son fenómenos distintos. La transición es un proceso que transforma a un régimen en una o varias de sus dimensiones estructurales. Por ejemplo en su forma de gobierno o en su sistema electoral y de partidos. En contraste la alternancia es, simple y llanamente, el cambio de partido en el poder.

Los resultados de la transición y los de la alternancia deben tratarse por separado. La transición tuvo como consecuencia tres logros perfectamente identificables y que guardan una relación causal entre sí: el establecimiento de un marco institucional que permitió elecciones equitativas, el tránsito de un sistema de partido hegemónico a uno plural y la vigencia del sistema de división de poderes y pesos y contrapesos que caracterizan al sistema presidencial.

Los límites al poder presidencial comenzaron cuando el titular del Ejecutivo fue despojado de sus facultades para controlar la arena electoral y decidir quién ocuparía los cargos de elección popular, cuando para aprobar una ley dejó de ser suficiente que él girara instrucciones a sus legisladores, cuando se le acabó la fiesta de remover a los gobernadores incómodos, cuando se materializó la idea de que una acción de gobierno podía ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, cuando el Banco de México dejó de recibir órdenes desde Los Pinos, cuando tuvo que pensar dos veces una acción de gobierno ante el temor de recibir una recomendación de la CNDH.
Todo esto pasó antes de la alternancia. Fox y Calderón estuvieron un poco más acotados que Zedillo como consecuencia de la distribución del poder político pero no mucho más.

La pregunta es entonces qué ha ocurrido no en los 30 años que llevamos en ese proceso que llamamos transición a la democracia sino en los 10 años de alternancia y la respuesta es algo decepcionante. Poco ha sucedido en términos de cambios en la estructura de poder, menos aún en las prácticas políticas.

En realidad los gobiernos de la alternancia no han sido ni mucho mejores ni tampoco mucho peores que los anteriores. Han sido, eso sí, decepcionantes porque las expectativas generadas por la alternancia fueron desproporcionadas. Después de 70 años de un mismo partido en el poder se nos metió en la cabeza que el mero cambio de partido en la presidencia llevaría a la transformación radical del país en todos los órdenes. La decepción con la alternancia ha sido de la misma magnitud de las expectativas que ella generó. Se creyó que los males asociados al régimen priista —corrupción, impunidad, privilegios, uso patrimonial de los cargos públicos, corporativismo y clientelismo— desaparecerían. Lo que sucedió es que se amplió el padrón de beneficiarios de esos males; que los bienes que esos males acarreaban dejaron de concentrarse en un solo partido y se repartieron entre tres.

Lo mismo ha ocurrido con las alternancias en los estados. Desde 1989 se registra alternancia en el poder en 19 de las 32 entidades federativas. Lo que no se registran son cambios importantes ni en la políticas públicas impulsadas que pudieran traducirse en el mejoramiento de los índices de pobreza, de marginación, de cobertura y calidad de los servicios públicos, ni tampoco en los índices de buen gobierno: eficiencia gubernamental, capacidades institucionales, transparencia y legalidad.

La democracia mexicana ha avanzado poco desde el año 2000. Son más las instituciones y prácticas que lograron permanecer inalteradas que las que lograron romperse. Hay desde luego avances. Ahí está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del sexenio pasado o las Acciones Colectivas de éste. Pero no mucho más. Reformas como la de Seguridad y Justicia aún esperan su traducción en leyes e instituciones que las vuelvan operables. Entonces se podrán evaluar.

En realidad, hay signos preocupantes. Si de indicadores políticos se trata, los resultados de 2000 a la fecha no son de presumir. La satisfacción con la democracia ha descendido de 41% a 28% y el apoyo a este sistema de gobierno ha bajado de 54% a 42%; 65% piensa que las elecciones no son limpias; el 68% expresa que las leyes benefician a unos pocos, las instituciones peor valoradas son los partidos y los legisladores, al 72% de la población la policía le inspira poca o ninguna confianza; ni la percepción ni los índices de corrupción han disminuido y la percepción mayoritaria de los ciudadanos es que el poder se ejerce para unos cuantos y en beneficio de los intereses de aquellos que detentan algún cargo público.

Si pasamos a las prácticas políticas tampoco se aprecian grandes transformaciones. Los partidos y gobernantes —independientemente de su filiación política— se aplican en capturar los órganos autónomos o en repartirse su integración vía cuotas, en dejar impunes las violaciones a las leyes establecidas, en mantener privilegios monopólicos, fiscales, sindicales, burocráticos y comerciales, en utilizar políticamente los programas sociales, en el tráfico de influencias, en el ocultamiento de la cuenta pública.
Tres grandes pendientes o tres estructuras ha dejado intocadas la transición y poco empeño han puesto en ellos los gobiernos de la alternancia: la estructura federal que revela la persistencia de sistemas políticos estatales operando más acorde con el viejo presidencialismo que con la división de poderes y de pesos y contrapesos del orden federal; la estructura de justicia con su secuela de privilegios y excepciones y de corrupción e impunidad generalizada; y la estructura de poder real con su correlato de poderes que sin representación alguna definen por la vía de los hechos las políticas públicas.

Sin embargo, y en descargo de la alternancia, puede decirse que lo cierto es que en un sistema que ha garantizado condiciones equitativas en el acceso al poder y que hoy registra una amplia pluralidad en el reparto de los cargos de representación popular, la responsabilidad por los buenos o malos resultados en materia política no es responsabilidad exclusiva del partido en el gobierno aunque sea éste el que pague los costos mayores. El problema seguirá vigente con o sin el PAN en el poder mientras que las fuerzas políticas no internalicen que la ecuación de la democracia tiene dos lados. Mientras no comprendan que la democracia conlleva y exige no sólo la representación plural sino la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad, no sólo la autonomía de los estados sino su responsabilidad, no sólo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno sino su colaboración, no sólo el establecimiento de nuevas reglas de la competencia sino la disposición a respetarlas, no sólo la creación de órganos autónomos sino el compromiso de no capturarlos y acogerse a sus decisiones; no sólo el cambio de normas sino su aplicación sin excepciones, no sólo la ampliación de derechos sino la creación de condiciones para su ejercicio. Pusimos en práctica las primeras pero no las segundas.

María Amparo Casar. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.

ALBERTO AZIZ NASSIF CRISIS DE SEGURIDAD Y POLARIZACION

EL UNIVERSAL 24 de agosto de 2010

Hoy, cuando el miedo y el desasosiego rondan por todos los rincones del país, comprobamos cotidianamente que México ha perdido un bien fundamental, la seguridad. Al mismo tiempo, vemos a un gobierno que obsesivamente repite que seguirá con más de lo mismo hasta el final del sexenio, y escuchamos a una oposición que, de forma repetida, señala los errores del gobierno, pero en ninguna de las dos partes existe la voluntad de sentarse en una mesa a ver por el país, más allá de la demagogia acostumbrada y los cálculos electorales, que se han vuelto el principio y el fin de la política en el país.

¿Por qué se ha estructurado así la política de este país? Hay en la historia nacional, múltiples registros de una polarización entre las fuerzas gubernamentales y la oposición, que han generado rupturas sistemáticas a través de los diferentes tipos de régimen político. Ante los conflictos, la mayor parte de las veces no se llega a soluciones por consenso, no se logran acuerdos y pactos, sino que predominan los enfrentamientos, la polarización, la radicalización y la exacerbación de las posiciones.

Una breve mirada histórica nos muestra que incluso en los momentos en que se promulgaba la Constitución de 1917, la violencia y la polarización eran el clima dominante. La centralización del poder presidencial y un pacto social más incluyente durante el cardenismo, dejaron fuera o restringieron los derechos políticos y sociales. A partir de los años cuarenta se agudizaron los mecanismos de control social para apuntalar un modelo de desarrollo y se aprovecharon las estructuras corporativas existentes, que operaron como mecanismos de contención social. Con sangre se impuso la regla de que el líder o la organización que quisiera autonomía, democracia o un simple cambio de interlocución con el gobierno era condenado, combatido, reprimido, porque el gobierno no permitía la disidencia, y para cualquier disidencia era inimaginable sentarse a una mesa de negociación, porque eso representaba claudicar.

Con el paso de los años, el modelo entró en crisis y se empezaron a dar espacios que liberalizaron poco a poco la presencia de las oposiciones, tanto de la derecha, como de la izquierda, cobraron fuerza y apoyo ciudadano. Pero quedan en la memoria las represiones campesinas, obreras, estudiantiles, indígenas y, más tarde, las expresiones guerrilleras; todas pueden ser vistas desde el eje de la polarización. Así llegamos al momento de abrir el sistema o llegar a la fractura social, y en 1977 una reforma electoral inicia lo que hoy conocemos como un régimen político con democracia electoral. Al paso de los años, no dejó de haber fracturas, asesinatos políticos, ajustes, fraudes, avances y retrocesos; en las últimas décadas hubo momentos en donde las disidencias y las oposiciones se sentaron en la mesa de negociación con el gobierno para impulsar reformas y propiciar una transición democrática, que hoy muchos consideran fallida.

Uno de los momentos de ese recorrido fue el pacto para la reforma electoral de 1996, que posibilitó las alternancias, oxigenó el escenario y creó el efecto de un acceso democrático al poder; las expectativas iniciales así lo confirmaron en 1997, 2000 y 2003. Pero llegamos al 2006 y regresó la polarización entre disidencia y gobierno, además de que los impulsos democratizadores del régimen no pasaron la siguiente fase, la de un pacto para transformar las instituciones y acordar las reformas, tanto las del método democrático como las sustantivas de un proyecto nacional.

Estamos con una democracia vulnerada y no se puede avanzar hacia un pacto que recupere el bienestar, la seguridad, que combata en serio la corrupción, y establezca un sistema de legalidad satisfactorio para disminuir la terrible impunidad en la que estamos atrapados. Hoy la polarización se ha instalado en torno a una fallida estrategia en contra del narco y del crimen organizado que ha dinamitado la seguridad y amenaza con derrumbar al Estado. Además de la penetración del crimen, hay una captura del Estado por intereses mediáticos, empresariales, sindicales y partidistas. ¿Cómo reconstruir al Estado y detener la destrucción de una violencia que arrasa la vida de múltiples ciudades y que tiene a los ciudadanos ante una completa indefensión, con una autoridad rebasada y capturada? Mientras tanto, la clase política juguetea y se da el lujo de mirarse al ombligo, porque no le conviene entender la gravedad en la que estamos. ¿Cómo vamos a llegar así al 2012, que será otro momento de polarización?, ¿Es viable una sucesión presidencial en medio de tanta violencia y con una inseguridad creciente?

Investigador del CIESAS

Oaxaca: volver al pasado

María Amparo Casar México, D.F. 15 de junio de 2010 (Reforma).- México es un país de diversidades y contrastes. Coexisten empresas de clase mundial con empresas terriblemente improductivas; complejos agroindustriales con productores de autoconsumo; polos de desarrollo acelerado y zonas muy deprimidas; los hombres más ricos del mundo y los más miserables. Oaxaca es uno de los estados más atrasados y concentra una de las poblaciones más pobres. Ocupa el sitio 31 en el índice de desarrollo humano y en PIB per cápita; es el tercer estado con más pobreza (el 38% de su población vive en pobreza alimentaria); tiene el segundo peor promedio de escolaridad, ocupa el último lugar en el resultado PISA y el último en porcentaje de su fuerza laboral con educación superior; es la entidad federativa que menos recauda con respecto a sus ingresos totales y el último en los índices de competitividad de IMCO y a-regional. Lo mismo ocurre en la política. No tenemos índices de democracia estatal tan conocidos y precisos como los económicos pero a la luz de lo que se ha visto durante los últimos dos gobiernos estatales, Oaxaca parece refractario a todo avance democrático. Es una de esas islas intocadas por la democracia a pesar de que ya hace seis años la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura. Prácticamente todos los conceptos que hace 20 años usábamos para caracterizar al sistema político mexicano siguen vigentes si nuestro universo de estudio es Oaxaca: sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de estado. Hace años se acuñó el concepto de elección de estado para calificar las elecciones en México, las federales y las estatales. El concepto cayó en desuso en el nivel federal porque los instrumentos que la hacían posible desaparecieron y en su lugar surgieron instituciones que la hacían impracticable: autoridades electorales independientes y autónomas, medios de comunicación plurales, control sobre los gastos de campaña, una distribución del poder político que ejercía contrapesos al partido en el poder, vigilancia y fiscalización sobre el gasto gubernamental, restricción a la actuación político-electoral de los funcionarios. Todos estos candados creados por la democracia mexicana no operan en el caso de Oaxaca. Los excesos del gobernador no tienen límite. El trípode estado-partido-gobierno que definió al sistema político mexicano sigue en pie en el estado de Oaxaca. La maquinaria del gobierno del estado puesta al servicio del proceso electoral con dos objetivos principales: ganar las elecciones y comprar impunidad. Vaya como botón de muestra el llamado programa de Unidades Móviles para el Desarrollo concebido como programa de gobierno y utilizado como brazo operativo de la estrategia electoral del gobernador. Un programa financiado con recursos estatales que proporciona lo mismo despensas que servicios de registro civil, atención médica que asesoría en asuntos agrarios. Un programa que desde que comenzaron las campañas se ocupa de tareas de difusión, propaganda y promoción del candidato oficial. Pero la inequidad electoral no se reduce a la utilización ilegal de recursos públicos. Para apuntalarla está la captura de las instituciones electorales y de los tribunales, el control sobre el órgano de transparencia y sobre la auditoría estatal, el carro completo que dejaron las elecciones del 2007, el control del sistema estatal de radio y televisión. También la compra del voto, la extorsión a los candidatos de oposición, la contratación a modo de la empresa encargada de imprimir boletas, la intentona de imponer a funcionarios de casilla sin previa insaculación, el decomiso de periódicos adversos al candidato oficial, la prohibición de observadores internacionales o la exigencia a las casas encuestadoras para que entreguen sus estados financieros. Con todo y para fortuna de la democracia, Oaxaca sigue siendo un territorio en disputa. La mayor parte de las encuestas sitúan a Gabino Cué empatado o con una ligera ventaja sobre el candidato del gobierno. Ahora que, de ganar, tendrá el reto de hacer gobernable un estado que no lo es; la responsabilidad de demostrar que valió la pena que el electorado oaxaqueño se sobrepusiera al miedo a votar por la alternancia, a superar el abstencionismo del 60%. Tendrá encima el compromiso adquirido de desterrar durante su gobierno las prácticas que han hecho del autoritarismo oaxaqueño una de las vergüenzas nacionales. Lo digo porque, a decir verdad, los partidos de oposición no han destacado por ejercer el poder de manera sustancialmente distinta a sus colegas del PRI.

Pueblo, clientela y ciudadanía. Leo Zuckermann

Pueblo, clientela y ciudadanía

Leo Zuckermann

Pueblo
El concepto de “pueblo” es muy socorrido en la retórica política. Hace poco el presidente Felipe Calderón dijo: “nuestro único patrón, el único a quien servimos es el pueblo de México”. El ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, siempre insiste que él está “del lado del pueblo, no de las mafias”. Y en otra declaración reciente el senador priista Manlio Fabio Beltrones afirmó que el incremento a los precios de las gasolinas era “a costa de empobrecer más al pueblo”.

Cada vez que escucho este tipo de discursos me pregunto: ¿De quién están hablando los políticos? ¿Quién es el pueblo? ¿Es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, parte del pueblo mexicano? ¿Sólo los pobres son pueblo? Y los que tenemos más dinero, ¿no somos pueblo? ¿Dónde comienza y dónde termina el pueblo?

El Diccionario de la Real Academia Española da cinco acepciones del vocablo “pueblo”: 1. Ciudad o villa. 2. Población de menor categoría. 3. Conjunto de personas de un lugar, región o país. 4. Gente común y humilde de una población. 5. País con gobierno independiente. Entonces, cuando los políticos hablan del “pueblo”, ¿a cuál de todas las definiciones se refieren?

Supongo que, en la mayoría de los casos, la utilizan en su cuarta acepción, es decir, la gente más pobre del país. En inglés una de las definiciones de la palabra “people” es similar a la del idioma español: “gente común” o “plebeya”. Se trata de un significado que viene del sistema aristocrático-feudal donde cualquier persona que no fuera noble, militar o eclesiástica, y que por tanto no gozaba ni de fuero ni de privilegios, pertenecía a la clase social más baja que era la plebe.

Desde luego que discursivamente suena mejor “pueblo” que “plebe”. (No me imagino, por ejemplo, al presidente Calderón diciendo que su único patrón es la plebe.) Por tanto, me parece que los políticos seguirán usando el concepto de “pueblo”, así de general, pero refiriéndose al segmento de menos recursos económicos de la sociedad.1

Salvo, quizá, López Obrador quien se autodefine como un político a favor de los “pobres” en contra de los “ricos”, lo cual entraña un problema interesante. Hace algunos años participé en un estudio para medir la efectividad de ciertos conceptos en discursos políticos. En grupos de enfoque probamos, por ejemplo, qué pensaba la gente con un político que se ponía del lado de los “pobres”. Para nuestra sorpresa, a la gente de menos recursos económicos le disgustaba autoidentificarse como “pobre” o de “clase baja”. Su razonamiento era interesante: como conocían a alguien más pobre que ellos, en comparación se consideraban de “clase media”.

Desde luego que había mucho de aspiracional en esta percepción. A los pobres, aunque objetivamente lo sean, no les gusta sentirse así y prefieren autoidentificarse como de una clase social más alta. Es por ello, creo, que el discurso político a favor de los pobres tiene un límite, lo cual se vio reflejado en los resultados de la elección presidencial de 2006. En un país donde alrededor de la mitad de la población vive en pobreza o en miseria, uno hubiera esperado un mejor resultado del candidato que abiertamente defendía a los pobres. Sin embargo, López Obrador sólo obtuvo un 35% de los votos.
Pero, más allá de la efectividad discursiva del “pueblo” como sinónimo de la clase más pobre del país, hay una pregunta de fondo, muy relevante, para todo país democrático: ¿Qué somos las personas que conformamos este cuerpo político llamado México? ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Cómo pueblo o como ciudadanía?

Yo no tengo dudas: como ciudadanía.

Ciudadanía
En el idioma español “pueblo” no es sinónimo de “ciudadanía”. Sí lo es en inglés, donde una de las definiciones del vocablo “people” es “citizenry”, es decir, “el conjunto de ciudadanos de un Estado o país”. No es gratuito que este idioma sí haya desarrollado esta definición. Y es que, como brillantemente demuestra el ensayo de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, publicado en 1950, fue en Inglaterra donde históricamente se desarrolló con más claridad el concepto de ciudadanía.
Marshall argumenta que la ciudadanía tiene tres elementos inherentes: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Y así, en ese orden, se desarrollaron históricamente en Inglaterra.

Primero vino el elemento civil, es decir, los derechos que emanciparon a los individuos de una sociedad feudal. En el pasado no todos tenían los mismos derechos. Una persona gozaba de ciertos derechos y obligaciones por pertenecer a un estamento social. Sin embargo, con el advenimiento de las villas feudales, del sistema capitalista y de la burguesía como grupo social, surgió la idea de que todo individuo —miembro de la ciudad o ciudadano— tenía que tener los mismos derechos civiles: la no esclavitud, las libertades de expresión, pensamiento y religión, así como los derechos a poseer propiedad, firmar contratos legales y reclamar justicia.2

Estos derechos civiles, según Marshall, fueron “indispensables para generar una economía de mercado”. Desde el siglo XVII dichos derechos ayudaron a la formación del capitalismo en Inglaterra. Pero ya en el siglo XIX era claro que estos derechos civiles convivían con una gran inequidad social. “La mayoría de la clase trabajadora no tenía poder político efectivo”. No podían votar. Surgieron los sindicatos que lucharon por el principio de “un hombre un voto”, así como la contratación colectiva. Este movimiento histórico logró un segundo grupo de derechos ciudadanos: los políticos, es decir, que cualquier individuo, independientemente de su condición social, pudiera votar o ser votado para decidir las autoridades de la sociedad.

Marshall argumenta que los derechos civiles y políticos tienen un límite cuando las clases bajas no gozan de educación y de seguridad social. ¿De qué le sirve a un pobre sin educación el que haya libertad de expresión o que pueda votar? De ahí que el siguiente movimiento histórico en Inglaterra fue en el sentido de redistribuir el ingreso a fin de establecer derechos al bienestar económico y la seguridad social. Vinieron, entonces, los derechos sociales, con sistemas públicos de educación y salud, que fueron posibles gracias al desarrollo de un Estado con capacidad de cobrar impuestos.

De esta forma, según Marshall, progresó el concepto de ciudadanía por medio de una secuencia histórica que importa mucho. La historia determinó el concepto, no lo contrario. Al final se desarrollaron tres tipos de derechos vinculados con el término ciudadanía: civiles, políticos y sociales. No es gratuito, entonces, que hasta el Diccionario de la Real Academia Española defina a un ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”.

Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y obligaciones en una democracia liberal moderna. Eso es lo que somos —o deberíamos de ser— cada uno de los individuos en el cuerpo político nacional. Sin embargo, por desgracia, México tiene un rezago en la formación de una ciudadanía con derechos civiles, políticos y sociales. Y eso está relacionado con el particular desarrollo histórico donde, por tantos años, se privilegió más el concepto de “clientela” que el de “ciudadanía”.

Clientela
En los gobiernos autoritarios priistas, los derechos siempre se negociaron. No eran generales sino administrados por parte del Estado a través de distintos grupos sociales. Las corporaciones eran las clientelas del Estado. Un individuo gozaba de ciertos derechos por pertenecer o no a estas agrupaciones. A los campesinos el Estado les daba tierras y subsidios económicos a cambio de que no protestaran y votaran por el partido oficial. A los sindicatos les otorgaba prerrogativas laborales y completa impunidad en el manejo de asuntos internos a cambio de lo mismo. A los empresarios les cobraba pocos impuestos a cambio de que éstos no se involucraran en la política.

En el régimen priista el individuo no era ciudadano con derechos civiles, políticos y sociales, era cliente en un sistema donde los derechos se negociaban.

El sistema funcionó, y bien, durante muchos lustros. Hasta que vino la crisis fiscal del Estado. No había manera de seguir financiando a tantos grupos con una recaudación tan baja. El costo del clientelismo mexicano se volvió insostenible.

Vino, entonces, la democratización del régimen político. No voy a repetir lo que ocurrió. Lo importante es que la democracia mexicana comenzó con un déficit de ciudadanía porque históricamente nunca se desarrolló este concepto entre la sociedad: la de individuos con los mismos derechos y obligaciones que conviven en un cuerpo político común.

Uno hubiera esperado, por supuesto, que con la democratización del país hubiera comenzado un vigoroso fortalecimiento ciudadano. Y aunque algo ha sucedido, el proceso ha sido muy lento.

Parte de la culpa, me parece, la han tenido los gobiernos panistas. Para empezar, Vicente Fox, por su origen gerencial y empresarial, pretendió que su gobierno funcionara como una empresa. La administración foxista trataría a la gente como clientes que necesitaban bienes y servicios públicos, como si el Estado fuera Vitro, Alfa, Bimbo o un changarro de la esquina. Esta visión la importaron de Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton había hecho un esfuerzo en este sentido, el cual llamó “reinventar al gobierno”, igual que el título del famoso libro que comenzó esta tendencia. Sin embargo, una cosa es tratar de gestionar a los ciudadanos como clientes, como se pretendió en Estados Unidos, y otra muy diferente es pasar del clientelismo priista a una idea anodina de convertir a los individuos en meros clientes consumidores de bienes y servicios públicos.

Ni funcionó este pensamiento simplista ni se desmanteló el clientelismo priista. De hecho, durante el gobierno de Felipe Calderón ha sido más que evidente el acomodo de los panistas con los viejos grupos corporativos del antiguo régimen. Nada retrata mejor esto que la alianza política de Calderón con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa Elba Esther Gordillo.

En México se presume mucho de haber alcanzado el derecho político de votar. Pero una verdadera ciudadanía, como se explicó en la sección anterior, no sólo se trata de darles a los individuos una credencial para votar y respetarles su voto. Lo que se necesita es que, desde abajo, la gente se comporte como ciudadanos y se involucre en la solución de los problemas de su colectividad. Y, desde arriba, que se respeten los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía.

Sin ciudadanos no hay democracia posible. Por eso, más que pueblo o clientela, lo que México necesita es ciudadanía.

Leo Zuckermann. Politólogo. Profesor afiliado del CIDE. Conductor de Es la hora de opinar en FOROtv.

1 El Diccionario de la Real Academia Española no incluye otra definición que la ciencia política sí incluye para “pueblo” y que tiene que ver con una visión romántica, de valores, de identidad nacional. Algunos políticos también utilizan esta acepción en sus discursos.
2 El concepto de “ciudadanía” es hijo de la Ilustración y aspira a ser universal para todos los individuos por los derechos que entraña. En cambio, “pueblo” es un concepto más antiguo, citado incluso en la Biblia, y que tiene connotaciones de todo tipo de valores étnicos, religiosos, culinarios o culturales de ciertos grupos sociales. De ahí que este término sea usado más por políticos nacionalistas que se basan en el ideal romántico de la nación para legitimarse.

Homofobia: De las etapas del odio a lo diverso en México, por Carlos Monsiváis

En revista Nexos



De modo explícito, la ofensiva verbal de la derecha (conceptual, moral, jurídica, política) contra gays y lesbianas de 2010 es la más virulenta registrada en la historia de México. Hasta el momento, y esperamos que así siga, se ha confinado en las declaraciones aunque resultan imprevisibles las consecuencias. ¿Qué sucederá, muy especialmente en el sector de los católicos practicantes y de los núcleos fanáticos, con la descarga inmensa de prejuicios, intolerancia y odio, algo inconcebible a estas alturas del avance científico, la implantación creciente de los derechos humanos y el conocimiento de las leyes?

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con 39 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones, aprueba el matrimonio homosexual, convirtiéndose en el primer lugar de América Latina en permitir estas bodas. También se elimina la contrapropuesta que impedía a las parejas homosexuales adoptar hijos. “Durante siglos leyes injustas prohibieron los matrimonios entre blancos y negros o indios y europeos, se prohibió el amor extranjero [...] hoy todas esas barreras han desaparecido”, afirma el diputado Víctor Romo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los votantes de la iniciativa, presentada por el asambleísta Víctor Razú, son todos heterosexuales.

Ante esto responde Norberto Rivera, arzobispo primado de México:

La aprobación de estas leyes destructivas e inmorales, dejan en claro que el PRD actúa como instrumento del maligno haciendo presente en la sociedad el misterio de la iniquidad del mal, pues resulta evidente que legislar el crimen del aborto, la unión entre personas del mismo sexo, y peor todavía, el entregar a niños inocentes a la adopción de parejas del mismo sexo, atenta contra los mandatos de Dios y toda moral, y esto no puede ser aceptable para la conciencia de ningún cristiano… Las leyes inmorales e injustas carecen de toda legitimidad y recordemos a los fieles cristianos que en conciencia no pueden apoyar a sus autores bajo ninguna circunstancia si no quieren contradecir a su propia fe y entrar en su dinámica malévola y destructiva (Notimex, 29 de diciembre de 2009).

Eso dice el clero católico: un partido, el PRD, es instrumento del maligno, se introduce en la sociedad el misterio de la iniquidad del mal, se atenta contra los mandatos de Dios y de toda moral, se emiten leyes carentes de toda legitimidad; en vista de lo anterior, se llama a los fieles cristianos a no apoyar a los autores de la ley bajo ninguna circunstancia, y a oponerse a la dinámica malévola y destructiva. Sin mínimas definiciones se revive el lenguaje del Santo Oficio, las andanadas contra el pecado nefando, esta vez ya sin los buenos servicios de sus instrumentos de persuasión: las jaulas colgantes, los potros de tortura, los aplastacabezas, las cunas de Judas. La mentalidad teocrática quiere recobrar su poderío exterminador y doblegar al Estado. De ahí la exhortación del cardenal de Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez: “El Estado debe acatar la ley natural porque de continuar así, un día se aprobará, por mayoría, que robar no es crimen ni pecado que es lícito fornicar y cometer adulterio” (La Jornada, 7 de febrero de 2010); ¿Cuál es la versión virtuosa de “fornicar”?

La cruzada contra el laicismo del papa Juan Pablo II interrumpe la “tolerancia” (tenue en el mejor de los casos) de un sector del clero. Y esto prosigue de modo exacerbado con el papa Benedicto XVI, decidido ahora a las guerras santas desarmadas porque las circunstancias actuales son muy distintas, y las homilías, al despertar, ya no se ven convertidas en autos de fe. Vale la pena entonces evocar sumariamente algunas etapas del odio eclesiástico y conservador a los derechos de la diversidad sexual.
Establezco ahora, con las imperfecciones del caso, algunas etapas del odio a lo diferente.


I. “Aquí están los maricones, muy chulos
y coquetones”

Primer signo de reconocimiento vindicativo de una minoría: el escándalo en torno a la redada de 1901 en la ciudad de México, con —habla la leyenda— 42 homosexuales presos, la mitad vestidos de mujer, entre ellos Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, al que se le permite la huida. A los detenidos, un sacerdote entre ellos, se les somete al descrédito público y a varios de ellos se les envía a trabajos forzados en Valle Nacional. El regocijo de largo alcance a propósito del Baile de los 41, con la serie de grabados alusivos de Posada, admite la existencia de los otros, de los que renuncian a su virilidad entre grititos y capas sucesivas de maquillaje. Por intercesión de la burla, el tema ya resulta mencionable. No hay duda: lo propio del homosexual es su inferioridad natural, su inhumanidad. El joto no es ni hombre ni mujer, y sus únicos vínculos con el perdón son el choteo y las humillaciones interminables. (A las lesbianas no se les menciona. Recuérdese el comentario de la reina Victoria de Inglaterra, al informársele de un incidente con lesbianas: “There’s no such thing in England”.)

En Los cuarenta y uno. Novela crítico social (1906), su autor, Eduardo A. Castrejón, predica —de otra manera la novela no se imprime— contra la “injuria grave a la Naturaleza” e inventa una velada abominable:

El corazón degenerado de aquellos jóvenes aristócratas prostituidos, palpitaba en aquel (sic) inmenso bacanal.

La desbordante alegría originada por la posesión de los trajes femeninos en sus cuerpos, las posturas mujeriles, las voces carnavalescas, semejaban el retrete-tocador de una cámara fantástica; los perfumes esparcidos, los abrazos, los besos sonoros y febriles, representaban cuadros degradantes de aquellas escenas de Sodoma y Gomorra, de los festines orgiásticos de Tiberio, de Cómodo y Calígula, donde el fuego explosivo de la pasión salvaje devoraba la carne consumiéndola en deseos de la más desenfrenada prostitución.


II. La ofensiva nacionalista: Los anormales ni siquiera tienen derecho a gritar ¡Viva México!

Al institucionalizarse la Revolución, procede la campaña por dignificar a la Patria que es toda virilidad; se insiste: un mexicano no puede ser un desviado, alguien al que “la inspiración le llega por detrás” (Julio Gómez de la Serna). Los conservadores mantienen sus presiones hipócritas, “defensoras de los valores”, a los homosexuales se les sigue enviando a las cárceles y el presidio de las Islas Marías, sin mayor delito comprobado que alguna riña, contoneos en la calle y el alud de sus afeites. Dicho sea no tan de paso, nadie protesta por estas injusticias, los maricones carecen de todos los derechos por su condición inhumana revelada a simple vista.

La izquierda marxista y el nacionalismo revolucionario coinciden ampliamente durante el auge del radicalismo (1925-1940, aproximadamente). Un punto de acuerdo es el desprecio hacia los homosexuales. En un artículo intitulado “Arte puro: puros maricones” (Choque. Órgano de la Alianza de Trabajadores de las Artes Plásticas, núm. 1, marzo de 1934. Reproducido en Textos polémicos, El Colegio Nacional, 1999), Diego Rivera se explaya contra el artepurismo, “el método lacayesco de ofrecer al burgués que paga un producto que no amenace sus intereses”, y se enfada:

Por eso el “arte puro”, “arte abstracto”, es el niño mimado de la burguesía capitalista en el poder, por eso aquí en México hay ya un grupo incipiente de seudo plásticos y escribidores burguesillos que, diciéndose poetas puros, no son en realidad sino puros maricones.

Evoca el poeta estridentista Manuel Maples Arce, en sus memorias (Soberana juventud, 1967):

En una ocasión (en la década de 1930) nos reunimos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados para tratar el problema de los homosexuales en el teatro, el arte y la literatura. Aunque hubo declaraciones reprobatorias, el diablo metió el dedo y ellos se quedaban más orondos que nunca, mientras la gente se preguntaba por qué se les permitía moverse con tanto desplante, cuando en la época de Porfirio Díaz se les obligaba a barrer las calles, como aconteció alguna vez a los que hicieron célebre el número 41, que popularizó una estampa de Posada. La moral pública no depende de un grupo; es el estilo de una sociedad como diría Ortega y Gasset, y cuando ésta acepta que cada quien haga de su juicio un papalote, no existe posibilidad de dignificación.

El espíritu de mafia les dio preponderancia. A veces emprendían verdadera persecución contra quienes se resistían a solidarizarse con sus intentos de hegemonía intelectual o se negaban a entrar en aquel monipodio. Fue la época de la insistente publicidad de Proust y Gide, en cuya obra se amparaba la comedia de los “maricones” y el cinismo de los pederastas.

Pinche puto es la descalificación corriente, y si se usa maricón como sinónimo de cobarde, es porque también la cobardía es una traición a la virilidad. No hay entonces algo semejante al clóset, al ocultamiento de la orientación sexual. Sólo la revelan quienes por su voz o su lenguaje corporal “cargan con la cruz de su parroquia”. Los demás viven en las prisiones contiguas del miedo, el sigilo, la compraventa discreta de “servicios”.

Varios poetas de primer orden adoptan la línea de la descalificación. En 1932 Renato Leduc señala en Los banquetes: “Porque al fin y al cabo el uranismo (en ese entonces sinónimo de homosexualidad) no es más que una de tantas éticas, una de tantas actitudes frente a la vida; es, por decirlo así, la actitud a gatas frente a la vida”. Y añade, en un rapto de entusiasmo:

Ahora bien, puede afirmarse que la pederastia, como en el Derecho Romano la esclavitud, se adquiere con el nacimiento o por un hecho posterior, precisamente posterior, al nacimiento: Pero los pederastas congénitos son, casi por definición, invertidos, anormales, enfermos y los otros son siempre ancianos impotentes o jóvenes degenerados cuya virilidad atrofiada no les deja otro recurso que recibir lo que ya no son capaces de dar.

Pederastia entonces no es la seducción de niños sino un sinónimo de homosexualidad. Leduc, por supuesto, no está solo en el cultivo del prejuicio. Así por ejemplo, otro poeta extraordinario, Efraín Huerta, en su “Declaración de odio”, se permite estas líneas:

Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad.
A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses,
a tus chicas de aire, caramelos y films americanos,
a tus juventudes icecream rellenas de basura,
a tus desenfrenados maricones que devastan
las escuelas, la plaza Garibaldi,
la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán.

Octavio Paz, en su gran poema Piedra de sol, escribe: “…el sodomita / que lleva por clavel en la solapa / un gargajo”. A los “desenfrenados maricones” los desprecian los constructores del paradigma heterosexual, con frecuencia bajo la consigna del Hombre Nuevo. Este sería el mensaje: “Si me burlo de abyectos, exalto el perfil de los seres como la nación exige o como Dios manda, entre ellos y antes que nadie, yo mismo”. Así, la homosexualidad (la conducta tanto más satanizada cuanto más imaginada: “Lo que hagan cuando están solos, me perturba”) cumple funciones del espejo negro en donde nada más se reflejan los prófugos de la ley y la virilidad.


III. Frente a la expulsión de la sociedad
la respuesta disponible es el silencio

¿Cómo se responde a un prejuicio de la cultura judeo-cristiana sostenido por todos? En esos años, sólo el poeta Salvador Novo en sus sonetos “prohibidos” (que circulan profusamente) tiene la osadía psicológica y literaria del enfrentamiento. A Diego Rivera, que en los muros de la Secretaría de Educación Pública ha satirizado a los poetas del grupo Contemporáneos, le dedica “La Diegada”, una serie de sonetos y décimas; a Tristán Marof (escritor boliviano de nombre Gustavo Navarro) que ha agredido salvajemente al grupo de los Contemporáneos en su libro México por dentro y por fuera, le envía un soneto:

Un Marof
¿Qué puta entre sus podres chorrearía
por entre incordios, chancros y bubones
a este hijo de tan múltiples cabrones
que no supo qué nombre se pondría?

Al Comité de Salud Pública, formado por un grupo de intelectuales y artistas que ansían depurar de homosexuales el gobierno, y al Bloque de Obreros Intelectuales que apoya esta campaña, Novo les dedica un soneto:

De todo, como acervo de botica,
en un crisol en forma de mortero,
bazofia de escritor, caca de obrero,
cuanto puede caber en bacinica,

al Comité de la Salud Pública
que imparte un diputado-reportero,
al que no sea burro manadero,
denuncia porque daña y porque pica.

No temáis que la gente se equivoque.
que si aprenden a hablar los animales
los denuncia la cola que les cuelga.

Quedaremos de acuerdo en lo de Bloque;
pero obreros, ¿seréis intelectuales
si el seso os anda en permanente huelga?

¿Pero cuántos luchan de modo explícito, desde la discriminación, contra la mentalidad irrestricta de la época?

Durante varias décadas las campañas contra los diferentes no hacen falta. Están inscritas en el “código genético” de la sociedad o las sociedades mexicanas. La ciudad de México es, comparativamente hablando, el espacio de mayores libertades y por eso los gays y las lesbianas que pueden abandonan la provincia. En 1969 la resistencia de un grupo de travestis y homosexuales en el bar Stonewall, en Nueva York, que ahuyenta por dos días seguidos a la policía, da origen al movimiento de liberación gay que tiene repercusión en casi todo el mundo. Pero lo que amortigua la fuerza del prejuicio es la suma de factores: la explosión demográfica, que limita o elimina el espionaje parroquial; la secularización creciente del país, que disminuye ampliamente las resonancias del pecado y debilita los sentimientos de culpa de los “transgresores de la ley de Dios”; la difusión interminable de la sexología y del psicoanálisis, y el hecho de ser una minoría internacional donde los adelantos de un país se extienden a los demás.


IV. El sida: “No le des la mano, pueden contagiarte”

En México los grupos de liberación lésbico-gay hacen su aparición pública en 1978, con el consiguiente come-out o desclosetamiento de miles de jóvenes, activistas o no. Acto seguido, en 1983 o 1985, la pandemia del sida trae consigo otra campaña muy virulenta de la derecha coadyuvada por el miedo a la infección. Nunca antes, desde la lepra medieval y la sífilis del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, una pandemia se rodea de tantas y tan enconadas precauciones morales y obliga a tantas decisiones éticas. Convencida de la perversidad intrínseca de los enfermos de sida, la derecha arrecia su blitzkrieg contra los “pervertidos”. El nuncio papal Girolamo Prigione no está solo en su denuesto: “El sida es el castigo que Dios envía a quienes ignoran sus leyes”. Esto mientras Dios procede con recordatorios trágicos. Ante la campaña de linchamiento moral pocos enfrentan la intolerancia. Uno de ellos, el actor Augusto Benedico, es el único que se opone a Prigione en una encuesta (Excélsior, agosto de 1985). La prensa amarillista encabeza la nulificación de las víctimas. En el Centro Médico un joven enfermo se suicida, incapaz de soportar la acción conjunta de la enfermedad y el desprecio de la familia y de médicos y enfermeras. Y el prejuicio es tan vigoroso que a manera de comentario un periódico publica una caricatura con el título de: “Sui-sida”.

La iglesia católica abandona oficialmente la tesis del “castigo divino”, pero, en beneficio de los próximos infectados por no usarlo, el nuncio Prigione califica al condón de “instrumento del demonio” que arrastra por el lodo a la juventud. Al preparar Televisa una campaña de anuncios con personalidades que promueven el condón, unos empresarios amenazan con boicotear a la empresa televisiva si no los suprimen. Nada de spots antes de la medianoche o de manejo de la palabra condón o de frases o situaciones explícitas. La campaña se cancela.

Las secuencias del pánico moral son alucinantes: no pocas familias se deshacen de los enfermos, abundan los médicos y las enfermeras que no atienden a los pacientes, no escasean los suicidios por causa “indeterminada”, a los seropositivos evidentes se les cesa en sus empleos, hay vecinos que exigen la expulsión de los enfermos, y se promueven los exámenes de sangre contra la voluntad o con el desconocimiento de los trabajadores. Y el gobierno federal y los gobiernos regionales se añaden al susto maniático y a la gazmoñería que ve en el sida la enfermedad moral por excelencia. Jorge Treviño, gobernador de Nuevo León, retira los anuncios espectaculares del condón en vísperas de la visita del Papa a Monterrey, porque “recuerdan la existencia del sexo masculino, y escandalizarían a los niños pequeños”. Muy probablemente lo dice en serio.

En el artículo 13 de sus Derechos de la Familia, el Partido Acción Nacional habla de “las formas de asistencia posible a las familias golpeadas por el sida y que se organice una verdadera prevención de la enfermedad, basada en criterios éticos, que son los únicos aptos para impedir el contagio y frenar su difusión”. Ni una mención a enfermos y seropositivos y olvido de las políticas públicas de salud, todo esto rociado con elogios a la castidad y la fidelidad conyugal. El PAN eleva el uso del condón a “decisión ética” y, también en serio, varios obispos insisten: “Dios no recomienda el condón”. Seguramente no. En su campaña para la presidencia el panista Diego Fernández de Cevallos, en una reunión con los periodistas de Reforma, al preguntársele sobre cuál sería su política sobre el sida, responde: “No lo he pensado, eso es asunto más bien de los joteretes” (versión de Guadalupe Loaeza).

El 5 de agosto de 2007 el gobernador panista de Jalisco Enrique González Márquez (el Gober Piadoso) se trepa a su humorístico Monte Sinaí: “Entre la comunidad homosexual sí hay que seguir apoyando: entre los jóvenes, en general, yo creo que no le corresponde al Estado repartir condones. Si alguien quiere, y déjame llevarlo al grado chusco: ¿por qué nada más condones? Vamos repartiendo un six de cerveza y vamos dando vales para el motel, de modo que el gobierno pague la diversión de los jóvenes. Oye, no. No le toca al gobierno pagar las cervezas ni el motel. Bueno, creo que tampoco le toca repartir condones en la comunidad en general” (información del corresponsal de La Jornada, Juan Carlos G. Partida, 6 de agosto).

La prohibición eclesiástica de los “preservativos” lleva en el siglo XXI al papa Benedicto XVI, en su gira por África, un continente algo diezmado por el sida, a decir que no se utilicen los condones en África. Ratzinger, en su discurso a los obispos del continente, equipara las medidas de prevención del sida con el aborto, el adulterio y la homosexualidad. Este reaccionarismo no prospera (la voz de la sobrevivencia también dispone de excomuniones), aunque no amengua lo suficiente la condición “prohibida” de la pandemia. La tragedia humaniza, por así decirlo, a los gays. Surgen grupos de activistas gay y se prodiga el come-out, al ser ya muy difícil el juego de la clandestinidad. Y los gobiernos se ven obligados a asumir la prevención y el tratamiento de los enfermos como parte medular de su política de salud.

El sida ilumina la orientación sexual de un amplio espectro de celebridades y de gente desconocida. En los primeros años de la pandemia la experiencia de los enfermos es muy aleccionadora. Un ejemplo:

Definitivamente salir VIH positivo en la prueba es muy traumático. Es por esto que además de la vergüenza, es natural que te sientas asustado, desamparado, bravo, solitario, atontado o hasta llegues a pensar en el suicidio. Recuerdo lo difícil que era decirle a alguien que eras el único hombre que deseaba a otros hombres.
Conseguir apoyo en esta situación es muy importante. No estés tan seguro que tus amigos te juzgarán con dureza. A menudo ellos estarán más preocupados por cómo ayudarte en esta situación que por juzgarte (Letra S, febrero de 2002).

Por lo común, los escritos sobre sida se concentran en dos de los varios niveles del sida y del VIH: la enfermedad y el cerco social y familiar.


V. Los crímenes de odio

Una campaña permanente contra la disidencia sexual: los asesinatos de homosexuales, prodigados a lo largo del siglo XX y los principios del siglo XXI, y señalados por la extrema violencia, el número desproporcionado de golpes y puñaladas, la saña ejercida contra la víctima y su cadáver (se calculan por lo menos cerca de cien crímenes de odio al año, aunque es muy difícil establecer las cifras por la indiferencia policiaca y el deseo de ocultamiento de las familias de los asesinados). Al ocurrir el crimen, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni las familias afectadas en muchísimas ocasiones, se consideran en rigor ante un delito grave, sino ante un suceso de reivindicación moral a fin de cuentas. La policía suele concluir: “Fue un crimen pasional de homosexuales”. Y, todavía hasta hoy, la frase más repetida entre los muy escasos asesinos a los que se apresa, le da razón de la ideología machista: “Lo maté porque se lo merecía”.

Un caso paradigmático. En enero de 2006 la AFI (Agencia Federal de Investigación) presenta a los medios informativos a Raúl Osiel Marroquín Reyes, “El Sádico” (apodo muy probablemente impuesto por las autoridades policiacas). Él confiesa una serie de secuestros y asesinatos, que suman cinco pero en las notas se contabilizan cuatro. Su historial homicida es, por decir algo, terrible. Marroquín Reyes asiste a sitios gay de la Zona Rosa, entabla el diálogo tradicional con un joven ansioso de un ligue y lo invita a un hotel (el Amazonas). Allí le pregunta sobre sus recursos económicos, y si no tiene dinero lo insulta y lo deja ir (todo en versión de Marroquín Reyes). Si hay dinero, tarjetas de crédito para empezar, lo lleva a su departamento en donde está un amigo (Juan Enrique Madrid Manuel, hoy prófugo).

Ya en el departamento, Marroquín y Madrid someten a la víctima, la ultrajan durante un tiempo que va de cinco a siete días, y en ese periodo negocian con los familiares. Mientras, “hartos de los lloriqueos y quejidos” de los plagiados, los torturan y, ya entregado el dinero del rescate, los ahorcan con una soga. Utilizan siempre corchos de plástico con los que sujetan las manos de la víctima y le ponen un listón rojo en el cuello. Sólo en un caso, señala Marroquín, él arranca la piel de la frente de un secuestrado con una navaja para dibujarle una estrella, con el propósito de distraer las investigaciones y llevar a la policía a la búsqueda de una secta. Luego, destazan el cuerpo y lo introducen en una maleta negra que abandonan en la calle.

La primera víctima reconocida es un empleado de una televisora, por el que exigían 120 mil pesos. El cuerpo aparece en la cercanía del Metro Chabacano. Los otros cuatro muertos: dos jóvenes de 23 años plagiados el 17 y el 18 de diciembre de 2005 (los cuerpos se hallan en maletas en la colonia Asturias); y en octubre de 2005 a un estudiante de 20 años de edad y un empleado de 28. Para congraciarse a la vez con el machismo y con la moda, Marroquín afirma no ser ni homosexual ni homofóbico, y da su explicación de por qué elige gays en los secuestros: “Simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, pues sólo fui a los lugares que frecuentaban y ellos solos me abordaban, se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Anhelaba una carrera criminal mayor, pues apenas iba empezando en ésta y evolucionaría, ascendería, tendría mejores víctimas con más dinero”.

A los medios informativos, Marroquín les asegura no tener remordimientos, sólo la preocupación de haber afectado a su familia y a la gente que conocía. “Nunca he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales, no había traumas, tuve una niñez normal, nunca me violaron ni me golpearon. No me arrepiento, sólo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido”. Insiste: “Me presentaba como Carlos. No los escogía, ellos solos se presentaban, después los invitaba a mi departamento, iban por voluntad propia... De los secuestros obtuve 150 mil pesos, con los que compré ropa, aparatos, otras cosas”.

Marroquín se autoelogia: “Le hice un bien a la sociedad pues esa gente hace que se malee la infancia. Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al Metro y se van besuqueando, voy por la calle y me chiflan, me hablan”.


VI. La aparición del término “homofobia”

La homofobia aparece en 1971 en el libro de George Weinberg, Society and the Healthy Homosexual. El término cunde con rapidez al necesitarse la expresión que unifique la discriminación física, laboral, social, psicológica y delincuencial, lanzada contra los gays, algo no cubierto por las voces denigratorias (puto, joto, fag, queer, etcétera).

Lo persuasivo y lo avasallador del vocablo expresa un inequívoco avance social. Ya hay quienes consideran social y culturalmente negativa la discriminación de personas sobre la base de sus preferencias sexuales. Pronto, no hay discrepancias serias sobre las ventajas de la palabra, y la prueba es la prontitud con que la derecha la utiliza, aunque uno sospeche que cuando dicen “no soy homofóbico”, creen estar diciendo: “No soy homosexual”. Aunque al principio hay críticas por adjudicarle al pasado un término que no le corresponde, la palabra se va imponiendo, y así se cancelen los matices, las descalificaciones retro contenidas en el uso de homofobia se introducen en la memoria histórica. Por eso, Emiliano Zapata sería un homófobo por su decisión de fusilar a su consejero Manuel Palafox al enterarse de su homosexualidad.

Las industrias culturales captan el desarrollo de una nueva sensibilidad y el cine primero, el teatro y la televisión por cable se abren al tema de lo lésbico-gay, con menciones persistentes a los transgéneros. Los filmes de resonancia internacional abundan: La Cage aux Folles, Philadelphia, Longtime Companion, Jeffrey, Brokeback Mountain, Milk. En la televisión por cable series como Queer as Folk, Oz, The L Word, Six Feet Under, Brothers and Sisters. Incluso en las telenovelas latinoamericanas, ya son inevitables los personajes gay. Otro tanto sucede en el teatro e incluso en la comedia musical de Broadway. El amor que no podía decir su nombre, ahora podría hartarse de repetirlo.

En la ciudad de México, aunque ya se deja ver una presencia significativa en buen número de lugares (Guadalajara, Puebla, Tijuana, Monterrey…), crecen los grupos, se multiplican los sitios específicos, no escasean los grupos deportivos, hay publicaciones (entre ellas, y con un material importante, Letra S, el suplemento de La Jornada), una librería, dos revistas electrónicas (NotiEse y Anodis), una red amplísima de información (y de ligues), asociaciones de padres y madres con hijos gays y, hecho culminante, la Marcha del Orgullo Lésbico-Gay un sábado de junio al año, convoca en años recientes a 250 o 300 mil asistentes, disminuidos por casi todos los medios a unos cuantos centenares, tal vez con la intención de no alarmar a las conciencias inmejorables. Hay una bibliografía considerable, Semanas de la Diversidad en universidades y espacios institucionales. Ya suele ser común que los jóvenes les informen a sus familias de su orientación.

VII. “La Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer” (Felipe Calderón, 2 de febrero de 2010)
Lo señala Tocqueville: “El lazo natural que une las opiniones a los gustos y los actos a las creencias”. ¿Pero esos “lazos naturales” no varían históricamente y, ya últimamente, con rapidez? ¿Que no anuncian los actos múltiples de tolerancia una creencia social diferente? La derecha, tan experta en confundir las señales del pasado con el gozo de la prohibición, no entiende lo indetenible de ciertas acciones y movimientos. Guiada por su lógica del poder, deposita su persuasión en los acuerdos de la cúpula.

Obsérvese el triunfo legislativo de la derecha al obtener la penalización del aborto en 18 o 19 estados gracias al entendimiento del PAN con el PRI de Beatriz Paredes. Pero la respuesta ante esta criminalización (el término indispensable en el examen de las iniciativas legales del régimen de Calderón) ha sido impresionante. Casi de inmediato la gran batalla histórica del feminismo se vuelve también causa del sector democrático de la sociedad civil, al grado de que ahora, mayoritariamente, son hombres los que analizan y rechazan esta aberración jurídica de la derecha bipartidista. Lo antes inmencionable, el aborto, es hoy una palabra de uso común y una demanda civilizatoria.

¿Cuál es la imagen de gays y lesbianas que presenta la derecha? La respuesta de la iglesia católica y el Partido Acción Nacional es inmediata. El PAN amenaza en la Asamblea y, como táctica fulgurante, promueve una encuesta de tres preguntas, la tercera: ¿Cree usted que un niño adoptado por homosexuales sería víctima de burlas y discriminación por parte de sus compañeros de escuela?

Con que esas tuvimos: El PAN presupone que el prejuicio es eterno, que la burla y la discriminación nunca abandonarán a los homosexuales. Y la intelectual por excelencia del PAN, la ex dirigente en el DF, Mariana Gómez del Campo, argumenta a propósito del matrimonio: “La misma palabra no puede tener dos significados diferentes”. Y como si hubiera dicho algo luminoso, prosigue: “Uno de los derechos de los niños es tener una familia. A un niño no se le permite decidir a qué clase de familia se le envía” (The New York Times, 7 de febrero de 2010). ¿A qué niño, en cualquier parte del mundo, se le permite decidir a qué clase de familia quiere ir? Todavía no hay encuestas perinatales, y en asuntos de adopción los centros respectivos.

En el semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, se enumeran 11 razones para el rechazo a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la adopción (nota de Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 18 de enero de 2010): “Porque la Iglesia ha tenido esa vergonzosa y dolorosa experiencia —que ha reconocido, por la que ha pedido perdón y tomado medidas para corregirla y evitarla—, por lo que tiene autoridad para alertar el peligro que corren los niños que se desarrollan en un ambiente de homosexualidad… La Iglesia no promueve la homofobia. Es la pretensión de los homosexuales de adoptar niños la que ha provocado el rechazo de la gente… Por bien intencionados que fueran unos ‘papás’ homosexuales, su solo estilo de vida afectará de muchas maneras al niño. Si dice: ‘de grande quiero ser como mi papá’, ¿a qué se referirá? ¿A usar falda, maquillarse, invitar a otros hombres a dormir con él?... Por otra parte, no se puede dejar de mencionar la grave posibilidad de que una pareja de homosexuales desee adoptar niños con el perverso propósito de utilizarlos para pornografía infantil, abuso sexual, prostitución, etcétera”.

Y ahora resulta que el estilo de vida de los homosexuales es siempre el mismo: travestismo, falda, maquillaje, es de suponerse que tacón alto. Y como los homosexuales no quieren pasar la noche solos, invitan no un hombre sino al colectivo Hombres a dormir con ellos. También, la Arquidiócesis confunde delitos (pederastia, encubrimiento de sacerdotes como Marcial Maciel) con derechos civiles.

Antonio Chedraui, arzobispo ortodoxo, opina sobre la legislación que permite las bodas de parejas del mismo sexo (nota de Ruth Rodríguez y Nurit Martínez, El Universal, 18 de enero de 2010): “Dios creó hombre y mujer, no creó dos hombres ni dos mujeres; entonces, por qué se quiere ir en contra de la ley de Dios… Nosotros estamos por la familia, y si se quiere destruirla, no estaremos con los brazos cruzados, estamos dispuestos a todo”.

No es fácil tomar el Génesis al pie de la letra. De modo que Dios con tal de no dar marcha atrás en su idea de la pareja única, fomentó industrialmente el incesto. ¿O, breve interpolación, qué opina Chedraui de los primeros versículos del capítulo 6 del Génesis?:

1. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas.
2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas.
4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos: éstos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre.

Si confiamos en el libro fundamental del cristianismo y no lo consideramos mitología, encontramos que Dios hizo a los hombres y a las mujeres no de uno en uno sino, como se ha visto, de muchos en muchos. Y, además, ¿qué entiende el arzobispo por “estar dispuestos a todo”? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que no queremos siquiera imaginar?

Por segunda ocasión, la PGR promueve un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La primera, en abril de 2007, en contra de la despenalización total del aborto en la ciudad de México; en la rectificación lo acompañó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por el parapresbítero José Luis Soberanes. La Suprema Corte de Justicia desechó la demanda. Ahora, según la PGR: “La reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal —que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, respectivamente—, violan los artículos 4, 14,16, 133 constitucionales”. Esta reforma, se dice, “viola el principio de legalidad, ya que se aparta del fin constitucional de protección de la familia y de salvaguarda de los derechos de los niños... La reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución mexicana y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos”.

El barroco del enredijo seudojurídico: según la PGR la adopción, prevista en el artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal, “no cumple con el principio de legalidad al no haber tomado en cuenta la supremacía del interés superior del niño, colocado por encima de cualquier otro derecho. Además de que asegura que omitió considerar que todo menor tiene derecho al modelo de familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en el dictamen de la reforma de 1974 a tal dispositivo constitucional”.

La PGR se imagina a gusto el texto de artículos constitucionales. ¿Por qué están tan seguros los asesores del Abogado de la Nación de que la reforma omite considerar que todo menor tiene derecho al modelo de familia? ¿Por qué hace de su temblorina argumentativa el gran acto jurídico, y de dónde saca que existe sobre la tierra un solo modelo de familia, en pleno olvido de Los Simpson y de la familia de Pepe el Toro en Nosotros los pobres? ¿Por qué la PGR no prohíbe también el divorcio y las madres solteras, que también viola “la supremacía del interés supremo del niño”, y no persigue a todas las familias que se apartan del modelo, tal vez un 50 o 60 por ciento, si nos atenemos a las madres solteras y a las cifras de la violencia intrafamiliar? Además, según esto, lo caido caido: si existe la figura jurídica de las sociedades de convivencia no pueden aprobarse otras sobre esta materia porque, ¡qué blasfemia!, sería refrendar la gran anomalía: las parejas del mismo sexo pueden acumular derechos. ¿Y de qué modo, según dice, esta reforma va a generar conflictos jurídicos en el resto de las entidades federativas y de la federación y va a trastocar el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia? La PGR da a conocer la nueva teoría de la jurisprudencia epidemiológica: la ley de una ciudad puede infectar a todas las demás y seguirse hasta infectar al todo. Una ley solita desata la pandemia que arrasará el mundo legal hasta hoy conocido.

Felipe Calderón Hinojosa defiende en Tokio la controversia constitucional de la PGR en contra de los matrimonios del mismo sexo (nota de Claudia Herrera, La Jornada, 3 de febrero de 2010): “La Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene ésta ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio… Yo, desde luego, respeto plenamente las preferencias sexuales de las personas y a las parejas integradas por personas del mismo sexo, pero la procuraduría presenta año tras año decenas de controversias constitucionales donde hay una duda razonable sobre la constitucionalidad de una disposición de un ámbito legislativo”.

Valdría la pena que el presidente nos diera una fotocopia del ejemplar de la Constitución que usa, porque en la que circula su hallazgo explícito no se localiza por ningún lado. Se habla de la familia sin especificar, como quiere ahora el clero y seguramente la PGR, que ésta deba constar de padre, madre, muchos hijos, nietos y confesor, pero del matrimonio entre hombre y mujer, simplemente no hay registro. Es muy probable que esto se deba al jacobinismo ateo o a la falta de previsión de los constitucionalistas o, quizás también, a que en la Libre de Derecho, de la cual el licenciado Calderón es el jurista más ilustre, se maneja otra Constitución. La que circula en el mundo laico dice lo siguiente en el artículo cuarto: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Repetimos: el hombre y la mujer… ¿De dónde se extrae la un tanto peregrina conclusión: la igualdad ante la ley del varón y la mujer es idéntica al matrimonio del hombre y la mujer?

A ratos, don Felipe se acuerda de que hay, por lo menos, cientos de miles de mexicanos con otras preferencias (y algunos con otras lecturas, más textuales, de la Constitución, donde no se inventa a pedido el matrimonio entre hombre y mujer, aprovechándose mañosamente del escaso conocimiento jurídico de los periodistas japoneses). Debido a eso, con astucia que sería meritoria de no refrendar la índole de su orden a la PGR, afirma: “Respeto plenamente las preferencias sexuales de cualquier persona, así como a las parejas integradas por personas del mismo sexo”. ¡Qué hábil! Las respeta siempre y cuando no se les ocurra tener derechos, y oponerse a los dictámenes de los obispos; las respeta siempre y cuando acepten que pueden vivir juntos o juntas pero no pasear jurídicamente de la mano ante un juez.

Calderón insiste: la demanda de inconstitucionalidad no tiene fines políticos. ¿Qué acción de los gobiernos carece en primera y última instancia de fines políticos? ¿No es un fin político proceder contra los “que atentan contra la ley de Dios”, a nombre de falsas argucias? ¿No es político el igualar un gobierno con las campañas del episcopado? Escribe Jacobo Zabludovsky: “El peligro no está en los matrimonios entre personas del mismo sexo, que no nos distraigan. El peligro inminente y cierto está en la unión ilegal aunque natural de un presidente y un cardenal. Esa boda sí es preocupante” (El Universal, 8 de febrero de 2010).

La campaña la encabeza el cardenal primado Norberto Rivera: “De verdad México está padeciendo muchos males, la influenza, la violencia, la pobreza, el desempleo, y junto con estos males también nos llega la noticia de una ley mala y perversa para el Distrito Federal que no fue consultada” (23 de diciembre de 2009). El 10 de enero de 2010, Rivera insiste en otra homilía:

A nosotros, venerables hermanos, también nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor de anunciar la Buena Nueva, defender el vínculo sagrado del matrimonio al que San Pablo comparó con el amor con que Cristo ama a su Iglesia, y no, no podemos callar, pues podremos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo, pero no evadiremos el tribunal supremo de Dios, quien nos pediría cuenta de nuestra cobardía por avergonzarnos de su nombre y por no defender al rebaño del lobo que mata y dispersa a las ovejas.

Leer para creer: del matrimonio gay como el lobo que mata y dispersa a los feligreses.

Don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, en una conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Mexicana, teoriza (nota de Carolina Gómez Mena y Claudia Herrera, La Jornada, 20 de enero de 2010): “Lo importante es que el hombre tenga capacidad de dominio sobre sus propias pasiones, sobre sus instintos y sepa comportarse a la altura de lo que es una persona que se precia de ser respetuoso de los demás, que sepa valorar su cuerpo y entienda el verdadero sentido del amor, que implica donación y felicidad”.

Y ya Alberto sorprendió gratamente a los zoólogos cuando consideró: “Los perros no hacen el sexo entre dos del mismo sexo”.

Habla José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, durante la misma conferencia de la CEM (nota de Susana Moraga, Reforma, 20 de enero de 2010): “El ejercicio de la homosexualidad es una desviación, objetivamente hablando, es una falta moral, y voy a subrayar la palabra: objetivamente hablando, porque lo que sucede en el interior de la conciencia de una persona sólo Dios lo puede juzgar”.

Don José Guadalupe no es un homófobo sino un enemigo de las apariencias. De acuerdo a su creencia, la homosexualidad es una falta moral, y está en su derecho de así juzgarlo, tal vez porque intuye otro Decálogo: “No le guiñarás el ojo a tu prójimo, ni le abrirás la puerta de tu recámara, ni le regalarás fotos de Cristiano Ronaldo”.

Pero quizás se excede al situar objetivamente hablando a la “desviación”. ¿Quién tiene aspecto de “falta moral”? Y, ya que si no todos caminan por la calle como la Bikina o la Chica de Ipanema, ¿por qué no don José Guadalupe organiza una rogativa para que el interior de la conciencia se traslade al rostro, los ademanes y la ropa?

“Niños juguete”, publicado en El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara (nota de Mauricio Ferrer, La Jornada, 31 de enero de 2010): “Es verdad que algunos pequeños están creciendo bajo el techo de parejas homosexuales. Y, con base en que el hecho está teniendo lugar entre nosotros, algunos argumentan que la legislación debe ofrecer un marco legal a lo que está ocurriendo… En tal sentido, entonces deberíamos legalizar todos los asesinatos, el narcotráfico o cualquier otra actividad que ya se hizo común para muchos… ¿Para qué están las leyes? ¿Para tutelar el orden o para ponerse al servicio de lo que sucede en la calle? El caso es que este principio suele ser mantenido según conveniencia, ya que a nadie se le ocurre decir que la ley no deba penalizar el robo, por ejemplo, basándose en el hecho incuestionable de la existencia de carteristas y asaltantes... Los menores arrastran graves complejos al ser adoptados por parejas homosexuales… No es que los homosexuales, por naturaleza, sean malos o menos buenos que los heterosexuales, o más malos que otros. No. Sólo aplica el sentido común: se necesita lo femenino y lo masculino delante del niño”.

Por lo visto, escasean los obispos sin un depósito de almas muertas al lado. Otro ejemplo viene de Pedro Pablo Elizondo, obispo de Cancún-Chetumal, que se expresa en contra de la unión de los semejantes (nota de Hugo Martoccia, La Jornada, 2 de febrero de 2010): “En el caso de los matrimonios gays, estoy del lado de Dios, que ha enseñado que tal unión sólo se da entre varón y hembra. El matrimonio es entre el hombre y la mujer; las otras, las sociedades de convivencia no son matrimonio… La palabra matrimonium tiene que ver con la función de la madre, y en eso no hay madre, porque no tienen madre, eso no es un matrimonio. Estas uniones no tienen madre y la iglesia católica no es homofóbica porque es la única institución que se ocupa de ellos cuando se están muriendo de sida”.

Le faltó al primer obispo proveniente de los Legionarios de Cristo, discípulo fiel del padre Marcial Maciel, cobrar la generosa despedida a los enfermos. Está bien que reciban la limosna de la extremaunción, pero las familias deben ser agradecidas.

Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, subraya, desde el montículo de la autoridad moral la “falta de serenidad” en torno al debate de los matrimonios del mismo sexo (nota de Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 2 de febrero de 2010): “El repudio de los intelectuales ha sido histórico hacia la Iglesia. Han sido formados en un ambiente jacobino, anticlerical, y como está de moda golpear a la Iglesia, pero ellos siguen la corriente de moda. Creen que eso es un gran despliegue de brillantez (sic) cuando en realidad es vergonzoso que se dé esto”.


De los avances

La Ley de Sociedad de Convivencia, aprobada el 9 de noviembre del 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en vigencia a partir del 16 de marzo de 2007, da reconocimiento legal a los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad. La ley contempla y determina ciertos derechos y obligaciones para los miembros de la sociedad de convivencia, de los que carecían muchas familias antes de la creación de esta ley. Entre otros, se define el derecho a heredar (la sucesión legítima intestamentaria), la subrogación del arrendamiento, los alimentos en caso de necesidad y la tutela legítima —en casi todo México sólo gozan de estos derechos los ascendientes, descendientes o el cónyuge legal de una persona—. A esta ley la distinguen el activismo lésbico-gay a su favor, y el que los medios de comunicación y la iglesia católica la presenten como legislación que equipara los convenios homosexuales con el matrimonio; en rigor, esta ley no reconoce vínculos familiares y solamente concierne a los adultos de cualquier sexo o género que las subscriban. El hecho de establecer una sociedad de convivencia no cambia el estado civil de los convivientes, que continúan legalmente solteros. El Arzobispado critica arduamente a las Sociedades de Convivencia, y luego se olvida de los males que traería al país.

Me he extendido en la compilación de ansiedades homofóbicas que proseguirán sin variantes; falta mencionar la gran novedad de esta batalla cultural, política, de ética y moral. De modo insólito, como apenas sucedió con las Sociedades de Convivencia, han intervenido en defensa de la igualdad ante la ley legisladores, juristas, escritores, periodistas, Organizaciones No Gubernamentales, articulistas, comentaristas radiofónicos, radioescuchas y organizaciones de la diversidad sexual. No ha sido, como se ha dicho muy a la ligera, un enfrentamiento del sector gay con la iglesia católica, el PAN, la ultraderecha, el gobierno de Calderón y la PGR. Aunque el debate actual no hubiese sido posible sin los cuarenta años del feminismo y del activismo lésbico-gay, esta vez en el espacio público y en su mayoría, son heterosexuales los defensores del Estado laico y los derechos de las minorías. Para empezar, los asambleístas del PRD en la ALDF. También, y de manera muy destacada, Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno de la ciudad de México, al tanto de los “costos políticos” (en sus aspiraciones en 2012) que traerá su respaldo al aborto, bodas gay y adopción: “Son de esas disyuntivas de la política de fondo, desde luego que muchos me dicen, ‘no te metas en esos temas’, pues se puede polarizar la opinión… Sí va a tener costo con una parte de la población que no ve bien esas medidas, pero tienes que promoverlas porque ese es el compromiso primordial que tenemos” (10 de enero de 2010). El 29 de enero, Ebrard critica al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, por la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los matrimonios gay, que califica de “grave error”, de intromisión del gobierno federal en las instituciones de la ciudad, y de un intento por limitar los derechos de las personas.

Y también Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advierte:

Así como la Secretaría de Gobernación se retractó de las declaraciones del presidente Calderón (los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron ejecutados en una riña entre pandillas), sería muy interesante que la administración panista ofreciera una disculpa por las afirmaciones del mandatario en torno a los matrimonios homosexuales (8 de febrero de 2010).

Son pobres los resultados de la muy amañada encuesta del PAN, “el partido de la derecha moderna”, donde se habla de “pecado” y se presenta al matrimonio gay como “peligro”: 53 por ciento en contra de los matrimonios y 47 por ciento a favor. ¿Es esa una victoria arrasadora? En muy buena parte del país la mayoría de los encuestados se pronuncia a favor del matrimonio gay y en contra de la adopción, por otra parte con mucho tiempo de existir. Y la controversia en la opinión pública, muy intensa, ofrece un panorama inesperado y no tanto: sectores amplísimos transitan de la etapa de la tolerancia (un espacio de amnistía y buena voluntad) a la etapa de la modernización de las leyes y del respeto a la igualdad ante la ley. Como en el caso de la salud reproductiva, los derechos del colectivo LGBTI son ahora también parte de la causa general del desarrollo civilizatorio. Aun tomando en cuenta las resonancias negativas y el clima de homofobia febril, éste es un gran avance.

Carlos Monsiváis. Escritor. Entre sus libros: Apocalipstick, El Estado laico y sus malquerientes y Amor perdido.