Sexualidad, identidad y ciudadanía en el México contemporáneo

por Ana Amuchástegui y Rodrigo Parrini

Once militares demandaron al gobierno mexicano tras haber sido despedidos del Ejército por ser portadores de VIH (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007), mientras que 302 parejas del mismo sexo firmaron una sociedad de convivencia en la Ciudad de México (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008). Más de diez mil mujeres se practicaron abortos legales en los hospitales públicos de la capital por primera vez en la historia (Grupo de Información sobre Reproducción Elegida, 2009), al tiempo que un grupo de hombres homosexuales se transformaba en un actor relevante en las elecciones municipales y estatales en la ciudad sureña de Tenosique. Entre 2006 y 2008, México fue testigo de un cambio sin precedentes en la actividad legal y política relacionada con la sexualidad. Cada uno de los grupos antes mencionados, sin embargo, enfrentó la defensa de sus derechos políticos desde perspectivas muy distintas, asumiendo diferentes “identidades” en aras de hacer valer estos derechos.

Durante las últimas dos décadas, a nivel internacional, los derechos sexuales han sido promovidos por dos movimientos sociales disímiles, pero que han hecho de la identidad el fundamento de sus luchas. Las mujeres han sido erigidas como sujetos de estos derechos dentro de la prolongada lucha por sus derechos en general (Petchesky, 2000); mientras que los movimientos que promueven los derechos de gay y lesbianas han colocado a la identidad sexual como el fundamento de sus demandas. 1 Las conexiones entre identidad, sexualidad y derechos parecen ser la expresión de un proceso de radicalización de los significados democráticos que pugna por ampliar los derechos de los sujetos más allá de lo civil y lo político.

El surgimiento de estos “nuevos sujetos políticos” ha hecho posible la politización de una nueva serie de relaciones sociales, entre ellas las que se relacionan con la sexualidad, el erotismo y el deseo (Parker, 1994; Terto, 2000; Weeks, 1991, 1993, Amuchástegui y Rivas, 2008). Esto ha motivado una transformación radical de lo político, de modo que “estamos siendo confrontados por el surgimiento de una pluralidad de sujetos, cuya constitución y diversidad es sólo posible pensar si renunciamos a la categoría de ‘sujeto’ como una esencia unificada y unificante” (Laclau y Mouffe, 2001, p. 181).

La construcción de la sexualidad como campo de derechos está vinculada con nociones occidentales de democracia y ciudadanía (Bell y Binnie, 2000). Ha implicado por ello el posicionamiento de la sexualidad como objeto de experiencia e identidad, así como la emergencia de discursos ligados a posiciones de sujeto3 que reclaman la protección y garantía de derechos vinculados con ella. La novedad de las identidades vinculadas con los derechos sexuales —en particular la identidad gay— sugiere que éstas son prácticas discursivas posibles sólo dentro de condiciones históricas específicas. Las identidades son, por tanto, construidas a través de procesos de identificación que, aún siendo parte de un proyecto narrativo individual (Weeks, 1999), sólo existen bajo ciertas conjunciones históricas y subjetivas. Por ejemplo, mientras que en los países occidentales el “dispositivo de la sexualidad” (Foucault, 1978, p. 24) ha hecho de la autodefinición sexual un indicador central de identidad, en América Latina el concepto de sexualidad per se no ha penetrado tan profunda o extensamente. En el caso de México las investigaciones han mostrado que las prácticas sexuales masculinas (con otros hombres) no se vinculan necesariamente a una identidad sexual particular (Carrillo, 2005, Parrini, 2007; Nuñez, 2007, Prieur, 1998). Si esta es una demostración de un funcionamiento específico del dispositivo de la sexualidad, entonces, ¿cómo se construye la relación entre sexualidad, identidad y derechos en este contexto?

En este artículo abordamos dicha cuestión mediante el análisis de los datos que arroja una investigación en curso, en un contexto de importantes y profundos cambios en la legislación mexicana relacionada con la sexualidad. Presentamos diferentes casos que permiten observar los procesos subjetivos y las construcciones discursivas de identidad involucradas en la apropiación de derechos por parte de diferentes grupos.

CASOS DE ESTUDIO

Soldados destituidos como resultado de VIH. En 2005, la Secretaría de la Defensa aceptó públicamente que 110 soldados habían sido despedidos sumariamente por ser VIH positivos (Medellín, 2003). Durante el 2007 muchos de los afectados demandaron a esa secretaría de Estado y once de sus apelaciones llegaron a la Suprema Corte. A través de sus abogados logramos entrevistar a cuatro de estos hombres.

Algunos de los entrevistados provenían de un entorno rural pobre y de comunidades étnicas minoritarias, otros habían recibido mejor educación y oportunidades socioeconómicas. Al momento de ser despedidos tenían diferentes rangos dentro del Ejército. Uno de ellos ganó y otro perdió su caso poco después de la entrevista. Las apelaciones de los dos restantes estaban siendo discutidas en la Corte en ese momento. Su despido los había privado de sustento, vivienda y, aún más importante, de servicios de salud y acceso a un tratamiento antirretroviral. Por eso uno de los entrevistados se refirió a su destitución como una “condena de muerte”. En su opinión, lo que motivó su despido fue una presuposición, por parte del Ejército, respecto a su homosexualidad. Sin embargo, en la defensa de estos militares la sexualidad no fue el campo de litigio, sino los derechos fundamentales al trabajo, la salud y a no ser discriminados por su estado de salud (Amuchástegui y Parrini, 2009).

Mujeres que se han practicado abortos legales en la ciudad de México. Luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizara el aborto en abril de 2007, se solicitó a los hospitales locales que proveyeran los servicios necesarios. Durante el 2007 y 2008 llevamos a cabo un estudio sobre las consecuencias que esto podría generar dentro de un hospital público, entrevistando a doctores, enfermeros, trabajadores sociales y a doce mujeres que solicitaron la intervención médica. La mitad de las involucradas estaban casadas o en una relación de largo plazo; el resto eran solteras. Cuatro de ellas no tenían hijos, la mayoría había cursado educación secundaria. Todas acudieron a dicho hospital porque no podían pagar, ni confiaban en los servicios de un aborto privado, dado que la mayoría eran autoempleadas o amas de casa sin un ingreso propio. En el curso de las entrevistas, sus relaciones de subordinación fueron tan vívidamente descritas que para algunas de las mujeres la interrupción del embarazo significaba su primera decisión tomada de una manera autónoma.

El Club Gay Amazonas en Tenosique. El Club Gay Amazonas fue creado en 1996 por un grupo de hombres gay y transgéneros en Tenosique, en el estado de Tabasco. Además de tratarse de un grupo de apoyo social y psicológico donde sus integrantes pueden socializar, el club es también un grupo político que ha establecido un diálogo con las autoridades locales en su lucha por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas gay y las que viven con VIH. El grupo también realiza labores de prevención de VIH entre los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras sexuales y la población en general.

El trabajo de campo en el club se inició en 2007. Desde entonces, se han realizado más de 50 entrevistas a sus integrantes, funcionarios de gobierno, políticos y otros actores sociales relevantes, con el fin de entender el espacio que éste ha ganado dentro de un contexto intensamente homofóbico.

Hombres y mujeres en Sociedades de Convivencia en la ciudad de México. Cinco años de activismo intenso se necesitaron para que la Ley de Sociedades de Convivencia fuera aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2006 (Cuenca, 2006). Aun cuando su aprobación fue interpretada como una victoria del movimiento por los derechos de los homosexuales, paradójicamente la ley no hace ninguna mención a la sexualidad. En este caso de estudio, pretendemos entender la experiencia de los involucrados al ejercer su derecho a establecer una sociedad de convivencia, por lo que entrevistamos a ocho parejas —cuatro mujeres, y cuatro hombres. En la mayoría de los casos, uno de los miembros de la sociedad era o había sido un activista por los derechos gay.

IDENTIDAD, SEXUALIDAD Y DERECHOS: POSICIONES DE SUJETO Y PROCESOS SUBJETIVOS



Cada grupo estudiado construye diferentes posiciones de sujeto, no obstante todas están marcadas por condiciones estructurales que obstaculizan el ejercicio de sus derechos en el campo de la sexualidad (Parker y Aggleton, 2002). Debido al miedo, la falta de información, el aislamiento, la pobreza, la inequidad de género u homofobia, todos los individuos involucrados han recorrido un largo camino en la lucha por hacer respetar sus derechos. Como resultado, no hubo una sola posición de sujeto que sustentara todos estos procesos y, por el contrario, la posicionalidad de los sujetos estuvo determinada por un rango diverso de factores sociales tales como la clase social y el género.

En ese sentido, nuestro análisis no pretende explicar de manera exhaustiva la complejidad y variabilidad de la acción política manifestada por estos grupos. Si bien esta politización es un resultado histórico, consideramos que dicho proceso debe anclarse en ciertas coordenadas biográficas y subjetivas que les permitan a los sujetos orientar ciertas condiciones sociohistóricas hacia la transformación de relaciones sociales específicas que los oprimen, los subordinan o los degradan.

El análisis de las posiciones de sujeto producidas por los diferentes actores sociales en cada uno de los eventos descritos anteriormente, muestra que ellos forman parte de una lucha más amplia, de largo alcance, que busca expandir las definiciones estrechas de ciudadanía (reducidas a un estatus legal), mediante la elaboración y el reclamo de nuevos derechos. En lugar de considerar la sexualidad y la identidad como polos de una antinomia, el surgimiento de nuevas identidades y derechos colectivos funciona como un desafío a las interpretaciones modernas y universalistas de la ciudadanía (Isin y Wood, 1999).

A pesar de que en términos legales todos los derechos relacionados con sexualidad son derechos individuales, en los casos estudiados las individualidades emergen como múltiples y pertenecientes a colectividades diversas. En ocasiones, estas posiciones de sujeto se relacionan con la acción política de grupos tales como el movimiento gay y lésbico, la lucha de la sociedad civil contra el sida, y los movimientos feministas y de mujeres. De manera relevante, las posiciones de sujeto asumidas por los hombres y las mujeres en los casos estudiados no tienen sus fundamentos en un sujeto individual abstracto, sino en la relación de este sujeto con una identidad colectiva, que se vincula de diferentes maneras con la ciudadanía, el deseo, la reproducción y/o el género. De cierta forma, entonces, las posiciones de sujeto se articulan como un producto colectivo e inestable, cristalizándose en las acciones de individuos que luchan por ampliar los derechos que la ley les ha dado o por ejercer los que tienen.

A primera vista, todos los casos mencionados podrían ser descritos como ejemplos de defensa de los derechos sexuales. Sin embargo, tal afirmación es problemática en dos sentidos. Primero, en la legislación mexicana no existe una especificación formal de “derechos sexuales” y por ende no hay posibilidad de su protección legal (Morales, 2008). Por consiguiente, el uso frecuente del término por parte de activistas y ONGs ha implicado, un sinnúmero de veces, una confusión entre su dimensión política y la operación legal, desacreditando la noción misma de derechos sexuales.

Segundo, no todas las posiciones de sujeto utilizaron a la sexualidad como el fundamento para sostener sus demandas. Entre los casos estudiados, sólo aquellos que habían firmado sociedades de convivencia, y unos cuantos miembros del club gay, colocaron a la sexualidad en el centro de su identidad e hicieron de ésta el eje de su acción política. Los soldados y las mujeres que se practicaron abortos legales no lo hicieron así. De tal manera que el lugar de la sexualidad en estos procesos legales fue tan diferente como lo fue la relación entre sexualidad, identidad y derechos.




Sexualidad en la intersección de identidad y derechos. La naturaleza de las colectividades construidas por cada grupo no es homogénea. Cuando los miembros del Club Gay Amazonas hablaban de un “nosotros”, se referían a un grupo específico de personas a quienes conocen y con quienes conviven cotidianamente; mientras que los hombres y mujeres firmantes de sociedades de convivencia construían una comunidad imaginaria de “personas gay” a la que ellos mismos consideran pertenecer. En ambos casos, el deseo y la sexualidad sostenían la acción política y la exigencia de respeto a sus derechos, aunque de distintas maneras. Los participantes en sociedades de convivencia parecían adherirse con mayor fuerza a una identidad global “gay”, a juzgar por la manera en la que utilizaban el término, la cual “sugiere no sólo una definición sexual sino también emocional” (Altman, 1996), en la que las relaciones homosexuales marcan la creación de una identidad específica. Como uno de los hombres entrevistados expresó, “firmar una sociedad de convivencia es un reconocimiento social que te ayuda a formar tu identidad personal”.

Por su parte, los hombres del club gay definieron su identidad gay bajo sus propios términos: además de sus deseos y prácticas sexuales, hablaron de sí mismos como un grupo que compartía un espacio y un destino biográfico similar. La identidad, específicamente la identidad sexual, abría el espacio en el cual se fundaban sus derechos, y sus demandas consistían en el reconocimiento y el respeto social y legal:
Lo “gay” permite una transformación capital en las trayectorias subjetivas y colectivas de los sujetos que nos interesan. Les permite pasar de las denominaciones tradicionales, fundamentalmente despectivas y excluyentes, a otras mejor connotadas, dotadas de rasgos de orgullo y reivindicación y no sólo de abyección. Es el paso de lo “puto” a lo “gay”, de la heteronomía y heterodenominación a cierta autonomía y autodenominación (Parrini y Amuchástegui, 2008, p. 185).

Tales acciones revelan la politización de las relaciones sociales y las construcciones simbólicas involucradas en el acto de nombrar (en el caso del club), así como formas de alianza y matrimonio (en las sociedades de convivencia). Tanto los miembros de las sociedades de convivencia como los del club gay insisten en transformar la inteligibilidad simbólica para lograr ser incluidos y reconocidos en su propia especificidad y en condiciones de igualdad (Butler, 2004). Basados en prácticas performativas de los cuerpos y las relaciones sociales, su discurso abre una brecha en el seno de nociones naturalizadas de género y heteronormatividad.

La intersección de identidad y derechos: cuando la sexualidad se hace irrelevante. Las mujeres que se practicaron abortos legales hablaron de “nosotras las mujeres” como un sujeto colectivo claramente definido, que sirvió como plataforma para la apropiación subjetiva de ciertos derechos. Esta colectividad imaginada se fundamentaba en eventos corporales que sólo las mujeres pueden experimentar —a saber, el embarazo y el aborto—. Aquí, el “nosotras” no estuvo basado, ante todo, en la performatividad, sino en un cuerpo reproductivo en toda su materialidad. Este “nosotras” es una construcción naturalizada, no tanto del cuerpo en su dimensión biológica, sino como una experiencia común del cuerpo mismo.

En las entrevistas, el aborto siempre fue descrito como una decisión privada e individual de las mujeres, pero no tanto como un derecho: las entrevistadas hablaron del aborto legal más bien como una concesión por parte del “gobierno”. Sin embargo, el hecho de que el aborto se haya convertido en un derecho fungió como una autorización a dicha decisión, lo cual tuvo consecuencias subjetivas importantes. Debido a que la vida de estas mujeres está marcada por condiciones estructurales de pobreza, dependencia y subordinación, el aborto se vivió como una práctica constitutiva de autonomía, cuyas repercusiones iban más allá del evento en sí y generaba un efecto subjetivo de ciudadanía. En este caso —en contraste con los dos mencionados anteriormente— la posición de sujeto “mujeres” como portadoras de derechos advino después de la ley y no antes de ella.

¿Por qué entonces las mujeres no construyeron su sexualidad como materia de derechos? En este contexto, marcado por relaciones sociales de dependencia económica y violencia, la separación entre sexualidad y reproducción no se ha concretado plenamente, de modo que la sexualidad aparece menos como una experiencia de deseo o placer que como un campo potencial de daño y subordinación. Esto es particularmente cierto en una cultura en la que la maternidad es considerada como una característica propia de la feminidad, o incluso una condición para ella, y en la que la reproducción no es tanto una decisión sino una prescripción (Amuchástegui y Rivas, 2008). De hecho, las mujeres en este estudio no hablaban de una ausencia de deseo de ser madres, sino de la imposibilidad de tener ese hijo en particular (para así poder ser mejores madres para sus otros hijos, por razones económicas, por no estar el padre, por proyectos personales, entre otros motivos).

Así, las posiciones de sujeto presentes en los discursos de estas mujeres se apoyan en un proceso previo, impulsado por los movimientos feministas y de mujeres que, en contraste con las comunidades gay, no apuntaba hacia el reconocimiento de una identidad particular —de mujeres—, sino a la politización de dicha identidad a través de la demanda de ser reconocidas como sujetos con el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Si las mujeres enfatizaban la especificidad de sus cuerpos y su subjetividad como una plataforma para ejercer el derecho al aborto, los militares transitaron en dirección opuesta al evadir la especificación de su sexualidad y/o de su identidad sexual. Por el contrario, al afirmar su identidad universal de ciudadanos, argumentaron que el despido fue un acto discriminatorio basado en su estado de salud y una violación a sus derechos al empleo, los servicios de salud y un trato igualitario, mas no a su libertad sexual o autonomía. Uno de los entrevistados en particular, fue muy claro al respecto:
A mí tan sólo me corrieron…y fue un despido injusto. Aunque hay una ley que regula las causales de destitución, es una ley que claramente viola los derechos humanos más esenciales. Entre éstos, nosotros tenemos el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a ser escuchados y defendidos en juicio, el derecho al debido proceso. Estos son principios fundamentales de nuestra Constitución.

La ciudadanía es aquí una forma de identidad política que consiste en identificarse con los principios políticos de una democracia moderna y plural, incluyendo “la afirmación de la libertad e igualdad para todos” (Mouffe, 1999, p. 120). Si bien todos los grupos aquí analizados han luchado para expandir definiciones restrictivas de ciudadanía, los militares también la emplean, paradójicamente, en su acepción limitada de estatus legal, con el fin de hacer valer sus derechos.
De hecho, sus acciones fueron estrictamente individuales en el sentido de que presentaron de manera separada sus demandas legales contra el Ejército. Es sólo a posteriori, al hablar de su experiencia en el proceso —por ejemplo, en la sala de espera del hospital militar— cuando construyen una colectividad: es decir, la de “militares viviendo con VIH”. Sin embargo, esto no aparece como una posición de sujeto en sentido estricto (siguiendo a Laclau y Mouffe), puesto que no es materia de actividad política: el “nosotros” construido por los soldados se abstiene de cualquier particularidad biográfica, sexual o corporal y se mantiene abstracto bajo la forma de “nosotros como ciudadanos”, y “nosotros” como portadores de derechos inalienables.




Es interesante destacar que, aun cuando nunca hubo la intención de una acción colectiva, las demandas individuales de los militares hicieron posible que otros en la misma situación se beneficiaran del fallo de la Suprema Corte, promoviendo un intenso debate social con respecto a la ciudadanía y los derechos concernientes a la sexualidad. Aunque enterrados y silenciados, los aspectos sexuales de la infección por VIH fueron sugeridos una y otra vez durante el proceso legal (Amuchástegui y Parrini, 2009). En las entrevistas los militares dijeron que el espectro de las prácticas homoeróticas perseguía a la infección por VIH “como una sombra”, tanto así que cuando sus compañeros conocieron su diagnóstico las acusaciones e insultos relacionados con la homosexualidad no se hicieron esperar. En una institución como el Ejército promover los derechos a través de demandas vinculadas con la sexualidad no sólo no era una opción para estos militares—en contraste con los grupos gay analizados arriba—, sino que tampoco ellos concebían a la sexualidad como el ámbito a proteger. No es de sorprender, por tanto, que ésta haya sido purgada de sus demandas legales.

Como estos análisis han mostrado, no existe una manera universal de intersección entre sexualidad, identidad y derechos. Cada uno de los casos aquí presentados revela cómo la sexualidad fue incluida o excluida de los procesos políticos y del ejercicio de derechos. Los procesos subjetivos tales como el reconocimiento y la autonomía en relación al cuerpo, deseos e identidades, podrían o no llevar a posiciones de sujeto dentro de estructuras discursivas que conecten la sexualidad con la ciudadanía. Que la sexualidad estuviera o no presente dependía, entre muchos factores, del tipo de experiencia que ésta implicaba para los involucrados: mientras que para hombres y mujeres gay significaba una manera de anclar su inclusión social, para los soldados y las mujeres que abortaron la sexualidad era un espacio de subordinación y peligro. Mientras que los primeros actuaron políticamente para prevenir algún perjuicio contra su sexualidad, los segundos lucharon para reparar el daño provocado por sus consecuencias.

Los tres casos que involucraban a la homosexualidad —el club gay, las sociedades de convivencia y los militares— resaltan, sin embargo, una disyunción con el género debido a la presencia de deseos no normativos, y de una lucha por desnaturalizar el deseo y la experiencia sexual. En contraste, la heteronormatividad y la naturalización de género parecen obstruir la politización de las experiencias de las mujeres, debido a que el aborto tenía que ser explicado y/o justificado por circunstancias adversas de la vida y no sólo por la ausencia de un deseo de maternidad. En cualquier caso, vistos como un todo, la turbulencia ideológica y política que estos sucesos provocaron en la sociedad mexicana fue un acontecimiento importante en la lucha por la hegemonía de los cruces entre ciudadanía y sexualidad. Una concepción radical de ciudadanía que incluya la sexualidad:
[…] Sólo es posible formular adecuadamente un enfoque de esta naturaleza en el marco de una problemática que no conciba al agente social como sujeto unitario, sino como la articulación de un conjunto de posiciones objetivas, construidas en el seno de discursos específicos siempre de manera precaria y temporal, suturada en la intersección de esas posiciones subjetivas (Mouffe, 1999:103).
Aunque no siempre con esa intención, los procesos políticos y subjetivos descritos en el análisis de estos cuatro casos vincularon diversas posiciones de sujeto, desatando con ello un debate social sin precedentes sobre los significados de ser ciudadano. Como todo proceso histórico, esta pugna por la hegemonía continúa.