jueves, 24 de marzo de 2011

País de clientelas: Alberto Aziz Nassif

  • Un video reciente muestra lo que ya se sabe, pero muchas veces se oculta: la democracia electoral en México, supuestamente la parte más avanzada que nos dejaron la transición y la alternancia, está en abierto regreso al pasado. No sólo regresan los que nunca dejaron el poder, sino que lo hacen como lo han hecho toda la vida: tejiendo redes de clientelas.

El video es sobre el municipio de Valle de Chalco, en donde el presidente municipal le da la palabra a un funcionario, el presidente de la junta de Conciliación y Arbitraje de Toluca, José Bernardo García Cisneros, quien expone el plan y la estrategia electoral para el próximo 3 de julio. Esta prueba fue motivo de una demanda del PAN y PRD ante la PGR por violaciones al Código Penal. Veamos qué resuelve la autoridad.

El PRI de siempre, el único que existe, es el partido que usa los recursos públicos con fines partidistas para ganar elecciones, que no es lo mismo que poner en práctica políticas públicas para ganar votos. Es tan conocida esta práctica que ya da cierta flojera volver al tema, pero hay que hacerlo porque el clientelismo es la forma dominante de la política. Uno de los cambios que hay con respecto a lo que antes sucedía es que ahora no sólo el PRI lo hace, pero hay que reconocer que es el partido que mejor sabe hacerlo. Otro cambio es que supuestamente existen mejores instrumentos para regular las contiendas, lo cual implica que el arbitraje digan que es de mejor calidad. Los videos y las redes sociales permiten hoy capturar en imágenes y circular información para hacer una denuncia más expedita. Pero, a pesar de las novedades, de que todos los partidos lo hacen, que hay mejores instituciones y que la información puede circular de mejor forma, los casos de clientelismo no necesariamente se resuelven apegados al Estado de derecho.

¿Qué vemos en el video del funcionario García Cisneros? Simplemente una pequeña muestra de cómo el aparato gubernamental del Estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto, está a disposición del partido tricolor para ganar votos. Cuando se arman las piezas lo que nos queda es lo siguiente: como decía Pablo González Casanova en los años 80, la oposición no compite contra el PRI como un partido más, sino contra el Estado, con todos sus recursos. Sigamos el dinero: con un presupuesto estatal cada vez mayor, con pocos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y cuando se logra hacer una fiscalización de un recurso desviado o mal aplicado no hay penalización, podemos establecer que lo que se prepara en tierras mexiquenses es una estrategia electoral, con todo el aparato de gobierno, con las estructuras municipales, con las redes de funcionarios estatales predispuestas a operar las elecciones, para conformar una organización en donde casa por casa se hará un trabajo de reparto. Porque como dijo García Cisneros, se trata de repartir “los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar, aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas alimentarias, las despensas bicentenario. Todo ello habremos de irlo entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y con las gentes de la Secretaría del Trabajo, que son los representantes del gobierno del estado, precisamente, en este lugar”. Así funciona el país de clientelas del PRI.

¿Qué tan sometido está el árbitro electoral del Estado de México? Diversos analistas han escrito cómo está capturado por el gobierno estatal, cómo los puestos de consejeros tienen una mayoría tricolor; nada menos el funcionario del video fue consejero electoral. Si a ello sumamos los abusos del Tribunal Electoral del Estado, cuyos integrantes cobran por adelantado jugosos bonos, y su poca eficacia, se puede prever que los conflictos de la próxima elección terminarán en el Tribunal federal.

Llama la atención el discurso de “naturalización” de los priístas. Dinero público de todos, políticas públicas para todos, programas sociales para los pobres, se reparten en la lógica clientelar de favores por votos. Eso es lo “normal”, así son las cosas. Hace más de 25 años me encontré en el estado de Chihuahua con líderes sindicales que organizaban las elecciones y repartían los recursos igual que hoy lo hace el funcionario García Cisneros en Valle de Chalco, con la misma naturalidad para usar los recursos públicos y ganar votos. ¿Cómo explicarnos un país que ha cambiado de forma radical, pero el PRI sigue siendo el mismo de siempre y se presenta como el futuro?

Investigador del CIESAS

REGENERACION EL PERIODICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y EL PUEBLO ORGANIZADO

Discurso de Andrés Manuel López Obrador, en la presentación del Nuevo Proyecto de Nación, en el Auditorio Nacional

Amigas y amigos:

Es un hecho trascendente presentar el día de hoy el Nuevo Proyecto de Nación para lograr el renacimiento de México.

Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto.

Ante esta amarga realidad, afortunadamente muchos mexicanos sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la Nación.

Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la Nación y del pueblo.

Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no sólo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país.

Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública.

De modo que sabemos dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz.

50 acciones para la regeneración nacional

De eso trata, precisamente, el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo 50 acciones indispensables para la regeneración nacional.

En primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución, se acatan pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad sólo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos.

En los hechos, la mayoría de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Corte, para lograr que este tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley.

Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita.

Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia.

Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y en el concierto de las naciones.

La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3 mil kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, intervencionismo, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio. Así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte.

Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal. La capital de la República contará con plenos derechos.

Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios.

Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al internet como parte del derecho constitucional a la información.

Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrán cacicazgos como el de Elba Esther Gordillo que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero.

Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución.

Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos.

Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43 por ciento más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por sólo mencionar una de las transas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad.

Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras, nacionales y extranjeras, que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país.

Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal.

Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de expresidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías.

Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no sólo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y del déficit público.

Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera.

No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.

Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio se revisarán las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad.

Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo, la perforación, la producción, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar toda la cadena de valor y convertir a éste sector en palanca del desarrollo nacional.

Se explotará racionalmente el petróleo, teniendo siempre presente que se trata de un producto no renovable y que nuestra generación está obligada a cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas.

Se dejará de vender, gradualmente, petróleo crudo al extranjero para procesar toda la materia prima en nuestro territorio; se construirán 5 refinerías: en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y en Atasta, Campeche, con el propósito de generar empleos y dejar de importar 500 mil barriles diarios de gasolinas y diesel, que representan el 50% del consumo actual, con una erogación de 20 mil millones de dólares anuales.

Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la creciente dependencia del exterior.

Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra, a precios elevadísimos, de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80 mil millones de pesos del presupuesto público cada año.

Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias.

Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de pequeños y medianos empresarios.

Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos; se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. En el entendido que las pequeñas y las medianas empresas, industriales, agropecuarias, de servicios y comercio, generan el 90 por ciento de los empleos existentes.

Se otorgarán concesiones para la creación de bancos regionales y por ramas productivas, con la finalidad de contrarrestar la falta de créditos y la usura. De esta forma se romperá la inercia de las actuales instituciones financieras que viven, fundamentalmente, a expensas de cobrar altas comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno.

Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr, al mismo tiempo, la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos.

Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, la meta es realizar un millón de acciones al año y generar 500 mil empleos.

Se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste. Actualmente, existen 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local.


Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de 2 puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente y con la participación de las comunidades de la región. También sigue en pie, el compromiso de comunicar al país con ferrocarriles rápidos de pasajeros.

Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios.

Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas, pesqueras, de producción, de servicios y de consumo. El modelo a seguir y a reproducir es el de la Cooperativa Pascual, esta sociedad beneficia a 5 mil trabajadores, compra a los productores nacionales 20 mil toneladas de frutas para producir una bebida de muy buena calidad, a diferencia de los productos chatarra que dañan la salud y el bolsillo.

Se atenderá con esmero la actividad turística: México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora y fauna de excepción, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores.

Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora, y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo; que proteja los derechos laborales de hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que incluya el desarrollo urbano de colonias populares. Es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios.

Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración.

Vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.

Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400 mil empleos anuales.

Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico, se llevará a cabo afectando el medio ambiente; es decir, se protegerán los recursos naturales, la flora y la fauna, y se evitará la contaminación del suelo, del agua y del aire.

Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que en donde hay carencias, pobreza y marginación, no lleguen los apoyos que se necesitan. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% del presupuesto público.

Vamos a establecer el Estado de Bienestar; es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y para las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos y con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares.

Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo. Es decir, alrededor de 900 pesos al mes.

Todos los jóvenes podrán ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Habrá 100% de inscripción. Se terminará con el pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300 mil jóvenes cada año. Ha sido irresponsable poner la educación al libre mercado como si se tratara de una mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social. Las cárceles están llenas de jóvenes.

De los 36 mil asesinados, por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría eran jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio.

Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo en los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte.

Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos, escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la promoción artística y cultural.


La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostengo que nosotros sí vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos, no con criterios policíacos, como lo hace el gobierno usurpador, que sólo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo, la más eficaz la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo a los jóvenes. Lo primero será crear una atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad.

Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado.

Esta nueva estrategia será complementada con las siguientes medidas: no se perseguirá a una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo; no se permitirá la venta de plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, no como Genaro García Luna, por mencionar un caso. Todas las dependencias trabajarán coordinadamente, el presidente de la República tendrá reuniones diarias con el gabinete de seguridad, en las cuales participarán los secretarios de desarrollo social, salud y educación.

Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos; habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones; se protegerán los derechos humanos; habrá una sola oficina de inteligencia; se le seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza, al gobierno estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país.

Nos proponernos transformar a México, buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo; es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales.

La crisis actual no sólo se gestó por la falta de empleos y de oportunidades sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud, se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.


Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo.

El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistiremos en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo.

Sólo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más, y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación.

Amigas y amigos:

Este es el plan que proponemos para lograr el renacimiento de México. El conjunto de estas acciones refleja el sentir y el pensamiento de muchos mexicanos que anhelan vivir en una sociedad mejor y desean heredar a las nuevas generaciones una patria libre, igualitaria y fraterna.

En esencia, se propone transitar por un camino del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos.

Este nuevo proyecto de Nación se presenta al mismo tiempo que estamos construyendo, desde abajo y entre todos, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Informo que ya contamos con 2 mil comités municipales integrados por 14 mil ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes y comprometidos con esta noble causa.

También hemos decidido crear un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales del país, hasta ahora llevamos 25 mil, en los que participan cerca de 100 mil ciudadanos. A finales de este año, cuando lleguemos a la meta de los 65 mil comités seccionales, estarán participando alrededor de 250 mil dirigentes de base en todo el territorio nacional. Para entonces habremos construido la organización más importante que se haya visto en la historia de México.

De igual forma estamos convocando a todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Un protagonista del cambio verdadero es una mujer, un hombre, consciente de la realidad y dispuesto a transformarla; que nos tiene confianza y está dispuesto a participar.

La tarea de cada protagonista es convencer a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa o jefe de familia, su labor consiste en invitar a los miembros de la familia; si no le alcanza con ellos, con vecinos, amigos, compañeras o compañeros de trabajo. Se trata de que cada quien haga lo que le corresponde para cumplir con la misión de salvar a México.

La meta para finales de este año es llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero, con la idea de que si cada uno convence a 5, se puede contar con 20 millones de ciudadanos para llevar a cabo la transformación del país, sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo.

Es importante aclarar que esta organización no sólo se está construyendo para ganar la Presidencia de la República, sino también para realizar los cambios que requiere el país, y eso es lo principal. Se trata de la creación de un poder ciudadano, de un poder social, que acompañe y respalde al nuevo gobierno democrático en la aplicación de las reformas que son indispensables.

Mal haríamos si después del triunfo, como sucede siempre, el gobierno se divorcia del pueblo. Proceder así implicaría que el gobierno se quedara solo, sin fuerza para enfrentar la resistencia al cambio de los grupos de intereses creados, y lo peor de todo es que no se podrían cumplir los compromisos contraídos con el pueblo.

Tengamos presente que la oligarquía seguirá existiendo, que no los vamos a desaparecer o a desterrar, la gran diferencia será que ellos ya no tendrán el mando, que habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero como es lógico, siempre estarán presionando para mantener y acrecentar sus privilegios, y por eso es indispensable contar con el apoyo y la participación organizada del pueblo. No olvidemos que esta lucha no es nada más para llegar al gobierno, por cargos públicos, sino para llevar a cabo la transformación del país.

Amigas y amigos:

Las cosas están bastante claras. No perdamos de vista que para muchos mexicanos nuestro movimiento es la única esperanza. Y no nos confundamos, el PRI y el PAN representan los mismos intereses, los dos partidos están al servicio de la oligarquía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: se pueden pelear cuando se trata de asuntos menores o de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio mantener la política económica de elite, que ha llevado a la ruina al país y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se ponen de acuerdo.

Lo estamos viendo ahora en el acuerdo al que han llegado para aprobar la reforma laboral, que significa reducir derechos a los trabajadores y eliminar prestaciones sociales. Estoy seguro que los diputados y senadores de nuestro movimiento harán todo lo que sea posible para frenar este nuevo agravio a los trabajadores de México.

Son lo mismo Salinas, Fox, Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, Calderón, Peña Nieto o Elba Esther Gordillo. Tenemos que respetar a los panistas y priistas de abajo que están igual de amolados, desinformados y esperanzados como la mayoría del pueblo, pero los panistas y priistas de arriba pertenecen a la misma mafia de poder responsable de la actual tragedia nacional.

También es importante que no nos dejemos apantallar, porque si bien es cierto que esta minoría rapaz ha llegado a acumular mucha riqueza mal habida y son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, se trata de gigantes con pies de barro, porque no son más que una pandilla de delincuentes de cuello blanco.
Pensemos que en nuestro movimiento participan millones de hombres y mujeres con firmes convicciones y elevados valores morales. Y esto es lo mero principal. Con mexicanos así, con gente como ustedes, lo imposible es posible. Además, ya está despertando más gente. Y me consta que se están apuntando diariamente alrededor de 10 mil ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero.

De modo que no perdamos la fe, vamos a restaurar la República, tenemos lo fundamental: un Proyecto Alternativo de Nación, se está construyendo la organización que se necesita y líder no va a faltar.

Y para que no haya dudas, reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones de 2012, porque le vamos a volver a ganar a la mafia del poder la Presidencia de la República.

¡Viva la nueva República!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¿Agentes externos armados?, obviamente no/ Lorenzo Meyer

La resistencia a aceptar que los agentes extranjeros que actúan en nuestro territorio estén armados tiene razones históricas de ser

Diferencias

Las diferencias entre México y Estados Unidos llevan a que un mismo hecho -por ejemplo, la reunión en Washington de los jefes del Ejecutivo de ambos países el 3 de marzo pasado- pueda ser interpretada de manera casi opuesta en cada lado de la frontera.

Este encuentro se reportó en la nación vecina como un éxito que supuestamente disminuyó la tensión acumulada entre los dos gobiernos en torno a elementos centrales de la política binacional contra el narcotráfico (The New York Times, 4 de marzo). Tras la conversación privada, el presidente Obama expresó que no tenía más que "admiración" por la política seguida por su contraparte mexicana en ese campo y se comprometió a dejar resuelto pronto un problema que se viene arrastrando desde 1994: el incumplimiento por parte de Estados Unidos del acuerdo para que ingresen a ese país los camiones con mercancías procedentes de México, tal y como se estipuló en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En contraste, la perspectiva mexicana ve poco que celebrar en el resultado de la reunión (véanse las reflexiones de Olga Pellicer en Proceso, 6 de marzo). Hoy, lo más importante para el interés mexicano en su relación con el vecino del norte no es el cruce camionero (para compensar el incumplimiento, México ya le impone un castigo tarifario a ciertas mercancías procedentes de Estados Unidos), sino resolver los problemas de los millones de indocumentados mexicanos en ese país y que Estados Unidos confronte a fondo un asunto suyo que afecta a México de manera fundamental y que es, a la vez, político, policiaco, legal y moral: su imbatible demanda de drogas ilícitas y su falta de control sobre el comercio de armas en el mercado fronterizo.

Sin embargo, y en la práctica, en la agenda norteamericana los temas de las drogas y del comercio casi irrestricto de armas de asalto son secundarios por políticamente costosos y, en parte, por insolubles. En contraste, en México ambos fenómenos tienen efectos devastadores: miles de muertos anuales, agudización de una corrupción endémica, arraigo de una narcocultura de impunidad y brutalidad extrema, destrucción del tejido social en regiones enteras, transformación del papel del Ejército. Finalmente, aquí y en Washington, Calderón se quejó públicamente del embajador norteamericano, Carlos Pascual, al que ya no le tiene confianza como resultado de la inesperada publicación de algunos de los cables confidenciales del embajador al Departamento de Estado -filtrados por WikiLeaks-, pero la Casa Blanca no respondió como deseaba el "admirado" líder mexicano sino al contrario: reafirmó su apoyo a Pascual. Por ello, ambos gobiernos quedaron en un callejón diplomático sin salidas fáciles: el mexicano porque ve rechazada públicamente su demanda, y el norteamericano porque su embajador queda inutilizado como gestor de la agenda de su país en el nuestro.



Un tema periférico que puede ser central

Un elemento que conformó la atmósfera en la que se llevó a cabo la entrevista Calderón-Obama fue el asesinato a mediados de febrero de un agente norteamericano de la ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) cerca de San Luis Potosí. Ese asesinato, presuntamente cometido por miembros de un cártel de narcotraficantes, volvió a poner sobre la mesa de la discusión de la relación México y Estados Unidos -y a subrayar de nuevo la diferencia de enfoques e intereses- un tema añejo: la presencia y el papel de agentes del gobierno norteamericano en nuestro país -presencia que causa malestar y recelo en México- y la forma como se les debe proteger. Washington desearía que esos agentes pudieran portar armas para su defensa, pero México no.

Tras la entrevista con Obama, Calderón se dijo dispuesto a discutir la mejor forma de cuidar de los agentes norteamericanos que operan en nuestro país, pero sin aceptar que puedan portar armas (Reforma, 4 de marzo). Desde la perspectiva dominante de este lado del Río Bravo, esta posición es la adecuada, aunque lo ideal sería que no hubiera necesidad de agentes norteamericanos actuando en México. En Estados Unidos, por el contrario, se supone que lo mínimo que se puede y debe ofrecer a quienes se mueven en terrenos de peligro es que puedan ejercer el derecho a la defensa propia. En medio de esta divergencia, no está de más recordar por qué en México resulta políticamente inaceptable que agentes de un gobierno extranjero, particularmente del norteamericano, puedan actuar como si fueran otros tantos James Bond, el famoso personaje de ficción de Ian Fleming, y agente del M16, que en el desempeño de sus misiones secretas tiene "permiso para matar" en cualquier parte del planeta.



La raíz

La razón del rechazo en México a la presencia de agentes armados norteamericanos es, además de legal, histórica. A raíz de su derrota en la guerra con Estados Unidos de 1846-1848, México quedó encuadrado como miembro de un subsistema internacional no formal pero muy real del norte de América y subordinado a la creciente hegemonía estadounidense. Desde entonces, ese control de Washington sobre su entorno regional no ha hecho sino acrecentarse. Por eso, y para México, cualquier gesto de independencia frente al centro hegemónico, aunque sea simbólico, resulta importante en su esfuerzo permanente por mantener una identidad nacional donde muchos de sus elementos están constantemente en fuga.

Concluida la "aventura francesa" en México en 1867 y restaurada la República, el control y la estabilidad de la frontera México-Estados Unidos se convirtió en un problema internacional serio debido a las incursiones de los llamados "indios bravos" y al abigeato en ambos lados del Bravo. Como consecuencia, a partir de 1877 Washington autorizó a su Ejército el cruce sistemático de la frontera con México cuando sus fuerzas fueran en "persecución en caliente" de indios o supuestos cuatreros. La debilidad mexicana no pudo evitar esa violación armada y sistemática del territorio y de la soberanía, pero el gobierno de Porfirio Díaz intentó salvar las formas sugiriendo a Washington un acuerdo que también permitiera a las fuerzas mexicanas cruzar la frontera hacia el norte cuando la ocasión lo requiriera; la respuesta norteamericana fue una negativa rotunda: su política era unilateral. Así la mantuvo hasta 1880, cuando el Departamento de Guerra en Washington rescindió la orden porque ya el gobierno de Díaz había hecho un enorme esfuerzo para poner orden en el lado mexicano de la frontera.



El caso en el Siglo XX

La Segunda Guerra Mundial fue uno de esos raros momentos en que las políticas externas de Estados Unidos y de México coincidieron en forma y fondo al punto de forjar una alianza que, a su vez llevó en 1941 a la creación de una Comisión de Defensa Conjunta México-Estados Unidos. Inicialmente Estados Unidos buscó establecer aeropuertos, bases navales y estaciones de radar en México. Sin embargo, la diferencia de posiciones entre la gran potencia y el "aliado desconfiado" -México- llevó a que sólo se pudiera concretar el establecimiento de varias estaciones de radar en el Pacífico. Esto se debió, entre otras cosas, a que no obstante ser aliados formales en una guerra de dimensiones globales, México se negó a entregar el control de las posibles bases a los norteamericanos e incluso a recibir en su territorio a soldados de ese país armados, por considerar que su presencia en esas condiciones violentaba "la armonía característica de la relación militar entre los dos países". Así, el gran proyecto de construir bases navales o aéreas de Estados Unidos en México se esfumó y los militares norteamericanos que junto a mexicanos manejaron los radares no estuvieron armados (Susana Chacón, "La negociación del acuerdo militar entre México y los Estados Unidos, 1940-1942", Foro Internacional, XL, 2, p. 330).

Si en aquella gran guerra mundial México insistió en que la presencia norteamericana en su territorio fuera desarmada, difícilmente en la actual miniguerra contra el narcotráfico, las condiciones pueden ser diferentes. Lo anterior no significa que el problema no se discuta y que no se busque una fórmula para mejorar la protección de todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben de poner a trabajar sus respectivas imaginaciones para encontrar una solución mutuamente satisfactoria, es decir, una que proteja a los agentes extranjeros pero sin echar por tierra una política mexicana arraigada y que tiene sobradas raíces históricas, de identidad y de soberanía siempre inseguras.