La decena trágica por Alejandro Encinas

La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.

Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.

No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.

Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes. La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.

Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.

Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.

La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.

La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.

En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Coordinador de los diputados federales del PRD

Contra el silenciamiento Alberto Aziz Nassif

EL UNIVERSAL MARTES 31 DE AGOSTO 2010

Los postulados y conclusiones sobre el estado que guardan en México la libertad de expresión, las muertes y amenazas a periodistas, las instituciones que regulan a los medios y el acceso a la información, ya son conocidos, pero cuando se sintetiza en un documento completo se obtiene un resultado muy preocupante. Eso es lo que hicieron Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, en una visita reciente de 16 días a nuestro país.

Frecuentemente se escuchan expresiones que señalan a México como una democracia vulnerada o un Estado fallido, y después de ver el trabajo de estos dos relatores podemos agregar que esas tesis tienen sustento porque nuestras libertades están amenazadas. El balance nos muestra que, a pesar de las reglas constitucionales, los avances en leyes sobre la transparencia y la creación institucional, los resultados son precarios y las amenazas crecientes. El informe de los relatores presenta esa cara de la violencia que asesina a periodistas, intimida, sanciona la libertad de expresión. A esta situación grave se añade el carácter monopólico de los medios, las debilidades de la regulación pública, tanto en la letra como en la práctica; la imposibilidad de tener medios alternativos, los excesos de la publicidad política y gubernamental, y las restricciones en el acceso a la información pública.

La tesis de que una democracia necesita de un Estado que sea el garante de los derechos ciudadanos y de las libertades, resulta violentada de forma brutal en México, como lo señalan los relatores de Naciones Unidas. La violencia insoportable que nos amenaza todos los días y debilita nuestra condición ciudadana, tiene consecuencias: hoy ejercer el periodismo puede llevar a perder la vida. Así, mientras el país rueda cuesta abajo, la clase política se descalifica, los priístas le dicen “inepto” al Presidente y a su gobierno, y los panistas califican a sus opositores del tricolor de “oposición retrógrada”.

Cada diagnóstico que se hace, muestra con claridad los problemas, pero también las propuestas de salida y las recomendaciones, como en este caso. Al mismo tiempo, de forma sistemática se ve la ineptitud de los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son oposición, una distinción que ya resulta un poco artificial porque en los tres grandes partidos se ejerce el gobierno. Los problemas apuntan en la misma dirección: corrupción, delincuencia organizada, impunidad, ineficiencia en los instrumentos y debilidad en las estrategias para enfrentar en serio estas amenazas. Poco a poco el crimen organizado gana batallas, asesina y silencia periodistas, amenaza medios locales y nacionales y con ello impone un clima de autocensura. Mientras tanto, crece la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, a tal grado, que los relatores calificaron a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”. Y seguramente será también el más peligroso para los migrantes centroamericanos.

Existe una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, pero, como dice el dicho, si quieres que algo no se solucione en el país, crea una fiscalía especial. Se fabrican espacios institucionales donde no hay voluntad política, ni autonomía, ni recursos y menos competencias adecuadas, como sucede con esta fiscalía.

De las múltiples recomendaciones que hacen Botero y La Rue, se desprende una agenda de pendientes, que no es nueva, pero que cada vez se vuelve más urgente de atender: desde detener la violencia que ya produjo, en los últimos 10 años, el asesinato de 64 periodistas y la desaparición de otros 11, combatir la enorme impunidad que rodea a estos crímenes, pasando por una reforma que regule el espectro radioeléctrico y cumpla con la sentencia de la SCJN de junio del 2007; romper con el carácter monopólico de los medios y darle autonomía al órgano regulador, que cada vez está más controlado por el gobierno, hasta construir alternativas para la defensa y protección de la libertad de expresión, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la autonomía de la Fiscalía Especial.

Las miradas externas y las visiones internacionales de cómo está la libertad de expresión son muy útiles. Pero seguir apelando a la clase política es inútil, por eso las iniciativas necesitan salir de la misma sociedad y de los medios, porque los políticos sólo piensan en ganar el 2012 para seguir con más de lo mismo.

Investigador del CIESAS

La libertad de expresión y el clero

Lorenzo Cordova Vianello en EL UNIVERSAL 25 DE AGOSTO 2010

Las inaceptables declaraciones del cardenal Sandoval Íñiguez ante la resolución de la SCJN que declaró constitucionales los matrimonios entre personas de un mismo sexo y el consecuente derecho de adopción, así como las afirmaciones de Hugo Valdemar, vocero de la Aquidiócesis de México, en el sentido de que el PRD es el principal enemigo de la Iglesia católica, de una “sociedad con valores” y que “ha hecho más daño que el narco”, han vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre los límites a la libertad de expresión y el papel del clero en la vida política.

Ante todo debemos recordar que en las democracias constitucionales no hay libertades absolutas. Por definición, la convivencia pacífica que subyace a las democracias implica que, en el ejercicio de su libertad, una persona encuentra un límite natural a la misma en las libertades y derechos de los demás individuos; ello constituye la premisa primera de una coexistencia democrática.

La falta de límites al ejercicio de las libertades caracteriza al estado de naturaleza, mismo que se define por la falta de reglas mínimas de convivencia entre individuos y, por ende, en la confrontación real o potencial que el abuso del derecho de algún individuo supone frente a quien se ve lesionado o agredido por ese abuso.

Lo anterior implica que para que la paz social sin la cual, se insiste, una democracia es impensable, todas las libertades tienen límites intrínsecos que suponen una frontera de licitud en su ejercicio. Se trata de límites que suponen el ejercicio responsable de las libertades.

La libertad de expresión, cuya protección y garantía es condición sine qua non en todo régimen democrático que se precie de ser considerado tal, no es la excepción. El mismo artículo sexto constitucional en donde se reconoce y protege el derecho a la libre expresión de las ideas establece en el “ataque a la moral”, “los derechos de tercero”, “el provocar algún delito” y en la “perturbación del orden público”, límites naturales, consustanciales a ese derecho. Se trata de fronteras de ejercicio que acompañan a la libertad de expresión en toda circunstancia.

En ese sentido, uno no puede ir por la vida acusando a otros de la comisión de algún delito, por ejemplo, sin presentar pruebas o sin interponer la denuncia correspondiente. Sandoval Íñiguez no puede pretender, aunque su moral y sus convicciones personales —y por ende privadas— se vean afectadas por la reciente decisión de la SCJN, acusar de corrupción a varios servidores públicos sin que a ello recaigan consecuencias jurídicas. Y no puede, simplemente, porque eso implica la afectación de derechos de terceros. Ni más ni menos.

Pero además, el ejercicio de las libertades, en general, y de la libertad de expresión, en particular, tiene otros tipos de limitaciones legítimas en su ejercicio. Se trata de límites extrínsecos que dependen del contexto en el cual dichas libertades son ejercidas. Ello ocurre, por ejemplo, en el ámbito político-electoral, en donde la libertad de expresión se ve sometida a una serie de restricciones adicionales a las que les son propias, y que resultan del respeto a las reglas y de los principios fundamentales del régimen democrático. La misma SCJN así lo ha reconocido en su jurisprudencia (tesis 2/2004), al sostener que el ejercicio de los derechos fundamentales debe correlacionarse con los postulados que regulan la vida democrática, de donde se desprende la licitud de ciertas restricciones adicionales a las intrínsecas al derecho, siempre y cuando no lleguen a desnaturalizarlo.

Eso justifica que la prohibición que el artículo 130 establece en el sentido de que los ministros de culto no pueden ser votados, ni asociarse políticamente, ni realizar proselitismo en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Esa restricción adicional, que se traduce en el caso específico de la libertad de expresión en la imposibilidad de hablar a favor o en contra de algún partido político, precisamente lo que irresponsablemente hizo Hugo Valdemar, se desprende de la posición de privilegio y la capacidad de influencia que el ministerio les proporciona a los sacerdotes sobre sus fieles.

Lo que la Constitución procura es evitar la injerencia de los pastores de almas, los poseedores de la verdad religiosa frente a sus fieles, en materia política. Si eso no les gusta, la solución es muy sencilla: abandonen el hábito y ejerzan a plenitud sus derechos políticos.

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia.

La alternancia: Diez años después 1. Ni mejores, ni peores

MARIA AMPARO CASAR REVISTA NEXOS AGOSTO 2010

Resulta una mala lectura —y habla de la cultura presidencialista que nos persigue— decir que el 2 de julio de hace 10 años se dio fin a 70 años de “autoritarismo” priista o que México por fin transitó a la democracia. La apertura democrática comenzó mucho antes y poco a poco fue avanzando. El autoritarismo priista también llegó a su fin mucho antes. De otra manera no hubiese habido alternancia dentro de la institucionalidad vigente.

Transición y alternancia son fenómenos distintos. La transición es un proceso que transforma a un régimen en una o varias de sus dimensiones estructurales. Por ejemplo en su forma de gobierno o en su sistema electoral y de partidos. En contraste la alternancia es, simple y llanamente, el cambio de partido en el poder.

Los resultados de la transición y los de la alternancia deben tratarse por separado. La transición tuvo como consecuencia tres logros perfectamente identificables y que guardan una relación causal entre sí: el establecimiento de un marco institucional que permitió elecciones equitativas, el tránsito de un sistema de partido hegemónico a uno plural y la vigencia del sistema de división de poderes y pesos y contrapesos que caracterizan al sistema presidencial.

Los límites al poder presidencial comenzaron cuando el titular del Ejecutivo fue despojado de sus facultades para controlar la arena electoral y decidir quién ocuparía los cargos de elección popular, cuando para aprobar una ley dejó de ser suficiente que él girara instrucciones a sus legisladores, cuando se le acabó la fiesta de remover a los gobernadores incómodos, cuando se materializó la idea de que una acción de gobierno podía ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, cuando el Banco de México dejó de recibir órdenes desde Los Pinos, cuando tuvo que pensar dos veces una acción de gobierno ante el temor de recibir una recomendación de la CNDH.
Todo esto pasó antes de la alternancia. Fox y Calderón estuvieron un poco más acotados que Zedillo como consecuencia de la distribución del poder político pero no mucho más.

La pregunta es entonces qué ha ocurrido no en los 30 años que llevamos en ese proceso que llamamos transición a la democracia sino en los 10 años de alternancia y la respuesta es algo decepcionante. Poco ha sucedido en términos de cambios en la estructura de poder, menos aún en las prácticas políticas.

En realidad los gobiernos de la alternancia no han sido ni mucho mejores ni tampoco mucho peores que los anteriores. Han sido, eso sí, decepcionantes porque las expectativas generadas por la alternancia fueron desproporcionadas. Después de 70 años de un mismo partido en el poder se nos metió en la cabeza que el mero cambio de partido en la presidencia llevaría a la transformación radical del país en todos los órdenes. La decepción con la alternancia ha sido de la misma magnitud de las expectativas que ella generó. Se creyó que los males asociados al régimen priista —corrupción, impunidad, privilegios, uso patrimonial de los cargos públicos, corporativismo y clientelismo— desaparecerían. Lo que sucedió es que se amplió el padrón de beneficiarios de esos males; que los bienes que esos males acarreaban dejaron de concentrarse en un solo partido y se repartieron entre tres.

Lo mismo ha ocurrido con las alternancias en los estados. Desde 1989 se registra alternancia en el poder en 19 de las 32 entidades federativas. Lo que no se registran son cambios importantes ni en la políticas públicas impulsadas que pudieran traducirse en el mejoramiento de los índices de pobreza, de marginación, de cobertura y calidad de los servicios públicos, ni tampoco en los índices de buen gobierno: eficiencia gubernamental, capacidades institucionales, transparencia y legalidad.

La democracia mexicana ha avanzado poco desde el año 2000. Son más las instituciones y prácticas que lograron permanecer inalteradas que las que lograron romperse. Hay desde luego avances. Ahí está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del sexenio pasado o las Acciones Colectivas de éste. Pero no mucho más. Reformas como la de Seguridad y Justicia aún esperan su traducción en leyes e instituciones que las vuelvan operables. Entonces se podrán evaluar.

En realidad, hay signos preocupantes. Si de indicadores políticos se trata, los resultados de 2000 a la fecha no son de presumir. La satisfacción con la democracia ha descendido de 41% a 28% y el apoyo a este sistema de gobierno ha bajado de 54% a 42%; 65% piensa que las elecciones no son limpias; el 68% expresa que las leyes benefician a unos pocos, las instituciones peor valoradas son los partidos y los legisladores, al 72% de la población la policía le inspira poca o ninguna confianza; ni la percepción ni los índices de corrupción han disminuido y la percepción mayoritaria de los ciudadanos es que el poder se ejerce para unos cuantos y en beneficio de los intereses de aquellos que detentan algún cargo público.

Si pasamos a las prácticas políticas tampoco se aprecian grandes transformaciones. Los partidos y gobernantes —independientemente de su filiación política— se aplican en capturar los órganos autónomos o en repartirse su integración vía cuotas, en dejar impunes las violaciones a las leyes establecidas, en mantener privilegios monopólicos, fiscales, sindicales, burocráticos y comerciales, en utilizar políticamente los programas sociales, en el tráfico de influencias, en el ocultamiento de la cuenta pública.
Tres grandes pendientes o tres estructuras ha dejado intocadas la transición y poco empeño han puesto en ellos los gobiernos de la alternancia: la estructura federal que revela la persistencia de sistemas políticos estatales operando más acorde con el viejo presidencialismo que con la división de poderes y de pesos y contrapesos del orden federal; la estructura de justicia con su secuela de privilegios y excepciones y de corrupción e impunidad generalizada; y la estructura de poder real con su correlato de poderes que sin representación alguna definen por la vía de los hechos las políticas públicas.

Sin embargo, y en descargo de la alternancia, puede decirse que lo cierto es que en un sistema que ha garantizado condiciones equitativas en el acceso al poder y que hoy registra una amplia pluralidad en el reparto de los cargos de representación popular, la responsabilidad por los buenos o malos resultados en materia política no es responsabilidad exclusiva del partido en el gobierno aunque sea éste el que pague los costos mayores. El problema seguirá vigente con o sin el PAN en el poder mientras que las fuerzas políticas no internalicen que la ecuación de la democracia tiene dos lados. Mientras no comprendan que la democracia conlleva y exige no sólo la representación plural sino la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad, no sólo la autonomía de los estados sino su responsabilidad, no sólo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno sino su colaboración, no sólo el establecimiento de nuevas reglas de la competencia sino la disposición a respetarlas, no sólo la creación de órganos autónomos sino el compromiso de no capturarlos y acogerse a sus decisiones; no sólo el cambio de normas sino su aplicación sin excepciones, no sólo la ampliación de derechos sino la creación de condiciones para su ejercicio. Pusimos en práctica las primeras pero no las segundas.

María Amparo Casar. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.

ALBERTO AZIZ NASSIF CRISIS DE SEGURIDAD Y POLARIZACION

EL UNIVERSAL 24 de agosto de 2010

Hoy, cuando el miedo y el desasosiego rondan por todos los rincones del país, comprobamos cotidianamente que México ha perdido un bien fundamental, la seguridad. Al mismo tiempo, vemos a un gobierno que obsesivamente repite que seguirá con más de lo mismo hasta el final del sexenio, y escuchamos a una oposición que, de forma repetida, señala los errores del gobierno, pero en ninguna de las dos partes existe la voluntad de sentarse en una mesa a ver por el país, más allá de la demagogia acostumbrada y los cálculos electorales, que se han vuelto el principio y el fin de la política en el país.

¿Por qué se ha estructurado así la política de este país? Hay en la historia nacional, múltiples registros de una polarización entre las fuerzas gubernamentales y la oposición, que han generado rupturas sistemáticas a través de los diferentes tipos de régimen político. Ante los conflictos, la mayor parte de las veces no se llega a soluciones por consenso, no se logran acuerdos y pactos, sino que predominan los enfrentamientos, la polarización, la radicalización y la exacerbación de las posiciones.

Una breve mirada histórica nos muestra que incluso en los momentos en que se promulgaba la Constitución de 1917, la violencia y la polarización eran el clima dominante. La centralización del poder presidencial y un pacto social más incluyente durante el cardenismo, dejaron fuera o restringieron los derechos políticos y sociales. A partir de los años cuarenta se agudizaron los mecanismos de control social para apuntalar un modelo de desarrollo y se aprovecharon las estructuras corporativas existentes, que operaron como mecanismos de contención social. Con sangre se impuso la regla de que el líder o la organización que quisiera autonomía, democracia o un simple cambio de interlocución con el gobierno era condenado, combatido, reprimido, porque el gobierno no permitía la disidencia, y para cualquier disidencia era inimaginable sentarse a una mesa de negociación, porque eso representaba claudicar.

Con el paso de los años, el modelo entró en crisis y se empezaron a dar espacios que liberalizaron poco a poco la presencia de las oposiciones, tanto de la derecha, como de la izquierda, cobraron fuerza y apoyo ciudadano. Pero quedan en la memoria las represiones campesinas, obreras, estudiantiles, indígenas y, más tarde, las expresiones guerrilleras; todas pueden ser vistas desde el eje de la polarización. Así llegamos al momento de abrir el sistema o llegar a la fractura social, y en 1977 una reforma electoral inicia lo que hoy conocemos como un régimen político con democracia electoral. Al paso de los años, no dejó de haber fracturas, asesinatos políticos, ajustes, fraudes, avances y retrocesos; en las últimas décadas hubo momentos en donde las disidencias y las oposiciones se sentaron en la mesa de negociación con el gobierno para impulsar reformas y propiciar una transición democrática, que hoy muchos consideran fallida.

Uno de los momentos de ese recorrido fue el pacto para la reforma electoral de 1996, que posibilitó las alternancias, oxigenó el escenario y creó el efecto de un acceso democrático al poder; las expectativas iniciales así lo confirmaron en 1997, 2000 y 2003. Pero llegamos al 2006 y regresó la polarización entre disidencia y gobierno, además de que los impulsos democratizadores del régimen no pasaron la siguiente fase, la de un pacto para transformar las instituciones y acordar las reformas, tanto las del método democrático como las sustantivas de un proyecto nacional.

Estamos con una democracia vulnerada y no se puede avanzar hacia un pacto que recupere el bienestar, la seguridad, que combata en serio la corrupción, y establezca un sistema de legalidad satisfactorio para disminuir la terrible impunidad en la que estamos atrapados. Hoy la polarización se ha instalado en torno a una fallida estrategia en contra del narco y del crimen organizado que ha dinamitado la seguridad y amenaza con derrumbar al Estado. Además de la penetración del crimen, hay una captura del Estado por intereses mediáticos, empresariales, sindicales y partidistas. ¿Cómo reconstruir al Estado y detener la destrucción de una violencia que arrasa la vida de múltiples ciudades y que tiene a los ciudadanos ante una completa indefensión, con una autoridad rebasada y capturada? Mientras tanto, la clase política juguetea y se da el lujo de mirarse al ombligo, porque no le conviene entender la gravedad en la que estamos. ¿Cómo vamos a llegar así al 2012, que será otro momento de polarización?, ¿Es viable una sucesión presidencial en medio de tanta violencia y con una inseguridad creciente?

Investigador del CIESAS

Oaxaca: volver al pasado

María Amparo Casar México, D.F. 15 de junio de 2010 (Reforma).- México es un país de diversidades y contrastes. Coexisten empresas de clase mundial con empresas terriblemente improductivas; complejos agroindustriales con productores de autoconsumo; polos de desarrollo acelerado y zonas muy deprimidas; los hombres más ricos del mundo y los más miserables. Oaxaca es uno de los estados más atrasados y concentra una de las poblaciones más pobres. Ocupa el sitio 31 en el índice de desarrollo humano y en PIB per cápita; es el tercer estado con más pobreza (el 38% de su población vive en pobreza alimentaria); tiene el segundo peor promedio de escolaridad, ocupa el último lugar en el resultado PISA y el último en porcentaje de su fuerza laboral con educación superior; es la entidad federativa que menos recauda con respecto a sus ingresos totales y el último en los índices de competitividad de IMCO y a-regional. Lo mismo ocurre en la política. No tenemos índices de democracia estatal tan conocidos y precisos como los económicos pero a la luz de lo que se ha visto durante los últimos dos gobiernos estatales, Oaxaca parece refractario a todo avance democrático. Es una de esas islas intocadas por la democracia a pesar de que ya hace seis años la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura. Prácticamente todos los conceptos que hace 20 años usábamos para caracterizar al sistema político mexicano siguen vigentes si nuestro universo de estudio es Oaxaca: sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de estado. Hace años se acuñó el concepto de elección de estado para calificar las elecciones en México, las federales y las estatales. El concepto cayó en desuso en el nivel federal porque los instrumentos que la hacían posible desaparecieron y en su lugar surgieron instituciones que la hacían impracticable: autoridades electorales independientes y autónomas, medios de comunicación plurales, control sobre los gastos de campaña, una distribución del poder político que ejercía contrapesos al partido en el poder, vigilancia y fiscalización sobre el gasto gubernamental, restricción a la actuación político-electoral de los funcionarios. Todos estos candados creados por la democracia mexicana no operan en el caso de Oaxaca. Los excesos del gobernador no tienen límite. El trípode estado-partido-gobierno que definió al sistema político mexicano sigue en pie en el estado de Oaxaca. La maquinaria del gobierno del estado puesta al servicio del proceso electoral con dos objetivos principales: ganar las elecciones y comprar impunidad. Vaya como botón de muestra el llamado programa de Unidades Móviles para el Desarrollo concebido como programa de gobierno y utilizado como brazo operativo de la estrategia electoral del gobernador. Un programa financiado con recursos estatales que proporciona lo mismo despensas que servicios de registro civil, atención médica que asesoría en asuntos agrarios. Un programa que desde que comenzaron las campañas se ocupa de tareas de difusión, propaganda y promoción del candidato oficial. Pero la inequidad electoral no se reduce a la utilización ilegal de recursos públicos. Para apuntalarla está la captura de las instituciones electorales y de los tribunales, el control sobre el órgano de transparencia y sobre la auditoría estatal, el carro completo que dejaron las elecciones del 2007, el control del sistema estatal de radio y televisión. También la compra del voto, la extorsión a los candidatos de oposición, la contratación a modo de la empresa encargada de imprimir boletas, la intentona de imponer a funcionarios de casilla sin previa insaculación, el decomiso de periódicos adversos al candidato oficial, la prohibición de observadores internacionales o la exigencia a las casas encuestadoras para que entreguen sus estados financieros. Con todo y para fortuna de la democracia, Oaxaca sigue siendo un territorio en disputa. La mayor parte de las encuestas sitúan a Gabino Cué empatado o con una ligera ventaja sobre el candidato del gobierno. Ahora que, de ganar, tendrá el reto de hacer gobernable un estado que no lo es; la responsabilidad de demostrar que valió la pena que el electorado oaxaqueño se sobrepusiera al miedo a votar por la alternancia, a superar el abstencionismo del 60%. Tendrá encima el compromiso adquirido de desterrar durante su gobierno las prácticas que han hecho del autoritarismo oaxaqueño una de las vergüenzas nacionales. Lo digo porque, a decir verdad, los partidos de oposición no han destacado por ejercer el poder de manera sustancialmente distinta a sus colegas del PRI.

Pueblo, clientela y ciudadanía. Leo Zuckermann

Pueblo, clientela y ciudadanía

Leo Zuckermann

Pueblo
El concepto de “pueblo” es muy socorrido en la retórica política. Hace poco el presidente Felipe Calderón dijo: “nuestro único patrón, el único a quien servimos es el pueblo de México”. El ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, siempre insiste que él está “del lado del pueblo, no de las mafias”. Y en otra declaración reciente el senador priista Manlio Fabio Beltrones afirmó que el incremento a los precios de las gasolinas era “a costa de empobrecer más al pueblo”.

Cada vez que escucho este tipo de discursos me pregunto: ¿De quién están hablando los políticos? ¿Quién es el pueblo? ¿Es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, parte del pueblo mexicano? ¿Sólo los pobres son pueblo? Y los que tenemos más dinero, ¿no somos pueblo? ¿Dónde comienza y dónde termina el pueblo?

El Diccionario de la Real Academia Española da cinco acepciones del vocablo “pueblo”: 1. Ciudad o villa. 2. Población de menor categoría. 3. Conjunto de personas de un lugar, región o país. 4. Gente común y humilde de una población. 5. País con gobierno independiente. Entonces, cuando los políticos hablan del “pueblo”, ¿a cuál de todas las definiciones se refieren?

Supongo que, en la mayoría de los casos, la utilizan en su cuarta acepción, es decir, la gente más pobre del país. En inglés una de las definiciones de la palabra “people” es similar a la del idioma español: “gente común” o “plebeya”. Se trata de un significado que viene del sistema aristocrático-feudal donde cualquier persona que no fuera noble, militar o eclesiástica, y que por tanto no gozaba ni de fuero ni de privilegios, pertenecía a la clase social más baja que era la plebe.

Desde luego que discursivamente suena mejor “pueblo” que “plebe”. (No me imagino, por ejemplo, al presidente Calderón diciendo que su único patrón es la plebe.) Por tanto, me parece que los políticos seguirán usando el concepto de “pueblo”, así de general, pero refiriéndose al segmento de menos recursos económicos de la sociedad.1

Salvo, quizá, López Obrador quien se autodefine como un político a favor de los “pobres” en contra de los “ricos”, lo cual entraña un problema interesante. Hace algunos años participé en un estudio para medir la efectividad de ciertos conceptos en discursos políticos. En grupos de enfoque probamos, por ejemplo, qué pensaba la gente con un político que se ponía del lado de los “pobres”. Para nuestra sorpresa, a la gente de menos recursos económicos le disgustaba autoidentificarse como “pobre” o de “clase baja”. Su razonamiento era interesante: como conocían a alguien más pobre que ellos, en comparación se consideraban de “clase media”.

Desde luego que había mucho de aspiracional en esta percepción. A los pobres, aunque objetivamente lo sean, no les gusta sentirse así y prefieren autoidentificarse como de una clase social más alta. Es por ello, creo, que el discurso político a favor de los pobres tiene un límite, lo cual se vio reflejado en los resultados de la elección presidencial de 2006. En un país donde alrededor de la mitad de la población vive en pobreza o en miseria, uno hubiera esperado un mejor resultado del candidato que abiertamente defendía a los pobres. Sin embargo, López Obrador sólo obtuvo un 35% de los votos.
Pero, más allá de la efectividad discursiva del “pueblo” como sinónimo de la clase más pobre del país, hay una pregunta de fondo, muy relevante, para todo país democrático: ¿Qué somos las personas que conformamos este cuerpo político llamado México? ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Cómo pueblo o como ciudadanía?

Yo no tengo dudas: como ciudadanía.

Ciudadanía
En el idioma español “pueblo” no es sinónimo de “ciudadanía”. Sí lo es en inglés, donde una de las definiciones del vocablo “people” es “citizenry”, es decir, “el conjunto de ciudadanos de un Estado o país”. No es gratuito que este idioma sí haya desarrollado esta definición. Y es que, como brillantemente demuestra el ensayo de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, publicado en 1950, fue en Inglaterra donde históricamente se desarrolló con más claridad el concepto de ciudadanía.
Marshall argumenta que la ciudadanía tiene tres elementos inherentes: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Y así, en ese orden, se desarrollaron históricamente en Inglaterra.

Primero vino el elemento civil, es decir, los derechos que emanciparon a los individuos de una sociedad feudal. En el pasado no todos tenían los mismos derechos. Una persona gozaba de ciertos derechos y obligaciones por pertenecer a un estamento social. Sin embargo, con el advenimiento de las villas feudales, del sistema capitalista y de la burguesía como grupo social, surgió la idea de que todo individuo —miembro de la ciudad o ciudadano— tenía que tener los mismos derechos civiles: la no esclavitud, las libertades de expresión, pensamiento y religión, así como los derechos a poseer propiedad, firmar contratos legales y reclamar justicia.2

Estos derechos civiles, según Marshall, fueron “indispensables para generar una economía de mercado”. Desde el siglo XVII dichos derechos ayudaron a la formación del capitalismo en Inglaterra. Pero ya en el siglo XIX era claro que estos derechos civiles convivían con una gran inequidad social. “La mayoría de la clase trabajadora no tenía poder político efectivo”. No podían votar. Surgieron los sindicatos que lucharon por el principio de “un hombre un voto”, así como la contratación colectiva. Este movimiento histórico logró un segundo grupo de derechos ciudadanos: los políticos, es decir, que cualquier individuo, independientemente de su condición social, pudiera votar o ser votado para decidir las autoridades de la sociedad.

Marshall argumenta que los derechos civiles y políticos tienen un límite cuando las clases bajas no gozan de educación y de seguridad social. ¿De qué le sirve a un pobre sin educación el que haya libertad de expresión o que pueda votar? De ahí que el siguiente movimiento histórico en Inglaterra fue en el sentido de redistribuir el ingreso a fin de establecer derechos al bienestar económico y la seguridad social. Vinieron, entonces, los derechos sociales, con sistemas públicos de educación y salud, que fueron posibles gracias al desarrollo de un Estado con capacidad de cobrar impuestos.

De esta forma, según Marshall, progresó el concepto de ciudadanía por medio de una secuencia histórica que importa mucho. La historia determinó el concepto, no lo contrario. Al final se desarrollaron tres tipos de derechos vinculados con el término ciudadanía: civiles, políticos y sociales. No es gratuito, entonces, que hasta el Diccionario de la Real Academia Española defina a un ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”.

Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y obligaciones en una democracia liberal moderna. Eso es lo que somos —o deberíamos de ser— cada uno de los individuos en el cuerpo político nacional. Sin embargo, por desgracia, México tiene un rezago en la formación de una ciudadanía con derechos civiles, políticos y sociales. Y eso está relacionado con el particular desarrollo histórico donde, por tantos años, se privilegió más el concepto de “clientela” que el de “ciudadanía”.

Clientela
En los gobiernos autoritarios priistas, los derechos siempre se negociaron. No eran generales sino administrados por parte del Estado a través de distintos grupos sociales. Las corporaciones eran las clientelas del Estado. Un individuo gozaba de ciertos derechos por pertenecer o no a estas agrupaciones. A los campesinos el Estado les daba tierras y subsidios económicos a cambio de que no protestaran y votaran por el partido oficial. A los sindicatos les otorgaba prerrogativas laborales y completa impunidad en el manejo de asuntos internos a cambio de lo mismo. A los empresarios les cobraba pocos impuestos a cambio de que éstos no se involucraran en la política.

En el régimen priista el individuo no era ciudadano con derechos civiles, políticos y sociales, era cliente en un sistema donde los derechos se negociaban.

El sistema funcionó, y bien, durante muchos lustros. Hasta que vino la crisis fiscal del Estado. No había manera de seguir financiando a tantos grupos con una recaudación tan baja. El costo del clientelismo mexicano se volvió insostenible.

Vino, entonces, la democratización del régimen político. No voy a repetir lo que ocurrió. Lo importante es que la democracia mexicana comenzó con un déficit de ciudadanía porque históricamente nunca se desarrolló este concepto entre la sociedad: la de individuos con los mismos derechos y obligaciones que conviven en un cuerpo político común.

Uno hubiera esperado, por supuesto, que con la democratización del país hubiera comenzado un vigoroso fortalecimiento ciudadano. Y aunque algo ha sucedido, el proceso ha sido muy lento.

Parte de la culpa, me parece, la han tenido los gobiernos panistas. Para empezar, Vicente Fox, por su origen gerencial y empresarial, pretendió que su gobierno funcionara como una empresa. La administración foxista trataría a la gente como clientes que necesitaban bienes y servicios públicos, como si el Estado fuera Vitro, Alfa, Bimbo o un changarro de la esquina. Esta visión la importaron de Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton había hecho un esfuerzo en este sentido, el cual llamó “reinventar al gobierno”, igual que el título del famoso libro que comenzó esta tendencia. Sin embargo, una cosa es tratar de gestionar a los ciudadanos como clientes, como se pretendió en Estados Unidos, y otra muy diferente es pasar del clientelismo priista a una idea anodina de convertir a los individuos en meros clientes consumidores de bienes y servicios públicos.

Ni funcionó este pensamiento simplista ni se desmanteló el clientelismo priista. De hecho, durante el gobierno de Felipe Calderón ha sido más que evidente el acomodo de los panistas con los viejos grupos corporativos del antiguo régimen. Nada retrata mejor esto que la alianza política de Calderón con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa Elba Esther Gordillo.

En México se presume mucho de haber alcanzado el derecho político de votar. Pero una verdadera ciudadanía, como se explicó en la sección anterior, no sólo se trata de darles a los individuos una credencial para votar y respetarles su voto. Lo que se necesita es que, desde abajo, la gente se comporte como ciudadanos y se involucre en la solución de los problemas de su colectividad. Y, desde arriba, que se respeten los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía.

Sin ciudadanos no hay democracia posible. Por eso, más que pueblo o clientela, lo que México necesita es ciudadanía.

Leo Zuckermann. Politólogo. Profesor afiliado del CIDE. Conductor de Es la hora de opinar en FOROtv.

1 El Diccionario de la Real Academia Española no incluye otra definición que la ciencia política sí incluye para “pueblo” y que tiene que ver con una visión romántica, de valores, de identidad nacional. Algunos políticos también utilizan esta acepción en sus discursos.
2 El concepto de “ciudadanía” es hijo de la Ilustración y aspira a ser universal para todos los individuos por los derechos que entraña. En cambio, “pueblo” es un concepto más antiguo, citado incluso en la Biblia, y que tiene connotaciones de todo tipo de valores étnicos, religiosos, culinarios o culturales de ciertos grupos sociales. De ahí que este término sea usado más por políticos nacionalistas que se basan en el ideal romántico de la nación para legitimarse.