jueves, 24 de marzo de 2011

País de clientelas: Alberto Aziz Nassif

  • Un video reciente muestra lo que ya se sabe, pero muchas veces se oculta: la democracia electoral en México, supuestamente la parte más avanzada que nos dejaron la transición y la alternancia, está en abierto regreso al pasado. No sólo regresan los que nunca dejaron el poder, sino que lo hacen como lo han hecho toda la vida: tejiendo redes de clientelas.

El video es sobre el municipio de Valle de Chalco, en donde el presidente municipal le da la palabra a un funcionario, el presidente de la junta de Conciliación y Arbitraje de Toluca, José Bernardo García Cisneros, quien expone el plan y la estrategia electoral para el próximo 3 de julio. Esta prueba fue motivo de una demanda del PAN y PRD ante la PGR por violaciones al Código Penal. Veamos qué resuelve la autoridad.

El PRI de siempre, el único que existe, es el partido que usa los recursos públicos con fines partidistas para ganar elecciones, que no es lo mismo que poner en práctica políticas públicas para ganar votos. Es tan conocida esta práctica que ya da cierta flojera volver al tema, pero hay que hacerlo porque el clientelismo es la forma dominante de la política. Uno de los cambios que hay con respecto a lo que antes sucedía es que ahora no sólo el PRI lo hace, pero hay que reconocer que es el partido que mejor sabe hacerlo. Otro cambio es que supuestamente existen mejores instrumentos para regular las contiendas, lo cual implica que el arbitraje digan que es de mejor calidad. Los videos y las redes sociales permiten hoy capturar en imágenes y circular información para hacer una denuncia más expedita. Pero, a pesar de las novedades, de que todos los partidos lo hacen, que hay mejores instituciones y que la información puede circular de mejor forma, los casos de clientelismo no necesariamente se resuelven apegados al Estado de derecho.

¿Qué vemos en el video del funcionario García Cisneros? Simplemente una pequeña muestra de cómo el aparato gubernamental del Estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto, está a disposición del partido tricolor para ganar votos. Cuando se arman las piezas lo que nos queda es lo siguiente: como decía Pablo González Casanova en los años 80, la oposición no compite contra el PRI como un partido más, sino contra el Estado, con todos sus recursos. Sigamos el dinero: con un presupuesto estatal cada vez mayor, con pocos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y cuando se logra hacer una fiscalización de un recurso desviado o mal aplicado no hay penalización, podemos establecer que lo que se prepara en tierras mexiquenses es una estrategia electoral, con todo el aparato de gobierno, con las estructuras municipales, con las redes de funcionarios estatales predispuestas a operar las elecciones, para conformar una organización en donde casa por casa se hará un trabajo de reparto. Porque como dijo García Cisneros, se trata de repartir “los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar, aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas alimentarias, las despensas bicentenario. Todo ello habremos de irlo entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y con las gentes de la Secretaría del Trabajo, que son los representantes del gobierno del estado, precisamente, en este lugar”. Así funciona el país de clientelas del PRI.

¿Qué tan sometido está el árbitro electoral del Estado de México? Diversos analistas han escrito cómo está capturado por el gobierno estatal, cómo los puestos de consejeros tienen una mayoría tricolor; nada menos el funcionario del video fue consejero electoral. Si a ello sumamos los abusos del Tribunal Electoral del Estado, cuyos integrantes cobran por adelantado jugosos bonos, y su poca eficacia, se puede prever que los conflictos de la próxima elección terminarán en el Tribunal federal.

Llama la atención el discurso de “naturalización” de los priístas. Dinero público de todos, políticas públicas para todos, programas sociales para los pobres, se reparten en la lógica clientelar de favores por votos. Eso es lo “normal”, así son las cosas. Hace más de 25 años me encontré en el estado de Chihuahua con líderes sindicales que organizaban las elecciones y repartían los recursos igual que hoy lo hace el funcionario García Cisneros en Valle de Chalco, con la misma naturalidad para usar los recursos públicos y ganar votos. ¿Cómo explicarnos un país que ha cambiado de forma radical, pero el PRI sigue siendo el mismo de siempre y se presenta como el futuro?

Investigador del CIESAS

REGENERACION EL PERIODICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y EL PUEBLO ORGANIZADO

Discurso de Andrés Manuel López Obrador, en la presentación del Nuevo Proyecto de Nación, en el Auditorio Nacional

Amigas y amigos:

Es un hecho trascendente presentar el día de hoy el Nuevo Proyecto de Nación para lograr el renacimiento de México.

Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto.

Ante esta amarga realidad, afortunadamente muchos mexicanos sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la Nación.

Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la Nación y del pueblo.

Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no sólo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país.

Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública.

De modo que sabemos dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz.

50 acciones para la regeneración nacional

De eso trata, precisamente, el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo 50 acciones indispensables para la regeneración nacional.

En primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución, se acatan pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad sólo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos.

En los hechos, la mayoría de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Corte, para lograr que este tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley.

Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita.

Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia.

Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y en el concierto de las naciones.

La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3 mil kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, intervencionismo, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio. Así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte.

Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal. La capital de la República contará con plenos derechos.

Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios.

Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al internet como parte del derecho constitucional a la información.

Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrán cacicazgos como el de Elba Esther Gordillo que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero.

Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución.

Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos.

Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43 por ciento más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por sólo mencionar una de las transas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad.

Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras, nacionales y extranjeras, que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país.

Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal.

Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de expresidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías.

Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no sólo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y del déficit público.

Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera.

No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.

Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio se revisarán las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad.

Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo, la perforación, la producción, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar toda la cadena de valor y convertir a éste sector en palanca del desarrollo nacional.

Se explotará racionalmente el petróleo, teniendo siempre presente que se trata de un producto no renovable y que nuestra generación está obligada a cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas.

Se dejará de vender, gradualmente, petróleo crudo al extranjero para procesar toda la materia prima en nuestro territorio; se construirán 5 refinerías: en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y en Atasta, Campeche, con el propósito de generar empleos y dejar de importar 500 mil barriles diarios de gasolinas y diesel, que representan el 50% del consumo actual, con una erogación de 20 mil millones de dólares anuales.

Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la creciente dependencia del exterior.

Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra, a precios elevadísimos, de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80 mil millones de pesos del presupuesto público cada año.

Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias.

Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de pequeños y medianos empresarios.

Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos; se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. En el entendido que las pequeñas y las medianas empresas, industriales, agropecuarias, de servicios y comercio, generan el 90 por ciento de los empleos existentes.

Se otorgarán concesiones para la creación de bancos regionales y por ramas productivas, con la finalidad de contrarrestar la falta de créditos y la usura. De esta forma se romperá la inercia de las actuales instituciones financieras que viven, fundamentalmente, a expensas de cobrar altas comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno.

Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr, al mismo tiempo, la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos.

Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, la meta es realizar un millón de acciones al año y generar 500 mil empleos.

Se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste. Actualmente, existen 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local.


Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de 2 puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente y con la participación de las comunidades de la región. También sigue en pie, el compromiso de comunicar al país con ferrocarriles rápidos de pasajeros.

Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios.

Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas, pesqueras, de producción, de servicios y de consumo. El modelo a seguir y a reproducir es el de la Cooperativa Pascual, esta sociedad beneficia a 5 mil trabajadores, compra a los productores nacionales 20 mil toneladas de frutas para producir una bebida de muy buena calidad, a diferencia de los productos chatarra que dañan la salud y el bolsillo.

Se atenderá con esmero la actividad turística: México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora y fauna de excepción, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores.

Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora, y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo; que proteja los derechos laborales de hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que incluya el desarrollo urbano de colonias populares. Es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios.

Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración.

Vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.

Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400 mil empleos anuales.

Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico, se llevará a cabo afectando el medio ambiente; es decir, se protegerán los recursos naturales, la flora y la fauna, y se evitará la contaminación del suelo, del agua y del aire.

Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que en donde hay carencias, pobreza y marginación, no lleguen los apoyos que se necesitan. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% del presupuesto público.

Vamos a establecer el Estado de Bienestar; es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y para las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos y con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares.

Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo. Es decir, alrededor de 900 pesos al mes.

Todos los jóvenes podrán ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Habrá 100% de inscripción. Se terminará con el pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300 mil jóvenes cada año. Ha sido irresponsable poner la educación al libre mercado como si se tratara de una mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social. Las cárceles están llenas de jóvenes.

De los 36 mil asesinados, por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría eran jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio.

Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo en los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte.

Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos, escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la promoción artística y cultural.


La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostengo que nosotros sí vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos, no con criterios policíacos, como lo hace el gobierno usurpador, que sólo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo, la más eficaz la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo a los jóvenes. Lo primero será crear una atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad.

Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado.

Esta nueva estrategia será complementada con las siguientes medidas: no se perseguirá a una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo; no se permitirá la venta de plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, no como Genaro García Luna, por mencionar un caso. Todas las dependencias trabajarán coordinadamente, el presidente de la República tendrá reuniones diarias con el gabinete de seguridad, en las cuales participarán los secretarios de desarrollo social, salud y educación.

Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos; habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones; se protegerán los derechos humanos; habrá una sola oficina de inteligencia; se le seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza, al gobierno estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país.

Nos proponernos transformar a México, buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo; es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales.

La crisis actual no sólo se gestó por la falta de empleos y de oportunidades sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud, se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.


Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo.

El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistiremos en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo.

Sólo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más, y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación.

Amigas y amigos:

Este es el plan que proponemos para lograr el renacimiento de México. El conjunto de estas acciones refleja el sentir y el pensamiento de muchos mexicanos que anhelan vivir en una sociedad mejor y desean heredar a las nuevas generaciones una patria libre, igualitaria y fraterna.

En esencia, se propone transitar por un camino del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos.

Este nuevo proyecto de Nación se presenta al mismo tiempo que estamos construyendo, desde abajo y entre todos, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Informo que ya contamos con 2 mil comités municipales integrados por 14 mil ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes y comprometidos con esta noble causa.

También hemos decidido crear un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales del país, hasta ahora llevamos 25 mil, en los que participan cerca de 100 mil ciudadanos. A finales de este año, cuando lleguemos a la meta de los 65 mil comités seccionales, estarán participando alrededor de 250 mil dirigentes de base en todo el territorio nacional. Para entonces habremos construido la organización más importante que se haya visto en la historia de México.

De igual forma estamos convocando a todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Un protagonista del cambio verdadero es una mujer, un hombre, consciente de la realidad y dispuesto a transformarla; que nos tiene confianza y está dispuesto a participar.

La tarea de cada protagonista es convencer a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa o jefe de familia, su labor consiste en invitar a los miembros de la familia; si no le alcanza con ellos, con vecinos, amigos, compañeras o compañeros de trabajo. Se trata de que cada quien haga lo que le corresponde para cumplir con la misión de salvar a México.

La meta para finales de este año es llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero, con la idea de que si cada uno convence a 5, se puede contar con 20 millones de ciudadanos para llevar a cabo la transformación del país, sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo.

Es importante aclarar que esta organización no sólo se está construyendo para ganar la Presidencia de la República, sino también para realizar los cambios que requiere el país, y eso es lo principal. Se trata de la creación de un poder ciudadano, de un poder social, que acompañe y respalde al nuevo gobierno democrático en la aplicación de las reformas que son indispensables.

Mal haríamos si después del triunfo, como sucede siempre, el gobierno se divorcia del pueblo. Proceder así implicaría que el gobierno se quedara solo, sin fuerza para enfrentar la resistencia al cambio de los grupos de intereses creados, y lo peor de todo es que no se podrían cumplir los compromisos contraídos con el pueblo.

Tengamos presente que la oligarquía seguirá existiendo, que no los vamos a desaparecer o a desterrar, la gran diferencia será que ellos ya no tendrán el mando, que habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero como es lógico, siempre estarán presionando para mantener y acrecentar sus privilegios, y por eso es indispensable contar con el apoyo y la participación organizada del pueblo. No olvidemos que esta lucha no es nada más para llegar al gobierno, por cargos públicos, sino para llevar a cabo la transformación del país.

Amigas y amigos:

Las cosas están bastante claras. No perdamos de vista que para muchos mexicanos nuestro movimiento es la única esperanza. Y no nos confundamos, el PRI y el PAN representan los mismos intereses, los dos partidos están al servicio de la oligarquía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: se pueden pelear cuando se trata de asuntos menores o de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio mantener la política económica de elite, que ha llevado a la ruina al país y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se ponen de acuerdo.

Lo estamos viendo ahora en el acuerdo al que han llegado para aprobar la reforma laboral, que significa reducir derechos a los trabajadores y eliminar prestaciones sociales. Estoy seguro que los diputados y senadores de nuestro movimiento harán todo lo que sea posible para frenar este nuevo agravio a los trabajadores de México.

Son lo mismo Salinas, Fox, Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, Calderón, Peña Nieto o Elba Esther Gordillo. Tenemos que respetar a los panistas y priistas de abajo que están igual de amolados, desinformados y esperanzados como la mayoría del pueblo, pero los panistas y priistas de arriba pertenecen a la misma mafia de poder responsable de la actual tragedia nacional.

También es importante que no nos dejemos apantallar, porque si bien es cierto que esta minoría rapaz ha llegado a acumular mucha riqueza mal habida y son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, se trata de gigantes con pies de barro, porque no son más que una pandilla de delincuentes de cuello blanco.
Pensemos que en nuestro movimiento participan millones de hombres y mujeres con firmes convicciones y elevados valores morales. Y esto es lo mero principal. Con mexicanos así, con gente como ustedes, lo imposible es posible. Además, ya está despertando más gente. Y me consta que se están apuntando diariamente alrededor de 10 mil ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero.

De modo que no perdamos la fe, vamos a restaurar la República, tenemos lo fundamental: un Proyecto Alternativo de Nación, se está construyendo la organización que se necesita y líder no va a faltar.

Y para que no haya dudas, reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones de 2012, porque le vamos a volver a ganar a la mafia del poder la Presidencia de la República.

¡Viva la nueva República!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¿Agentes externos armados?, obviamente no/ Lorenzo Meyer

La resistencia a aceptar que los agentes extranjeros que actúan en nuestro territorio estén armados tiene razones históricas de ser

Diferencias

Las diferencias entre México y Estados Unidos llevan a que un mismo hecho -por ejemplo, la reunión en Washington de los jefes del Ejecutivo de ambos países el 3 de marzo pasado- pueda ser interpretada de manera casi opuesta en cada lado de la frontera.

Este encuentro se reportó en la nación vecina como un éxito que supuestamente disminuyó la tensión acumulada entre los dos gobiernos en torno a elementos centrales de la política binacional contra el narcotráfico (The New York Times, 4 de marzo). Tras la conversación privada, el presidente Obama expresó que no tenía más que "admiración" por la política seguida por su contraparte mexicana en ese campo y se comprometió a dejar resuelto pronto un problema que se viene arrastrando desde 1994: el incumplimiento por parte de Estados Unidos del acuerdo para que ingresen a ese país los camiones con mercancías procedentes de México, tal y como se estipuló en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En contraste, la perspectiva mexicana ve poco que celebrar en el resultado de la reunión (véanse las reflexiones de Olga Pellicer en Proceso, 6 de marzo). Hoy, lo más importante para el interés mexicano en su relación con el vecino del norte no es el cruce camionero (para compensar el incumplimiento, México ya le impone un castigo tarifario a ciertas mercancías procedentes de Estados Unidos), sino resolver los problemas de los millones de indocumentados mexicanos en ese país y que Estados Unidos confronte a fondo un asunto suyo que afecta a México de manera fundamental y que es, a la vez, político, policiaco, legal y moral: su imbatible demanda de drogas ilícitas y su falta de control sobre el comercio de armas en el mercado fronterizo.

Sin embargo, y en la práctica, en la agenda norteamericana los temas de las drogas y del comercio casi irrestricto de armas de asalto son secundarios por políticamente costosos y, en parte, por insolubles. En contraste, en México ambos fenómenos tienen efectos devastadores: miles de muertos anuales, agudización de una corrupción endémica, arraigo de una narcocultura de impunidad y brutalidad extrema, destrucción del tejido social en regiones enteras, transformación del papel del Ejército. Finalmente, aquí y en Washington, Calderón se quejó públicamente del embajador norteamericano, Carlos Pascual, al que ya no le tiene confianza como resultado de la inesperada publicación de algunos de los cables confidenciales del embajador al Departamento de Estado -filtrados por WikiLeaks-, pero la Casa Blanca no respondió como deseaba el "admirado" líder mexicano sino al contrario: reafirmó su apoyo a Pascual. Por ello, ambos gobiernos quedaron en un callejón diplomático sin salidas fáciles: el mexicano porque ve rechazada públicamente su demanda, y el norteamericano porque su embajador queda inutilizado como gestor de la agenda de su país en el nuestro.



Un tema periférico que puede ser central

Un elemento que conformó la atmósfera en la que se llevó a cabo la entrevista Calderón-Obama fue el asesinato a mediados de febrero de un agente norteamericano de la ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) cerca de San Luis Potosí. Ese asesinato, presuntamente cometido por miembros de un cártel de narcotraficantes, volvió a poner sobre la mesa de la discusión de la relación México y Estados Unidos -y a subrayar de nuevo la diferencia de enfoques e intereses- un tema añejo: la presencia y el papel de agentes del gobierno norteamericano en nuestro país -presencia que causa malestar y recelo en México- y la forma como se les debe proteger. Washington desearía que esos agentes pudieran portar armas para su defensa, pero México no.

Tras la entrevista con Obama, Calderón se dijo dispuesto a discutir la mejor forma de cuidar de los agentes norteamericanos que operan en nuestro país, pero sin aceptar que puedan portar armas (Reforma, 4 de marzo). Desde la perspectiva dominante de este lado del Río Bravo, esta posición es la adecuada, aunque lo ideal sería que no hubiera necesidad de agentes norteamericanos actuando en México. En Estados Unidos, por el contrario, se supone que lo mínimo que se puede y debe ofrecer a quienes se mueven en terrenos de peligro es que puedan ejercer el derecho a la defensa propia. En medio de esta divergencia, no está de más recordar por qué en México resulta políticamente inaceptable que agentes de un gobierno extranjero, particularmente del norteamericano, puedan actuar como si fueran otros tantos James Bond, el famoso personaje de ficción de Ian Fleming, y agente del M16, que en el desempeño de sus misiones secretas tiene "permiso para matar" en cualquier parte del planeta.



La raíz

La razón del rechazo en México a la presencia de agentes armados norteamericanos es, además de legal, histórica. A raíz de su derrota en la guerra con Estados Unidos de 1846-1848, México quedó encuadrado como miembro de un subsistema internacional no formal pero muy real del norte de América y subordinado a la creciente hegemonía estadounidense. Desde entonces, ese control de Washington sobre su entorno regional no ha hecho sino acrecentarse. Por eso, y para México, cualquier gesto de independencia frente al centro hegemónico, aunque sea simbólico, resulta importante en su esfuerzo permanente por mantener una identidad nacional donde muchos de sus elementos están constantemente en fuga.

Concluida la "aventura francesa" en México en 1867 y restaurada la República, el control y la estabilidad de la frontera México-Estados Unidos se convirtió en un problema internacional serio debido a las incursiones de los llamados "indios bravos" y al abigeato en ambos lados del Bravo. Como consecuencia, a partir de 1877 Washington autorizó a su Ejército el cruce sistemático de la frontera con México cuando sus fuerzas fueran en "persecución en caliente" de indios o supuestos cuatreros. La debilidad mexicana no pudo evitar esa violación armada y sistemática del territorio y de la soberanía, pero el gobierno de Porfirio Díaz intentó salvar las formas sugiriendo a Washington un acuerdo que también permitiera a las fuerzas mexicanas cruzar la frontera hacia el norte cuando la ocasión lo requiriera; la respuesta norteamericana fue una negativa rotunda: su política era unilateral. Así la mantuvo hasta 1880, cuando el Departamento de Guerra en Washington rescindió la orden porque ya el gobierno de Díaz había hecho un enorme esfuerzo para poner orden en el lado mexicano de la frontera.



El caso en el Siglo XX

La Segunda Guerra Mundial fue uno de esos raros momentos en que las políticas externas de Estados Unidos y de México coincidieron en forma y fondo al punto de forjar una alianza que, a su vez llevó en 1941 a la creación de una Comisión de Defensa Conjunta México-Estados Unidos. Inicialmente Estados Unidos buscó establecer aeropuertos, bases navales y estaciones de radar en México. Sin embargo, la diferencia de posiciones entre la gran potencia y el "aliado desconfiado" -México- llevó a que sólo se pudiera concretar el establecimiento de varias estaciones de radar en el Pacífico. Esto se debió, entre otras cosas, a que no obstante ser aliados formales en una guerra de dimensiones globales, México se negó a entregar el control de las posibles bases a los norteamericanos e incluso a recibir en su territorio a soldados de ese país armados, por considerar que su presencia en esas condiciones violentaba "la armonía característica de la relación militar entre los dos países". Así, el gran proyecto de construir bases navales o aéreas de Estados Unidos en México se esfumó y los militares norteamericanos que junto a mexicanos manejaron los radares no estuvieron armados (Susana Chacón, "La negociación del acuerdo militar entre México y los Estados Unidos, 1940-1942", Foro Internacional, XL, 2, p. 330).

Si en aquella gran guerra mundial México insistió en que la presencia norteamericana en su territorio fuera desarmada, difícilmente en la actual miniguerra contra el narcotráfico, las condiciones pueden ser diferentes. Lo anterior no significa que el problema no se discuta y que no se busque una fórmula para mejorar la protección de todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben de poner a trabajar sus respectivas imaginaciones para encontrar una solución mutuamente satisfactoria, es decir, una que proteja a los agentes extranjeros pero sin echar por tierra una política mexicana arraigada y que tiene sobradas raíces históricas, de identidad y de soberanía siempre inseguras.

martes, 31 de agosto de 2010

La decena trágica por Alejandro Encinas

La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.

Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.

No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.

Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes. La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.

Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.

Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.

La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.

La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.

En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.


Coordinador de los diputados federales del PRD

Contra el silenciamiento Alberto Aziz Nassif

EL UNIVERSAL MARTES 31 DE AGOSTO 2010
Los postulados y conclusiones sobre el estado que guardan en México la libertad de expresión, las muertes y amenazas a periodistas, las instituciones que regulan a los medios y el acceso a la información, ya son conocidos, pero cuando se sintetiza en un documento completo se obtiene un resultado muy preocupante. Eso es lo que hicieron Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, en una visita reciente de 16 días a nuestro país.

Frecuentemente se escuchan expresiones que señalan a México como una democracia vulnerada o un Estado fallido, y después de ver el trabajo de estos dos relatores podemos agregar que esas tesis tienen sustento porque nuestras libertades están amenazadas. El balance nos muestra que, a pesar de las reglas constitucionales, los avances en leyes sobre la transparencia y la creación institucional, los resultados son precarios y las amenazas crecientes. El informe de los relatores presenta esa cara de la violencia que asesina a periodistas, intimida, sanciona la libertad de expresión. A esta situación grave se añade el carácter monopólico de los medios, las debilidades de la regulación pública, tanto en la letra como en la práctica; la imposibilidad de tener medios alternativos, los excesos de la publicidad política y gubernamental, y las restricciones en el acceso a la información pública.

La tesis de que una democracia necesita de un Estado que sea el garante de los derechos ciudadanos y de las libertades, resulta violentada de forma brutal en México, como lo señalan los relatores de Naciones Unidas. La violencia insoportable que nos amenaza todos los días y debilita nuestra condición ciudadana, tiene consecuencias: hoy ejercer el periodismo puede llevar a perder la vida. Así, mientras el país rueda cuesta abajo, la clase política se descalifica, los priístas le dicen “inepto” al Presidente y a su gobierno, y los panistas califican a sus opositores del tricolor de “oposición retrógrada”.

Cada diagnóstico que se hace, muestra con claridad los problemas, pero también las propuestas de salida y las recomendaciones, como en este caso. Al mismo tiempo, de forma sistemática se ve la ineptitud de los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son oposición, una distinción que ya resulta un poco artificial porque en los tres grandes partidos se ejerce el gobierno. Los problemas apuntan en la misma dirección: corrupción, delincuencia organizada, impunidad, ineficiencia en los instrumentos y debilidad en las estrategias para enfrentar en serio estas amenazas. Poco a poco el crimen organizado gana batallas, asesina y silencia periodistas, amenaza medios locales y nacionales y con ello impone un clima de autocensura. Mientras tanto, crece la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, a tal grado, que los relatores calificaron a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”. Y seguramente será también el más peligroso para los migrantes centroamericanos.

Existe una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, pero, como dice el dicho, si quieres que algo no se solucione en el país, crea una fiscalía especial. Se fabrican espacios institucionales donde no hay voluntad política, ni autonomía, ni recursos y menos competencias adecuadas, como sucede con esta fiscalía.

De las múltiples recomendaciones que hacen Botero y La Rue, se desprende una agenda de pendientes, que no es nueva, pero que cada vez se vuelve más urgente de atender: desde detener la violencia que ya produjo, en los últimos 10 años, el asesinato de 64 periodistas y la desaparición de otros 11, combatir la enorme impunidad que rodea a estos crímenes, pasando por una reforma que regule el espectro radioeléctrico y cumpla con la sentencia de la SCJN de junio del 2007; romper con el carácter monopólico de los medios y darle autonomía al órgano regulador, que cada vez está más controlado por el gobierno, hasta construir alternativas para la defensa y protección de la libertad de expresión, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la autonomía de la Fiscalía Especial.

Las miradas externas y las visiones internacionales de cómo está la libertad de expresión son muy útiles. Pero seguir apelando a la clase política es inútil, por eso las iniciativas necesitan salir de la misma sociedad y de los medios, porque los políticos sólo piensan en ganar el 2012 para seguir con más de lo mismo.

Investigador del CIESAS

miércoles, 25 de agosto de 2010

La libertad de expresión y el clero

Lorenzo Cordova Vianello en EL UNIVERSAL 25 DE AGOSTO 2010



Las inaceptables declaraciones del cardenal Sandoval Íñiguez ante la resolución de la SCJN que declaró constitucionales los matrimonios entre personas de un mismo sexo y el consecuente derecho de adopción, así como las afirmaciones de Hugo Valdemar, vocero de la Aquidiócesis de México, en el sentido de que el PRD es el principal enemigo de la Iglesia católica, de una “sociedad con valores” y que “ha hecho más daño que el narco”, han vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre los límites a la libertad de expresión y el papel del clero en la vida política.

Ante todo debemos recordar que en las democracias constitucionales no hay libertades absolutas. Por definición, la convivencia pacífica que subyace a las democracias implica que, en el ejercicio de su libertad, una persona encuentra un límite natural a la misma en las libertades y derechos de los demás individuos; ello constituye la premisa primera de una coexistencia democrática.

La falta de límites al ejercicio de las libertades caracteriza al estado de naturaleza, mismo que se define por la falta de reglas mínimas de convivencia entre individuos y, por ende, en la confrontación real o potencial que el abuso del derecho de algún individuo supone frente a quien se ve lesionado o agredido por ese abuso.
Lo anterior implica que para que la paz social sin la cual, se insiste, una democracia es impensable, todas las libertades tienen límites intrínsecos que suponen una frontera de licitud en su ejercicio. Se trata de límites que suponen el ejercicio responsable de las libertades.

La libertad de expresión, cuya protección y garantía es condición sine qua non en todo régimen democrático que se precie de ser considerado tal, no es la excepción. El mismo artículo sexto constitucional en donde se reconoce y protege el derecho a la libre expresión de las ideas establece en el “ataque a la moral”, “los derechos de tercero”, “el provocar algún delito” y en la “perturbación del orden público”, límites naturales, consustanciales a ese derecho. Se trata de fronteras de ejercicio que acompañan a la libertad de expresión en toda circunstancia.

En ese sentido, uno no puede ir por la vida acusando a otros de la comisión de algún delito, por ejemplo, sin presentar pruebas o sin interponer la denuncia correspondiente. Sandoval Íñiguez no puede pretender, aunque su moral y sus convicciones personales —y por ende privadas— se vean afectadas por la reciente decisión de la SCJN, acusar de corrupción a varios servidores públicos sin que a ello recaigan consecuencias jurídicas. Y no puede, simplemente, porque eso implica la afectación de derechos de terceros. Ni más ni menos.

Pero además, el ejercicio de las libertades, en general, y de la libertad de expresión, en particular, tiene otros tipos de limitaciones legítimas en su ejercicio. Se trata de límites extrínsecos que dependen del contexto en el cual dichas libertades son ejercidas. Ello ocurre, por ejemplo, en el ámbito político-electoral, en donde la libertad de expresión se ve sometida a una serie de restricciones adicionales a las que les son propias, y que resultan del respeto a las reglas y de los principios fundamentales del régimen democrático. La misma SCJN así lo ha reconocido en su jurisprudencia (tesis 2/2004), al sostener que el ejercicio de los derechos fundamentales debe correlacionarse con los postulados que regulan la vida democrática, de donde se desprende la licitud de ciertas restricciones adicionales a las intrínsecas al derecho, siempre y cuando no lleguen a desnaturalizarlo.
Eso justifica que la prohibición que el artículo 130 establece en el sentido de que los ministros de culto no pueden ser votados, ni asociarse políticamente, ni realizar proselitismo en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Esa restricción adicional, que se traduce en el caso específico de la libertad de expresión en la imposibilidad de hablar a favor o en contra de algún partido político, precisamente lo que irresponsablemente hizo Hugo Valdemar, se desprende de la posición de privilegio y la capacidad de influencia que el ministerio les proporciona a los sacerdotes sobre sus fieles.

Lo que la Constitución procura es evitar la injerencia de los pastores de almas, los poseedores de la verdad religiosa frente a sus fieles, en materia política. Si eso no les gusta, la solución es muy sencilla: abandonen el hábito y ejerzan a plenitud sus derechos políticos.
Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia.

martes, 24 de agosto de 2010

La alternancia: Diez años después 1. Ni mejores, ni peores

MARIA AMPARO CASAR REVISTA NEXOS AGOSTO 2010


Resulta una mala lectura —y habla de la cultura presidencialista que nos persigue— decir que el 2 de julio de hace 10 años se dio fin a 70 años de “autoritarismo” priista o que México por fin transitó a la democracia. La apertura democrática comenzó mucho antes y poco a poco fue avanzando. El autoritarismo priista también llegó a su fin mucho antes. De otra manera no hubiese habido alternancia dentro de la institucionalidad vigente.

Transición y alternancia son fenómenos distintos. La transición es un proceso que transforma a un régimen en una o varias de sus dimensiones estructurales. Por ejemplo en su forma de gobierno o en su sistema electoral y de partidos. En contraste la alternancia es, simple y llanamente, el cambio de partido en el poder.

Los resultados de la transición y los de la alternancia deben tratarse por separado. La transición tuvo como consecuencia tres logros perfectamente identificables y que guardan una relación causal entre sí: el establecimiento de un marco institucional que permitió elecciones equitativas, el tránsito de un sistema de partido hegemónico a uno plural y la vigencia del sistema de división de poderes y pesos y contrapesos que caracterizan al sistema presidencial.

Los límites al poder presidencial comenzaron cuando el titular del Ejecutivo fue despojado de sus facultades para controlar la arena electoral y decidir quién ocuparía los cargos de elección popular, cuando para aprobar una ley dejó de ser suficiente que él girara instrucciones a sus legisladores, cuando se le acabó la fiesta de remover a los gobernadores incómodos, cuando se materializó la idea de que una acción de gobierno podía ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, cuando el Banco de México dejó de recibir órdenes desde Los Pinos, cuando tuvo que pensar dos veces una acción de gobierno ante el temor de recibir una recomendación de la CNDH.
Todo esto pasó antes de la alternancia. Fox y Calderón estuvieron un poco más acotados que Zedillo como consecuencia de la distribución del poder político pero no mucho más.

La pregunta es entonces qué ha ocurrido no en los 30 años que llevamos en ese proceso que llamamos transición a la democracia sino en los 10 años de alternancia y la respuesta es algo decepcionante. Poco ha sucedido en términos de cambios en la estructura de poder, menos aún en las prácticas políticas.

En realidad los gobiernos de la alternancia no han sido ni mucho mejores ni tampoco mucho peores que los anteriores. Han sido, eso sí, decepcionantes porque las expectativas generadas por la alternancia fueron desproporcionadas. Después de 70 años de un mismo partido en el poder se nos metió en la cabeza que el mero cambio de partido en la presidencia llevaría a la transformación radical del país en todos los órdenes. La decepción con la alternancia ha sido de la misma magnitud de las expectativas que ella generó. Se creyó que los males asociados al régimen priista —corrupción, impunidad, privilegios, uso patrimonial de los cargos públicos, corporativismo y clientelismo— desaparecerían. Lo que sucedió es que se amplió el padrón de beneficiarios de esos males; que los bienes que esos males acarreaban dejaron de concentrarse en un solo partido y se repartieron entre tres.

Lo mismo ha ocurrido con las alternancias en los estados. Desde 1989 se registra alternancia en el poder en 19 de las 32 entidades federativas. Lo que no se registran son cambios importantes ni en la políticas públicas impulsadas que pudieran traducirse en el mejoramiento de los índices de pobreza, de marginación, de cobertura y calidad de los servicios públicos, ni tampoco en los índices de buen gobierno: eficiencia gubernamental, capacidades institucionales, transparencia y legalidad.

La democracia mexicana ha avanzado poco desde el año 2000. Son más las instituciones y prácticas que lograron permanecer inalteradas que las que lograron romperse. Hay desde luego avances. Ahí está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del sexenio pasado o las Acciones Colectivas de éste. Pero no mucho más. Reformas como la de Seguridad y Justicia aún esperan su traducción en leyes e instituciones que las vuelvan operables. Entonces se podrán evaluar.

En realidad, hay signos preocupantes. Si de indicadores políticos se trata, los resultados de 2000 a la fecha no son de presumir. La satisfacción con la democracia ha descendido de 41% a 28% y el apoyo a este sistema de gobierno ha bajado de 54% a 42%; 65% piensa que las elecciones no son limpias; el 68% expresa que las leyes benefician a unos pocos, las instituciones peor valoradas son los partidos y los legisladores, al 72% de la población la policía le inspira poca o ninguna confianza; ni la percepción ni los índices de corrupción han disminuido y la percepción mayoritaria de los ciudadanos es que el poder se ejerce para unos cuantos y en beneficio de los intereses de aquellos que detentan algún cargo público.

Si pasamos a las prácticas políticas tampoco se aprecian grandes transformaciones. Los partidos y gobernantes —independientemente de su filiación política— se aplican en capturar los órganos autónomos o en repartirse su integración vía cuotas, en dejar impunes las violaciones a las leyes establecidas, en mantener privilegios monopólicos, fiscales, sindicales, burocráticos y comerciales, en utilizar políticamente los programas sociales, en el tráfico de influencias, en el ocultamiento de la cuenta pública.
Tres grandes pendientes o tres estructuras ha dejado intocadas la transición y poco empeño han puesto en ellos los gobiernos de la alternancia: la estructura federal que revela la persistencia de sistemas políticos estatales operando más acorde con el viejo presidencialismo que con la división de poderes y de pesos y contrapesos del orden federal; la estructura de justicia con su secuela de privilegios y excepciones y de corrupción e impunidad generalizada; y la estructura de poder real con su correlato de poderes que sin representación alguna definen por la vía de los hechos las políticas públicas.

Sin embargo, y en descargo de la alternancia, puede decirse que lo cierto es que en un sistema que ha garantizado condiciones equitativas en el acceso al poder y que hoy registra una amplia pluralidad en el reparto de los cargos de representación popular, la responsabilidad por los buenos o malos resultados en materia política no es responsabilidad exclusiva del partido en el gobierno aunque sea éste el que pague los costos mayores. El problema seguirá vigente con o sin el PAN en el poder mientras que las fuerzas políticas no internalicen que la ecuación de la democracia tiene dos lados. Mientras no comprendan que la democracia conlleva y exige no sólo la representación plural sino la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad, no sólo la autonomía de los estados sino su responsabilidad, no sólo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno sino su colaboración, no sólo el establecimiento de nuevas reglas de la competencia sino la disposición a respetarlas, no sólo la creación de órganos autónomos sino el compromiso de no capturarlos y acogerse a sus decisiones; no sólo el cambio de normas sino su aplicación sin excepciones, no sólo la ampliación de derechos sino la creación de condiciones para su ejercicio. Pusimos en práctica las primeras pero no las segundas.

María Amparo Casar. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.

ALBERTO AZIZ NASSIF CRISIS DE SEGURIDAD Y POLARIZACION

EL UNIVERSAL 24 de agosto de 2010


Hoy, cuando el miedo y el desasosiego rondan por todos los rincones del país, comprobamos cotidianamente que México ha perdido un bien fundamental, la seguridad. Al mismo tiempo, vemos a un gobierno que obsesivamente repite que seguirá con más de lo mismo hasta el final del sexenio, y escuchamos a una oposición que, de forma repetida, señala los errores del gobierno, pero en ninguna de las dos partes existe la voluntad de sentarse en una mesa a ver por el país, más allá de la demagogia acostumbrada y los cálculos electorales, que se han vuelto el principio y el fin de la política en el país.

¿Por qué se ha estructurado así la política de este país? Hay en la historia nacional, múltiples registros de una polarización entre las fuerzas gubernamentales y la oposición, que han generado rupturas sistemáticas a través de los diferentes tipos de régimen político. Ante los conflictos, la mayor parte de las veces no se llega a soluciones por consenso, no se logran acuerdos y pactos, sino que predominan los enfrentamientos, la polarización, la radicalización y la exacerbación de las posiciones.

Una breve mirada histórica nos muestra que incluso en los momentos en que se promulgaba la Constitución de 1917, la violencia y la polarización eran el clima dominante. La centralización del poder presidencial y un pacto social más incluyente durante el cardenismo, dejaron fuera o restringieron los derechos políticos y sociales. A partir de los años cuarenta se agudizaron los mecanismos de control social para apuntalar un modelo de desarrollo y se aprovecharon las estructuras corporativas existentes, que operaron como mecanismos de contención social. Con sangre se impuso la regla de que el líder o la organización que quisiera autonomía, democracia o un simple cambio de interlocución con el gobierno era condenado, combatido, reprimido, porque el gobierno no permitía la disidencia, y para cualquier disidencia era inimaginable sentarse a una mesa de negociación, porque eso representaba claudicar.

Con el paso de los años, el modelo entró en crisis y se empezaron a dar espacios que liberalizaron poco a poco la presencia de las oposiciones, tanto de la derecha, como de la izquierda, cobraron fuerza y apoyo ciudadano. Pero quedan en la memoria las represiones campesinas, obreras, estudiantiles, indígenas y, más tarde, las expresiones guerrilleras; todas pueden ser vistas desde el eje de la polarización. Así llegamos al momento de abrir el sistema o llegar a la fractura social, y en 1977 una reforma electoral inicia lo que hoy conocemos como un régimen político con democracia electoral. Al paso de los años, no dejó de haber fracturas, asesinatos políticos, ajustes, fraudes, avances y retrocesos; en las últimas décadas hubo momentos en donde las disidencias y las oposiciones se sentaron en la mesa de negociación con el gobierno para impulsar reformas y propiciar una transición democrática, que hoy muchos consideran fallida.

Uno de los momentos de ese recorrido fue el pacto para la reforma electoral de 1996, que posibilitó las alternancias, oxigenó el escenario y creó el efecto de un acceso democrático al poder; las expectativas iniciales así lo confirmaron en 1997, 2000 y 2003. Pero llegamos al 2006 y regresó la polarización entre disidencia y gobierno, además de que los impulsos democratizadores del régimen no pasaron la siguiente fase, la de un pacto para transformar las instituciones y acordar las reformas, tanto las del método democrático como las sustantivas de un proyecto nacional.

Estamos con una democracia vulnerada y no se puede avanzar hacia un pacto que recupere el bienestar, la seguridad, que combata en serio la corrupción, y establezca un sistema de legalidad satisfactorio para disminuir la terrible impunidad en la que estamos atrapados. Hoy la polarización se ha instalado en torno a una fallida estrategia en contra del narco y del crimen organizado que ha dinamitado la seguridad y amenaza con derrumbar al Estado. Además de la penetración del crimen, hay una captura del Estado por intereses mediáticos, empresariales, sindicales y partidistas. ¿Cómo reconstruir al Estado y detener la destrucción de una violencia que arrasa la vida de múltiples ciudades y que tiene a los ciudadanos ante una completa indefensión, con una autoridad rebasada y capturada? Mientras tanto, la clase política juguetea y se da el lujo de mirarse al ombligo, porque no le conviene entender la gravedad en la que estamos. ¿Cómo vamos a llegar así al 2012, que será otro momento de polarización?, ¿Es viable una sucesión presidencial en medio de tanta violencia y con una inseguridad creciente?

Investigador del CIESAS

martes, 15 de junio de 2010

Oaxaca: volver al pasado

María Amparo Casar


México, D.F. 15 de junio de 2010 (Reforma).- México es un país de diversidades y contrastes. Coexisten empresas de clase mundial con empresas terriblemente improductivas; complejos agroindustriales con productores de autoconsumo; polos de desarrollo acelerado y zonas muy deprimidas; los hombres más ricos del mundo y los más miserables.

Oaxaca es uno de los estados más atrasados y concentra una de las poblaciones más pobres. Ocupa el sitio 31 en el índice de desarrollo humano y en PIB per cápita; es el tercer estado con más pobreza (el 38% de su población vive en pobreza alimentaria); tiene el segundo peor promedio de escolaridad, ocupa el último lugar en el resultado PISA y el último en porcentaje de su fuerza laboral con educación superior; es la entidad federativa que menos recauda con respecto a sus ingresos totales y el último en los índices de competitividad de IMCO y a-regional.

Lo mismo ocurre en la política. No tenemos índices de democracia estatal tan conocidos y precisos como los económicos pero a la luz de lo que se ha visto durante los últimos dos gobiernos estatales, Oaxaca parece refractario a todo avance democrático. Es una de esas islas intocadas por la democracia a pesar de que ya hace seis años la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura.
Prácticamente todos los conceptos que hace 20 años usábamos para caracterizar al sistema político mexicano siguen vigentes si nuestro universo de estudio es Oaxaca: sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de estado.

Hace años se acuñó el concepto de elección de estado para calificar las elecciones en México, las federales y las estatales. El concepto cayó en desuso en el nivel federal porque los instrumentos que la hacían posible desaparecieron y en su lugar surgieron instituciones que la hacían impracticable: autoridades electorales independientes y autónomas, medios de comunicación plurales, control sobre los gastos de campaña, una distribución del poder político que ejercía contrapesos al partido en el poder, vigilancia y fiscalización sobre el gasto gubernamental, restricción a la actuación político-electoral de los funcionarios.

Todos estos candados creados por la democracia mexicana no operan en el caso de Oaxaca. Los excesos del gobernador no tienen límite. El trípode estado-partido-gobierno que definió al sistema político mexicano sigue en pie en el estado de Oaxaca. La maquinaria del gobierno del estado puesta al servicio del proceso electoral con dos objetivos principales: ganar las elecciones y comprar impunidad.

Vaya como botón de muestra el llamado programa de Unidades Móviles para el Desarrollo concebido como programa de gobierno y utilizado como brazo operativo de la estrategia electoral del gobernador. Un programa financiado con recursos estatales que proporciona lo mismo despensas que servicios de registro civil, atención médica que asesoría en asuntos agrarios. Un programa que desde que comenzaron las campañas se ocupa de tareas de difusión, propaganda y promoción del candidato oficial.

Pero la inequidad electoral no se reduce a la utilización ilegal de recursos públicos. Para apuntalarla está la captura de las instituciones electorales y de los tribunales, el control sobre el órgano de transparencia y sobre la auditoría estatal, el carro completo que dejaron las elecciones del 2007, el control del sistema estatal de radio y televisión. También la compra del voto, la extorsión a los candidatos de oposición, la contratación a modo de la empresa encargada de imprimir boletas, la intentona de imponer a funcionarios de casilla sin previa insaculación, el decomiso de periódicos adversos al candidato oficial, la prohibición de observadores internacionales o la exigencia a las casas encuestadoras para que entreguen sus estados financieros.

Con todo y para fortuna de la democracia, Oaxaca sigue siendo un territorio en disputa. La mayor parte de las encuestas sitúan a Gabino Cué empatado o con una ligera ventaja sobre el candidato del gobierno. Ahora que, de ganar, tendrá el reto de hacer gobernable un estado que no lo es; la responsabilidad de demostrar que valió la pena que el electorado oaxaqueño se sobrepusiera al miedo a votar por la alternancia, a superar el abstencionismo del 60%. Tendrá encima el compromiso adquirido de desterrar durante su gobierno las prácticas que han hecho del autoritarismo oaxaqueño una de las vergüenzas nacionales. Lo digo porque, a decir verdad, los partidos de oposición no han destacado por ejercer el poder de manera sustancialmente distinta a sus colegas del PRI.













miércoles, 19 de mayo de 2010

Pueblo, clientela y ciudadanía. Leo Zuckermann

Pueblo, clientela y ciudadanía
Leo Zuckermann


Pueblo
El concepto de “pueblo” es muy socorrido en la retórica política. Hace poco el presidente Felipe Calderón dijo: “nuestro único patrón, el único a quien servimos es el pueblo de México”. El ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, siempre insiste que él está “del lado del pueblo, no de las mafias”. Y en otra declaración reciente el senador priista Manlio Fabio Beltrones afirmó que el incremento a los precios de las gasolinas era “a costa de empobrecer más al pueblo”.

Cada vez que escucho este tipo de discursos me pregunto: ¿De quién están hablando los políticos? ¿Quién es el pueblo? ¿Es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, parte del pueblo mexicano? ¿Sólo los pobres son pueblo? Y los que tenemos más dinero, ¿no somos pueblo? ¿Dónde comienza y dónde termina el pueblo?

El Diccionario de la Real Academia Española da cinco acepciones del vocablo “pueblo”: 1. Ciudad o villa. 2. Población de menor categoría. 3. Conjunto de personas de un lugar, región o país. 4. Gente común y humilde de una población. 5. País con gobierno independiente. Entonces, cuando los políticos hablan del “pueblo”, ¿a cuál de todas las definiciones se refieren?

clientela

Supongo que, en la mayoría de los casos, la utilizan en su cuarta acepción, es decir, la gente más pobre del país. En inglés una de las definiciones de la palabra “people” es similar a la del idioma español: “gente común” o “plebeya”. Se trata de un significado que viene del sistema aristocrático-feudal donde cualquier persona que no fuera noble, militar o eclesiástica, y que por tanto no gozaba ni de fuero ni de privilegios, pertenecía a la clase social más baja que era la plebe.

Desde luego que discursivamente suena mejor “pueblo” que “plebe”. (No me imagino, por ejemplo, al presidente Calderón diciendo que su único patrón es la plebe.) Por tanto, me parece que los políticos seguirán usando el concepto de “pueblo”, así de general, pero refiriéndose al segmento de menos recursos económicos de la sociedad.1

Salvo, quizá, López Obrador quien se autodefine como un político a favor de los “pobres” en contra de los “ricos”, lo cual entraña un problema interesante. Hace algunos años participé en un estudio para medir la efectividad de ciertos conceptos en discursos políticos. En grupos de enfoque probamos, por ejemplo, qué pensaba la gente con un político que se ponía del lado de los “pobres”. Para nuestra sorpresa, a la gente de menos recursos económicos le disgustaba autoidentificarse como “pobre” o de “clase baja”. Su razonamiento era interesante: como conocían a alguien más pobre que ellos, en comparación se consideraban de “clase media”.

Desde luego que había mucho de aspiracional en esta percepción. A los pobres, aunque objetivamente lo sean, no les gusta sentirse así y prefieren autoidentificarse como de una clase social más alta. Es por ello, creo, que el discurso político a favor de los pobres tiene un límite, lo cual se vio reflejado en los resultados de la elección presidencial de 2006. En un país donde alrededor de la mitad de la población vive en pobreza o en miseria, uno hubiera esperado un mejor resultado del candidato que abiertamente defendía a los pobres. Sin embargo, López Obrador sólo obtuvo un 35% de los votos.
Pero, más allá de la efectividad discursiva del “pueblo” como sinónimo de la clase más pobre del país, hay una pregunta de fondo, muy relevante, para todo país democrático: ¿Qué somos las personas que conformamos este cuerpo político llamado México? ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Cómo pueblo o como ciudadanía?

Yo no tengo dudas: como ciudadanía.

Ciudadanía
En el idioma español “pueblo” no es sinónimo de “ciudadanía”. Sí lo es en inglés, donde una de las definiciones del vocablo “people” es “citizenry”, es decir, “el conjunto de ciudadanos de un Estado o país”. No es gratuito que este idioma sí haya desarrollado esta definición. Y es que, como brillantemente demuestra el ensayo de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, publicado en 1950, fue en Inglaterra donde históricamente se desarrolló con más claridad el concepto de ciudadanía.
Marshall argumenta que la ciudadanía tiene tres elementos inherentes: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Y así, en ese orden, se desarrollaron históricamente en Inglaterra.

Primero vino el elemento civil, es decir, los derechos que emanciparon a los individuos de una sociedad feudal. En el pasado no todos tenían los mismos derechos. Una persona gozaba de ciertos derechos y obligaciones por pertenecer a un estamento social. Sin embargo, con el advenimiento de las villas feudales, del sistema capitalista y de la burguesía como grupo social, surgió la idea de que todo individuo —miembro de la ciudad o ciudadano— tenía que tener los mismos derechos civiles: la no esclavitud, las libertades de expresión, pensamiento y religión, así como los derechos a poseer propiedad, firmar contratos legales y reclamar justicia.2

Estos derechos civiles, según Marshall, fueron “indispensables para generar una economía de mercado”. Desde el siglo XVII dichos derechos ayudaron a la formación del capitalismo en Inglaterra. Pero ya en el siglo XIX era claro que estos derechos civiles convivían con una gran inequidad social. “La mayoría de la clase trabajadora no tenía poder político efectivo”. No podían votar. Surgieron los sindicatos que lucharon por el principio de “un hombre un voto”, así como la contratación colectiva. Este movimiento histórico logró un segundo grupo de derechos ciudadanos: los políticos, es decir, que cualquier individuo, independientemente de su condición social, pudiera votar o ser votado para decidir las autoridades de la sociedad.

Marshall argumenta que los derechos civiles y políticos tienen un límite cuando las clases bajas no gozan de educación y de seguridad social. ¿De qué le sirve a un pobre sin educación el que haya libertad de expresión o que pueda votar? De ahí que el siguiente movimiento histórico en Inglaterra fue en el sentido de redistribuir el ingreso a fin de establecer derechos al bienestar económico y la seguridad social. Vinieron, entonces, los derechos sociales, con sistemas públicos de educación y salud, que fueron posibles gracias al desarrollo de un Estado con capacidad de cobrar impuestos.

De esta forma, según Marshall, progresó el concepto de ciudadanía por medio de una secuencia histórica que importa mucho. La historia determinó el concepto, no lo contrario. Al final se desarrollaron tres tipos de derechos vinculados con el término ciudadanía: civiles, políticos y sociales. No es gratuito, entonces, que hasta el Diccionario de la Real Academia Española defina a un ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”.

Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y obligaciones en una democracia liberal moderna. Eso es lo que somos —o deberíamos de ser— cada uno de los individuos en el cuerpo político nacional. Sin embargo, por desgracia, México tiene un rezago en la formación de una ciudadanía con derechos civiles, políticos y sociales. Y eso está relacionado con el particular desarrollo histórico donde, por tantos años, se privilegió más el concepto de “clientela” que el de “ciudadanía”.

Clientela
En los gobiernos autoritarios priistas, los derechos siempre se negociaron. No eran generales sino administrados por parte del Estado a través de distintos grupos sociales. Las corporaciones eran las clientelas del Estado. Un individuo gozaba de ciertos derechos por pertenecer o no a estas agrupaciones. A los campesinos el Estado les daba tierras y subsidios económicos a cambio de que no protestaran y votaran por el partido oficial. A los sindicatos les otorgaba prerrogativas laborales y completa impunidad en el manejo de asuntos internos a cambio de lo mismo. A los empresarios les cobraba pocos impuestos a cambio de que éstos no se involucraran en la política.

En el régimen priista el individuo no era ciudadano con derechos civiles, políticos y sociales, era cliente en un sistema donde los derechos se negociaban.

El sistema funcionó, y bien, durante muchos lustros. Hasta que vino la crisis fiscal del Estado. No había manera de seguir financiando a tantos grupos con una recaudación tan baja. El costo del clientelismo mexicano se volvió insostenible.

Vino, entonces, la democratización del régimen político. No voy a repetir lo que ocurrió. Lo importante es que la democracia mexicana comenzó con un déficit de ciudadanía porque históricamente nunca se desarrolló este concepto entre la sociedad: la de individuos con los mismos derechos y obligaciones que conviven en un cuerpo político común.

Uno hubiera esperado, por supuesto, que con la democratización del país hubiera comenzado un vigoroso fortalecimiento ciudadano. Y aunque algo ha sucedido, el proceso ha sido muy lento.

Parte de la culpa, me parece, la han tenido los gobiernos panistas. Para empezar, Vicente Fox, por su origen gerencial y empresarial, pretendió que su gobierno funcionara como una empresa. La administración foxista trataría a la gente como clientes que necesitaban bienes y servicios públicos, como si el Estado fuera Vitro, Alfa, Bimbo o un changarro de la esquina. Esta visión la importaron de Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton había hecho un esfuerzo en este sentido, el cual llamó “reinventar al gobierno”, igual que el título del famoso libro que comenzó esta tendencia. Sin embargo, una cosa es tratar de gestionar a los ciudadanos como clientes, como se pretendió en Estados Unidos, y otra muy diferente es pasar del clientelismo priista a una idea anodina de convertir a los individuos en meros clientes consumidores de bienes y servicios públicos.

Ni funcionó este pensamiento simplista ni se desmanteló el clientelismo priista. De hecho, durante el gobierno de Felipe Calderón ha sido más que evidente el acomodo de los panistas con los viejos grupos corporativos del antiguo régimen. Nada retrata mejor esto que la alianza política de Calderón con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa Elba Esther Gordillo.

En México se presume mucho de haber alcanzado el derecho político de votar. Pero una verdadera ciudadanía, como se explicó en la sección anterior, no sólo se trata de darles a los individuos una credencial para votar y respetarles su voto. Lo que se necesita es que, desde abajo, la gente se comporte como ciudadanos y se involucre en la solución de los problemas de su colectividad. Y, desde arriba, que se respeten los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía.

Sin ciudadanos no hay democracia posible. Por eso, más que pueblo o clientela, lo que México necesita es ciudadanía.


Leo Zuckermann.
Politólogo. Profesor afiliado del CIDE. Conductor de Es la hora de opinar en FOROtv.

1 El Diccionario de la Real Academia Española no incluye otra definición que la ciencia política sí incluye para “pueblo” y que tiene que ver con una visión romántica, de valores, de identidad nacional. Algunos políticos también utilizan esta acepción en sus discursos.
2 El concepto de “ciudadanía” es hijo de la Ilustración y aspira a ser universal para todos los individuos por los derechos que entraña. En cambio, “pueblo” es un concepto más antiguo, citado incluso en la Biblia, y que tiene connotaciones de todo tipo de valores étnicos, religiosos, culinarios o culturales de ciertos grupos sociales. De ahí que este término sea usado más por políticos nacionalistas que se basan en el ideal romántico de la nación para legitimarse.